Exposición de Motivos Ley de Financiamiento-2025

La Resolución deja enunciados en el Art. 4: Anexos de la parte 2. Aduaneros, y en el Art. 5: Anexos de la parte 3. Cambiaria.

Para efectos de su aplicación es importante tener en cuenta su art. 6 que establece un Régimen de Transición y su art. 8 que hace precisiones sobre vigencia y derogatorias.

“cuando en la producción de dichos bienes o prestación de los servicios, existan insumos y/o materia prima que estén gravados con la tarifa del diez y seis por ciento (16%)”

“En esa línea, esta Sección, al analizar la legalidad de la Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, que fijó la contribución especial para el año gravable 2020, precisó que «Bajo la misma ilación, para la Sala, los actos administrativos acusados no decayeron por la expedición de las sentencias C-464 y C-484 de 2020 respecto del período gravable 2020, habida cuenta de que la Corte Constitucional determinó expresamente la inexequibilidad a partir del año 2021, es decir que para el año 2020 la norma era plenamente aplicable».
 

Sobre la existencia de situaciones jurídicas consolidadas, y pese a que la sentencia C-484 de 2020 señaló que «los tributos causados en la anualidad 2020 corresponden a situaciones jurídicas consolidadas», es criterio de la Sala que, respecto de los actos administrativos expedidos con ocasión del artículo declarado inexequible, esta no ha operado, pues el debate en sede administrativa y judicial sobre la legalidad de estos está en curso.”

“En línea con lo anterior, la Sala precisó que, si el contribuyente incrementa su patrimonio en un valor superior al de las rentas y ganancias ocasionales declaradas, se presume la existencia de ingresos omitidos, salvo que justifique el incremento patrimonial. Con ello, la renta por comparación patrimonial permite gravar la renta originada en la variación del patrimonio líquido de un periodo a otro, para evitar la evasión del tributo por omisión de ingresos percibidos y no declarados.

Adicionalmente, al tratarse de una presunción legal en favor de la Administración, esta no está obligada a probar hechos distintos a la diferencia patrimonial, con lo cual la carga de la prueba se traslada a la contribuyente, quien debe acreditar las causas que justifican dicho incremento6 y demostrar que no obedece a rentas gravables omitidas.”

“El principio de legalidad en la esfera del derecho sancionador tiene como fundamento los artículos 6 y 29 de la CP, y propende porque el ejercicio del poder estatal se supedite a la ley vigente en el momento de ocurrencia de los hechos constitutivos de infracción. En ese orden, es competencia exclusiva del legislador describir los elementos básicos de la conducta infractora, la forma y cuantificación de la sanción, la autoridad competente para aplicarla y el procedimiento para su imposición, en virtud de los principios de reserva de ley y tipicidad. Ello implica que cuando el Estado ejerza su función sancionatoria, la conducta antijurídica y la competencia para imponer la sanción deben estar previamente señaladas en una ley.

“1. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada frente a la expresión

“A diferencia de los actos previamente listados, se considera que la transferencia de la propiedad de un inmueble en el marco de una fiducia mercantil constituye una enajenación para efectos del Impuesto, al no existir disposición de orden tributario que disponga lo contrario para efectos fiscales” contenida en el Concepto 100208192-224 (Oficio 2211 de 2023) del 24 de febrero de 2023, expedido por la DIAN.

2. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada en relación con el Concepto 100202208-1124 del 2 de agosto de 2023, proferido por la DIAN.”

“1. Anular el aparte «El deudor deberá contar con dicha certificación con anterioridad al vencimiento de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable objeto de deducción o capitalización» del inciso tercero del artículo 1.2.1.18.64 del Decreto 1625 de 2016 sustituido por el artículo 1 del Decreto 761 de 2020, conforme con lo señalado en la considerativa de esta providencia.”

“La lesividad es la lesión o daño que genera una conducta específica y que, cuando se hace referencia al principio de lesividad en materia sancionatoria se está hablando del mismo como un criterio que limita el poder punitivo del Estado, restringiéndolo tan solo a aquellas situaciones o hechos que efectivamente dañen o pongan en peligro los bienes jurídicos tutelados por el derecho.

La potestad sancionatoria tributaria, hace parte de esa expresión del poder punitivo estatal, que se manifiesta entonces a través de medidas coercitivas que pueden adoptar las autoridades administrativas con el fin de preservar el deber

constitucional de contribuir a las cargas (bien jurídico tutelado), a través del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En ese sentido, el principio de lesividad tributaria fue regulado en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 que precisaba de manera restrictiva que una conducta sería antijurídica cuando afectará el recaudo nacional. Esa norma fue modificada por la Ley 1819 de 2016, en los términos arriba citados, bajo los cuales habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias, pero esta norma (parágrafo 1º del artículo 640 del Estatuto Tributario) no debe interpretarse de manera aislada, sino que a esa disposición debe dársele sentido en conjunto con las demás normas que forman parte del régimen sancionatorio, siendo una de ellas el artículo 670 ibidem.

De esta manera, el hecho de que la administración esté facultada bajo este último artículo para iniciar el proceso administrativo sancionatorio aun cuando estén en discusión los actos de determinación oficial del tributo, ello no implica que se esté sancionando al contribuyente sin que exista lesión en su conducta.

Y es que, una vez se ha notificado la liquidación oficial que rechaza o modifica el saldo a favor se considera que lo solicitado por el contribuyente en la devolución y/o compensación con fundamento en su declaración privada, y que difiere de los montos señalados en los actos de liquidación, se hizo en incumplimiento de la obligación tributaria de contribuir, constituyéndose en ese momento la conducta que está tipificada en la norma como una infracción tributaria. En este procedimiento no hay una imposición de la sanción de manera automática y objetiva, sino que la norma faculta a la administración, a partir de ese momento, y dentro de los 3 años siguientes, para iniciar el proceso sancionatorio.

Ahora, si bien el proceso de determinación oficial y los actos sancionatorios son

actuaciones administrativas diferentes, como también lo ha destacado esta Sección, entre los mismos existe una interrelación la cual supone que, cuando la decisión definitiva del proceso de determinación afecte el monto del saldo a favor, esto se deberá ver reflejado en la sanción, pues se afecta el supuesto de hecho en que se fundó la DIAN para imponer la misma.”

“Lo anterior, pone de relieve que el motivo de la Administración para cuestionar el pago de la regalía consistió en que la «propiedad legal» del intangible no generaba el derecho a obtener un retorno económico por su explotación, porque su titular debe asumir riesgos, utilizar activos y, en general, llevar a cabo el mantenimiento y posicionamiento de la marca. De ahí que el desconocimiento de la deducción se fundó en la naturaleza del contrato suscrito entre Jafer Limited y la demandante, y en la falta de asunción de riesgos del propietario legal de la marca, y no en una motivación que permita vislumbrar una vulneración al régimen de precios de transferencia o al principio de plena competencia.

(…)

Para la Sala, si la DIAN pretendía cuestionar el cumplimiento del principio de plena competencia, debió atender las recomendaciones de las Directrices OCDE (2010), y la normativa que regula el régimen de precios de transferencia; no obstante, no realizó esfuerzo alguno para acreditar la inobservancia del principio en mención, respecto de la operación que dio lugar al pago de regalías por licenciamiento de marcas hecho por la actora a su vinculada Jafer Limited, ni para desestimar las pruebas aportadas.

En ese contexto, se echa de menos que la demandada adelantara un estudio de comparabilidad frente al incumplimiento del principio de plena competencia o un análisis que parta de operaciones comparables y de la descripción de los factores comparados, para desvirtuar lo consignado en la declaración de precios de transferencia, en la documentación comprobatoria y en las demás pruebas aportadas.”

“el procedimiento para corregir declaraciones que impliquen un incremento en el valor del anticipo del impuesto es el que señala el artículo 589 del Estatuto Tributario, salvo que como resultado de la corrección se derive un aumento en el valor correspondiente al impuesto, en cuyo caso se deberá dar aplicación al artículo 588 ibídem”.

Asimismo, precisó que la suspensión de términos por la emergencia sanitaria del COVID-19 aplica también para las correcciones de los artículos 588 y 589 del ET.

“no existe en la legislación colombiana una norma que obligue la utilización de un método de precios de transferencia específico o indicador específico. El contribuyente será responsable de determinar que la operación cumpla con el principio de plena competencia, aplicando los criterios de comparabilidad y seleccionando el método más apropiado en cada caso concreto”.

“Como se expuso previamente el esfuerzo o gastos administrativos no es un parámetro o índice, sino que hace parte del análisis funcional y para su demostración entre otros documentos serán requeridos los estados financieros del prestador del servicio en donde se refleja su funcionalidad. Ahora bien, no se debe perder de vista que el régimen de precios de transferencia no exime del cumplimiento previo de los requisitos de deducibilidad señalados en el Estatuto Tributario, entre ellos, las razones de necesidad, causalidad y proporcionalidad de la erogación con fundamento en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Superado lo anterior, el contribuyente aplica el régimen de precios transferencia sobre las operaciones objeto de análisis”.

“el incumplimiento de la obligación formal de reporte de la conciliación fiscal de que trata el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, se configura cuando este no es presentado dentro del término del plazo que tiene el contribuyente para presentar su respectiva declaración de impuesto sobre la renta”.

“el suministro de información errónea o incompleta del reporte de conciliación fiscal configura una infracción sancionable conforme a los literales b) y c) del numeral 1 del artículo 651 del Estatuto Tributario, respectivamente, al tratarse de información tributaria exigida por la DIAN para efectos de fiscalización”

“Cuando, mediante resolución independiente, se imponga la sanción establecida en el artículo 669 del E.T. al representante de una sociedad que sirvió de instrumento de evasión, debe tomarse en cuenta para la contabilización del término de prescripción del artículo 638 del E.T. la declaración de la sociedad que sirvió de instrumento de evasión, dado que de ella se deriva la irregularidad sancionable.”

“Deben practicarse la autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, todos aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta que han sido expresamente designados como autorretenedores directamente por la normatividad tributaria o por el Director General de la DIAN. En desarrollo de esta designación, los sujetos obligados a efectuarse la autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta deben aplicarse a sí mismos la tarifa correspondiente sobre sus ingresos gravados, según las tarifas especiales fijadas para su actividad económica por el Gobierno Nacional.”

“El Decreto 572 de 2025 modificó diversas tarifas de retención en la fuente y de autorretención a título del impuesto sobre la renta, aplicables a determinadas actividades económicas. Estas modificaciones consisten, principalmente, en incrementos tarifarios diferenciados según el sector económico, sin exceder el tope máximo legal del 4.5 % previsto en el parágrafo 1° del artículo 365 del ET. Las nuevas tarifas se aplican desde la entrada en vigor del decreto y deben ser tenidas en cuenta por los agentes de retención o los autorretenedores según la naturaleza de su actividad.”

“El Decreto 572 de 2025 redujo varias bases mínimas a partir de las cuales se practica la retención en la fuente, ampliando así el universo de pagos sujetos a retención. En particular, la base no gravada para servicios pasó de 4 UVT a 2 UVT, lo que implica que prácticamente cualquier pago por servicios que supere 2 UVT genera retención en la fuente.

De igual forma, se introdujeron umbrales nuevos en otros conceptos, como un monto de 70 UVT para la compra de bienes agrícolas sin procesamiento industrial (por debajo del cual el agente retenedor puede abstenerse de retener), y un mínimo de 70 UVT en las compras de café pergamino o cereza, aplicando retención del 0.5% solo sobre el excedente por encima de dicho valor.”

“El Decreto 572 de 2025 fue publicado en el Diario Oficial No. 53.132 de 29 de mayo de 2025, y está vigente desde el día siguiente a su publicación, a saber, desde el 30 de mayo de 2025. Su aplicación se da a partir del primer día calendario del mes siguiente a su publicación, es decir, desde el 01 de junio de 2025.

En consecuencia, los nuevos porcentajes de retención y autorretención establecidos en el Decreto 572 de 2025 aplican a partir del 01 de junio de 2025.”

“La sociedad nacional que distribuye dividendos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional a una sociedad extranjera acogida a un régimen holding con residencia fiscal en un país miembro de la CAN, no aplicará retención en la fuente en virtud de la cláusula de no discriminación prevista en el artículo 18 de la Decisión 578 de 2004, siempre que la sociedad receptora cumpla con los requisitos para acogerse al régimen holding en su país y tenga un tratamiento fiscal equivalente sobre los dividendos que recibe una CHC en Colombia, esto es, la exención de los dividendos de fuente extranjera.”.

“Para efectos del impuesto sobre la renta, el ingreso se realiza de acuerdo con el régimen contable del contribuyente, conforme los artículos 27 y 28 del E.T. En consecuencia, la causación del IVA y la realización del ingreso en renta no necesariamente coinciden, ya que cada uno obedece a reglas distintas.”

“Tanto el beneficio fiscal contemplado en el inciso primero, como aquel contemplado en el inciso tercero del artículo 36-1 del Estatuto Tributario son aplicables a las utilidades provenientes de la negociación de ETF, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en dichos incisos.”

“a. Las solicitudes de corrección de las declaraciones tributarias para imputar los valores retenidos a título del impuesto sobre la renta y complementario independientemente del nombre que se le dé, (i.e. otras retenciones, retención por salarios, por compras, etc.), se subsumen en la regla unificada que permite hacerlas en cualquier tiempo y sin lugar a sanción a cargo, conforme al artículo 43 de la Ley 962 de 2005. Para el efecto, el peticionario debe adjuntar las pruebas necesarias que permitan acreditar el derecho de la retención respectiva y la administración debe realizar las verificaciones pertinentes, en los términos indicados en el numeral 7 de este

concepto.

b. Las solicitudes de corrección de las declaraciones tributarias para imputar los valores retenidos a título del impuesto sobre las ventas -IVA, se subsumen en la regla unificada que habilita efectuarlas en cualquier tiempo y sin lugar a sanción a cargo, conforme al artículo 43 de la Ley 962 de 2005, debiendo el peticionario adjuntar las pruebas necesarias que permitan acreditar el derecho de la retención respectiva, cumpliendo lo previsto en el artículo 484-1 del Estatuto Tributario y la administración debe realizar las verificaciones pertinentes, en los términos indicados en el numeral 7 de este concepto.

c. Cuando producto de las correcciones indicadas en los literales anteriores, se modifique el saldo a favor, y esto es objeto de imputación en los periodos siguientes, el contribuyente podrá solicitar su corrección con fundamento en el mismo artículo 43 de la Ley 962 de 2005 y la sentencia de unificación 2022CE-SUJ-4-002 del 8 de septiembre de 2022 (Exp. 23854) del Consejo de Estado.”

trabajo decente y digno en Colombia.

de Operadores de Plataformas con relación a los vendedores en la economía colaborativa y bajo demanda, aprobados por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, es necesario actualizar la Resolución 000199 del 19 de diciembre de 2024 para precisar su contenido y garantizar su aplicación.

Además dispone:

“SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024”.

documentos adjuntos

• 066/2025
• VF17/2025 (Manual Operativo)
• Anexo 4 SHD (Minuta de convenio)
• Anexo Técnico (Líneas de inversión, proyectos y requisitos para acceder al programa – en materia energética.)

“Conclusión

5- Por lo razonado en precedencia se establece que, con la nulidad parcial del acto de determinación, se desvirtúa parcialmente el fundamento de la sanción impuesta, precisando que el monto a reintegrar corresponde a la diferencia entre el saldo a favor devuelto y determinado en sede judicial -después de sanciones- y que de la base para liquidar la sanción por devolución improcedente deben detraerse las sanciones por corrección e inexactitud.”

“7- Con base en las premisas jurídicas y los hechos expuestos, la Sala concluye que no le asiste razón a la actora al alegar la invalidez de la notificación por aviso de la liquidación oficial de revisión. Esto es porque el correo de notificación fue enviado a la dirección correcta y, al haber sido rehusado por la demandante, el demandado quedó facultado para emplear el mecanismo supletorio de notificación por aviso, conforme a lo dispuesto en el artículo 568 del ET. Si bien en el encabezado del acto se indicó erróneamente que la dirección de la actora correspondía a Barranquilla, la empresa transportista intentó la entrega en la dirección y ciudad correctas. Por tanto, dicho error formal en el acto carece de entidad suficiente para invalidar la notificación. Tampoco se acoge el argumento de la actora según el cual la referencia a otra ciudad propició que su departamento de correspondencia se negara a recibir la notificación pues, inicialmente, recibió el requerimiento ordinario de información que contenía el mismo error formal y, en cualquier caso, esa directriz empresarial no es oponible a la autoridad de impuestos, dado que fue la contribuyente quien informó una dirección en otra ciudad como su dirección para notificaciones.

(…).”

“Cabe anotar que, aunque la prueba supletiva de los pasivos es suficiente para demostrar su existencia, en este caso, se encuentra corroborada con la información exógena de la actora y el certificado del revisor fiscal de ésta. También es importante advertir que, si bien la DIAN adujo unos algunos indicios, la prueba supletiva aducida por la apelante, en los términos del artículo 771 del ET, permite corroborar la existencia de los pasivos solo en los montos reconocidos.”

“Así las cosas, ante el incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 18 del ET, no le es dado a la demandante exigir, con fundamento en esa misma disposición, el reconocimiento de erogaciones asociadas a los ingresos que nunca demostró, por cuanto no los contabilizó ni declaró, a pesar de que sobre esta recaía la carga demostrativa establecida en los artículos 167 del CGP y 771-2 del ET, en cuanto a la presentación de documentos idóneos, esto es, facturas y documentos equivalentes con el lleno de los requisitos establecidos en la legislación fiscal.”

“Por lo anterior, se considera que la modificación del valor de las retenciones en IVA no afecta la determinación del tributo y surte sus efectos como mecanismo de pago de la obligación tributaria, con lo cual se enmarca en los supuestos de corrección del artículo 43 de la Ley 962 de 2005.”

“De esta forma, si el administrado opta por la imputación del saldo a favor, le corresponde aplicarlo “por su valor total”, pues una vez escogido este mecanismo ya no puede hacer uso de la compensación o la devolución y aún si hubiese efectuado la imputación de una parte del saldo, debe entenderse que el administrado escogió hacer uso de la imputación del saldo.

Por ende, permitir que parte del total del saldo a favor resultante en una declaración se impute parcialmente al año siguiente y el resto se solicite en devolución constituiría utilizarlo dos veces, pues la normativa establece que se imputa al periodo siguiente todo el saldo favor liquidado, excluyendo con esto el uso de otra opción de recuperación de saldos.”

“Por ende, para la Sala, no es procedente que los actos acusados rechacen la segunda solicitud de devolución por haberse rechazado la primera solicitud de devolución, sino que debieron decidir sobre la misma atendiendo sus circunstancias particulares y verificando si los requisitos exigidos en la ley se cumplían o no, en tanto se trataba de un nuevo trámite sustentado en hechos distintos, y esa era la oportunidad legal establecida para resolver sobre dicha solicitud.

Y, como ello no ocurrió, esto es, como el rechazo se debió a una causal no prevista en la ley, procede la nulidad de los actos acusados pues rechazan la nueva solicitud de devolución presentada por la sociedad sin fundamento en una causa prevista en el artículo 857 del Estatuto Tributario. Por ende, la decisión tomada en los oficios demandados es infundada..”

“Conclusión

Por lo expuesto en precedencia, se confirma la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda, porque frente a las pruebas que halló la DIAN acerca de la falta de realidad de las operaciones entre la actora y el proveedor, soportadas formalmente en facturas, la actora no logró demostrar la existencia de las operaciones cuestionadas con documentos distintos a las facturas, a pesar de que tenía la carga de la prueba.”

“… la Sala no encuentra configurado el desconocimiento alegado por la actora, pues lo prescrito en el Convenio prohíbe expresamente el trato discriminatorio al aplicar imposiciones u obligaciones a las empresas de un Estado contratante, cuyo capital esté total o parcialmente controlado por uno o varios residentes del otro Estado contratante -como es el caso concreto respecto de la contribuyente y su casa matriz-, en casos comparables con los de otras empresas similares, cuyo capital este controlado por un tercer Estado, lo que nada tiene que ver con el asunto en estudio, pues no obra prueba en el expediente que permita determinar el aludido trato discriminatorio frente a otras sociedades en situaciones similares, ni tampoco se acreditó que el capital de la sociedad se encuentre total o parcialmente controlado por residentes de un tercer Estado. En todo caso, se advierte a la actora que en el Convenio de Doble Imposición suscrito entre Colombia y Canadá, la cláusula de no discriminación es limitada y no tiene el alcance que el actor pretende atribuirle.”

“Las entidades dedicadas al negocio de la construcción deben diferenciar los ingresos y gastos obtenidos del negocio de la construcción, de los materiales y suministros que serán consumidos en el proceso de prestación de servicios, los cuales cumplen las condiciones para ser reconocidos como inventarios.”

“Las entidades sin ánimo de lucro extranjeras con domicilio permanente en Colombia no están obligadas a nombrar Revisor Fiscal si no superan los topes establecidos por la ley y no lo tienen previsto en sus estatutos. A la fecha, no se observa norma específica que imponga esta obligación a ESALES [sic] extranjeras. En ausencia de una disposición normativa específica, les resultan aplicables las reglas generales establecidas para las entidades comerciales”.

“Dado que la revisora fiscal posee conocimiento previo y experiencia en otras unidades residenciales en las que trabaja junto al administrador del conjunto donde se presenta la controversia, y considerando que emitir un concepto sobre el nombramiento de consejeros que no son propietarios excede sus funciones de control y vigilancia, lo cual representa un potencial conflicto de interés, la revisora fiscal debe declararse impedida para emitir opinión al respecto. Esta actitud contribuye a preservar su independencia, objetividad y ética profesional, evitando cualquier situación que pueda comprometer la integridad de su labor fiscalizadora y asegurando que sus recomendaciones y conceptos se ajusten a los principios legales y éticos que rigen su función.”

“[…] se concluye que la norma que rige las retenciones mínimas en el Distrito Capital es el artículo 8º del Decreto 271 de 2002, cuyos valores fueron convertidos a UVTS conforme las normas previamente referenciadas, sin que ello implique que la norma nacional de retenciones aplique en el Distrito Capital.”

“Las personas jurídicas y sus asimiladas con ánimo de lucro, las cooperativas y los fondos de empleados obligados a reportar información tributaria a la DIAN por el año gravable 2024 y siguientes deberán informar el valor nominal de las acciones, aportes o derechos sociales poseídos en cualquier tipo de sociedad o entidad, conforme el inciso 2 del artículo 19 de la Resolución DIAN 162 de 2023.”

“Dependerá de si el contrato establece que dichos gastos (alojamiento, transporte y manutención) son asumidos por el contratante y no hacen parte de la contraprestación por servicios, no deben incluirse en la factura de honorarios, pues se trata de un reembolso de gastos del contratante.

Por el contrario, si el contrato no estipula tal distinción o señala que el contratista asume los gastos, entonces dichos rubros dependiendo de las condiciones contractuales, podrán: (i) incluirse en la factura de venta adicionándose al ingreso del contratista o (ii) entenderse como parte del ingreso del contratista dentro del concepto de honorarios pactados.”

“No procede practicar retención en la fuente sobre estos valores siempre que contractualmente se determine que estos gastos corresponden al contratante y son reconocidos como reembolsos, ajenos al ingreso del contratista. Lo anterior, ya que la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta sólo debe aplicarse sobre el ingreso gravado, es decir, sobre la remuneración efectivamente reconocida por la prestación del servicio.”

“Cuando el contrato establece de manera expresa que los gastos de desplazamiento serán reconocidos por la entidad contratante, estos valores no deben incluirse en la factura de honorarios, pues no forman parte del ingreso del contratista, sino que constituyen un reembolso de gastos.”

“Las adiciones efectuadas durante la vigencia del Decreto Legislativo 0175 de 2025 a contratos suscritos con anterioridad a su expedición constituyen un hecho generador del impuesto de timbre nacional, siempre que dicha modificación represente un mayor valor respecto del contrato original y que la sumatoria de ambos valores supere la cuantía mínima no sometida al gravamen, conforme a lo previsto en el artículo 519 del Estatuto Tributario (ET). En tales eventos, la base gravable sobre la cual se aplica la tarifa del 1% corresponde al valor de la adición.”

“El residente en el exterior podrá ser beneficiario de la exención de impuesto sobre las ventas descrita en el literal d del artículo 481 Estatuto Tributario, acreditando que ingresa al territorio nacional sin el ánimo de establecerse en Colombia, con la presentación de los documentos exigidos en el parágrafo 1 del artículo 1.3.1.11.1. del Decreto 1625 de 2016, los cuales deben conservarse por los responsables a través de medios físicos, electrónicos o cualquier otro medio técnico.”

Consejo de Estado, Sentencia de Unificación 2022CESUJ-4-002 del 08 de septiembre de 2022.

“La exención regulada en el numeral 5 del artículo 84 de la Ley 2381 de 2025 referente a los ingresos percibidos por concepto de pensión no resulta aplicable para efectos de determinar la base gravable del Régimen Simple de Tributación –SIMPLE, en tanto este régimen establece una base gravable de ingresos brutos anuales ordinarios y extraordinarios efectivamente percibidos, conforme los artículos 904 y 908 del Estatuto Tributario.”

“Cuando fracasa una notificación electrónica se debe acudir a las formas ordinarias de notificación a saber, personal o correo físico previstas en el artículo 565 ET., y solo emplear el aviso del artículo 568 ET., en caso de que la notificación por correo certificado también resulte imposible por devolución del envío. De manera que, no es procedente que la Administración escoja discrecionalmente entre las formas de notificación del art. 565 E.T. y la notificación por aviso del artículo 568 E.T.”

“Cuando resulta fallida la notificación electrónica de una resolución que decide un recurso, la Administración no puede optar por notificación por correo ni por aviso, sino que debe ceñirse a notificar personalmente al recurrente (mediante la citación correspondiente) y solo recurrir al edicto si la notificación personal no se logra. Este procedimiento especial, garantiza una mayor efectividad en el conocimiento del acto y prevalece sobre las demás formas de notificación por estricta disposición legal.”

“El artículo 566-1 del ET., regula que la notificación electrónica de los actos administrativos de la Administración Tributaria se entiende surtida cuando el contribuyente recibe el respectivo correo electrónico. Los cinco (5) días desde la recepción no afectan el momento de la notificación, sino que constituyen un plazo de gracia que debe transcurrir antes de iniciar el conteo del término para que el contribuyente responda o impugne el acto en sede administrativa.”

“[…] el CDI solo entrará en vigor cuando sea revisado por la Corte Constitucional y se realice la notificación de que trata el artículo 30 del CDI, por lo que actualmente las disposiciones allí contenidas, no son aplicables a las operaciones realizadas entre residentes fiscales en Colombia y Uruguay”.

“Los contratos de transacción celebrados con el objeto de disponer sobre derechos que se originaron por la ocurrencia de un siniestro y cumplan con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto Tributario y en la medida que su cuantía sea superior a seis mil (6.000) UVT estarán sometidos al impuesto de timbre. Por otra parte, estos contratos no se encuentran cobijados por la exención del numeral 28 del artículo 530 ibidem, toda vez que no son parte integrante del contrato de seguro contenido en la póliza o de sus renovaciones, ampliaciones, aplicaciones o anexos.”

“El IVA facturado por la adquisición de bienes corporales y/o servicios, a una entidad que no es contribuyente del impuesto sobre la renta ni obligada a presentar declaración de ingresos y patrimonio, pero que sí es responsable de IVA, no le otorga a esta el derecho a tomarlo como impuesto descontable en la determinación de su impuesto sobre las ventas, toda vez que los bienes y servicios adquiridos no son computables como costo o gasto en el impuesto sobre la renta y complementarios, de forma tal que no se da cumplimiento al requisito contemplado en el artículo 488 del Estatuto Tributario”.

“En el análisis de precios de transferencia en operaciones de servicios para efectos de determinar si las operaciones se encuentran cumpliendo el principio de plena competencia, no existe en la legislación colombiana una norma que obligue la utilización de un método de precios de transferencia específico o indicador específico. Por lo tanto, el contribuyente será el responsable en aplicación del régimen de precios de transferencia de determinar que la operación cumpla con el principio de plena competencia, aplicando los criterios de comparabilidad acordes con la operación y seleccionando el método más apropiado en cada caso concreto y el indicador que más se ajuste a la operación analizada.

Ahora bien, debe indicarse que si la operación de servicios se clasifica como servicios intragrupo o acuerdo de costos compartidos, se debe dar cumplimiento adicionalmente al parágrafo 2 del artículo 260-3 del E.T.

Adicionalmente, se precisa que previamente a la aplicación del régimen de precios de transferencia se debe verificar que la operación de servicios cumpla los presupuestos generales de deducibilidad, y cumplido esto, se procede a aplicar el régimen de precios de transferencia en donde el esfuerzo o gastos administrativos no es indicador de precios de transferencia, sino un efecto de la observancia del régimen.”

“Como se expuso previamente el esfuerzo o gastos administrativos no es un parámetro o índice, sino que hace parte del análisis funcional y para su demostración entre otros documentos serán requeridos los estados financieros del prestador del servicio en donde se refleja su funcionalidad. Ahora bien, no se debe perder de vista que el régimen de precios de transferencia no exime del cumplimiento previo de los requisitos de deducibilidad señalados en el Estatuto Tributario, entre ellos, las razones de necesidad, causalidad y proporcionalidad de la erogación con fundamento en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Superado lo anterior, el contribuyente aplica el régimen de precios transferencia sobre las operaciones objeto de análisis.”

“En el régimen de precios de transferencia no es adecuado basar exclusivamente el pago de compensaciones diferenciales en un solo parámetro. Sino que depende de considerar los criterios de comparabilidad con base en el método escogido. Así, la documentación requerida para soportar el cumplimiento del principio de plena competencia dependerá del método seleccionado para la valoración de la operación. Sin perjuicio de la documentación comprobatoria que deben allegar los obligados a deberes formales en el marco del régimen de precios de transferencia en Colombia.

Además, debe reiterarse como se expuso en el problema 1, que verifica que la operación de servicios cumpla con los presupuestos generales de deducibilidad no es un parámetro o indicador de precios de transferencia, sino una acción previa de la observancia del cumplimiento del régimen.

Téngase en cuenta que, si bien el cumplimiento del principio de plena competencia en precios de transferencia se soporta con la documentación comprobatoria exigida para obligados a presentarla, en general, la administración tributaria podrá requerir información complementaria como contratos, facturas, correspondencia comercial, registros contables y otros documentos que demuestren la prestación efectiva del servicio y la relación económica entre las partes, sin que exista una obligación específica de incluir al agente en la escritura del bien vendido.”

“El retiro del saldo de la cuenta de pensiones voluntarias o AFC que efectúe una persona natural inscrita en el RST [Simple], sin cumplir con los requisitos señalados en los artículos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario, está sujeto a retención en la fuente por parte de la sociedad administradora o entidad financiera, pues el incumplimiento de dichos requisitos implica la pérdida del beneficio fiscal que permite considerar dichos aportes como rentas exentas, lo cual da lugar a que los valores retirados se clasifiquen como renta gravable ordinaria sobre la cual procede la retención en la fuente.”

Sobre la posibilidad de aplicar dicha retención:

“la retención en la fuente practicada por la entidad financiera o sociedad administradora con ocasión del retiro anticipado de recursos de cuentas AFC o de pensiones voluntarias, se deriva de la reversión de un beneficio fiscal previamente aplicado, y el Formulario 260 no contempla una casilla para este tipo de retenciones.”

“Teniendo en cuenta que la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, respecto del artículo 115 del E.T. constituye precedente judicial, es necesario reconsiderar la interpretación de dicha disposición expresada en los Oficios Nos. 018148 de 2012, 003397 de 2014 y 020365 de 2017, así como en cualquier otro pronunciamiento que contradiga lo aquí expuesto.

En adelante, se actualiza la doctrina de la entidad emitida antes de la modificación efectuada al artículo 115 del Estatuto Tributario por la Ley 2010 de 2019 y se concluye que los impuestos distintos a los expresamente señalados en el citado artículo podrán ser deducibles, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 107 del E.T.”

“Debe incluirse el valor total de venta de un activo fijo poseído por menos de dos años ya que éste hace parte de la base gravable del RST, el cual se calcula sobre los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos por el contribuyente en el respectivo periodo gravable, excluyendo únicamente los ingresos constitutivos de ganancia ocasional y aquellos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, sin lugar a efectuar ninguna depuración que contemple costos o deducciones”.

“Se concluye que para practicar la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria se debe aplicar la metodología de pagos mensualizados, con independencia de la periodicidad pactada en el contrato y de la periodicidad con la que se realicen efectivamente los pagos o abonos en cuenta.”

El Decreto que estableció los tributos en el marco de la conmoción interior continúan vigentes por todo el año 2025

Al respecto, la Sección precisa que el recurso de apelación, exige plena unidad temática y consecuente con los cargos de nulidad de la demanda, los argumentos de defensa de la parte demandada, y la sentencia, pero también con los actos acusados, pues el control de legalidad objeto de la acción judicial recae sobre esta decisión administrativa. En tal sentido, no resulta procedente que la Sala emita un pronunciamiento sobre la causación del tributo por hechos posteriores como la devolución, baja y destrucción de productos, pues este aspecto es ajeno al acto objeto de control.

En dicha oportunidad la Sección expuso que el primer inciso de la norma analizada precisó que las personas que realizan el hecho gravado “a través” de consorcios, uniones temporales o patrimonios autónomos son sujetos pasivos de impuestos territoriales, “pero no estableció esa connotación a la figura asociativa propiamente dicha”. Lo anterior se explicó en que, como se precisó en otras ocasiones, el contrato de consorcio es un vehículo asociativo que carece de personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, destacó que desde el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 se hace referencia a quienes realicen actividades gravadas “directa o indirectamente”.

Con base en lo anterior, la Sala concluyó en ese caso que “contrario a lo determinado por el tribunal, los consorcios no son sujetos pasivos del ICA, sino sus miembros individualmente considerados. Y si bien el a quo fundamentó su decisión en un pronunciamiento de esta Sección, en ese caso lo discutido era la sujeción pasiva de las uniones temporales antes de la entrada en vigor del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010”.

Precisado lo anterior, la sentencia del 2 de mayo de 2024 indicó que lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 no corresponde a la sujeción pasiva del tributo, sino al cumplimiento de la obligación de declarar.

4- Por lo razonado en precedencia se establece que en el caso el material probatorio allegado demuestra que la «bonificación única» o «bono por firma» constituye un pago laboral no constitutivo de salario en consideración al pacto de desalarización convencional y contractual, que debe incluirse dentro del cálculo del límite previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Los auxilios de alojamiento y alimentación calificados en los actos acusados como no salariales, no deben tomarse para establecer el referido límite.

En consecuencia, se modificará la sentencia apelada para mantener la nulidad parcial de los actos demandados por las razones aquí expuestas y el restablecimiento del derecho en el sentido de ordenar a la UGPP corregir y efectuar los cálculos correspondientes considerando que la «bonificación única» o «bono por firma» es un pago desalarizado que debe incluirse para calcular el límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, en los términos señalados en la considerativa de segunda instancia. Y en lo demás se mantendrá el restablecimiento ordenado por la primera instancia.

Por lo razonado, se establece que para los períodos fiscalizados -enero a diciembre de 2015- el ordenamiento jurídico sí establecía la base gravable sobre la cual los trabajadores independientes debían cumplir con la obligación de aportar al SSSI; y la declaratoria de inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no conduce a la nulidad de los actos demandados, sin que se evidencie la aplicación retroactiva de dicha norma. Además, le correspondía al aportante desvirtuar la mensualización de ingresos realizada por la entidad en los actos de determinación, lo que en este caso no ocurrió.

En lo atinente a los costos presuntos, la Sección ha precisado que no se trata de un mecanismo alternativo al que pueda acudir el contribuyente a propósito de que se acepten los costos no demostrados por su inactividad probatoria. Así, la presunción del artículo 82 del ET aplica cuando es imposible la determinación directa de los elementos de la obligación tributaria, lo que no ocurre en este caso, puesto que -como se expresó en el precedente que se reitera– el desconocimiento de los costos obedeció a que la actora no aportó las facturas soporte de la totalidad de los costos declarados y aquellas allegadas quedaron desvirtuadas por las labores de fiscalización de la administración que permitieron establecer la simulación de las operaciones de compra, no demeritada por la demandante. Por consiguiente, la presunción de costos reclamada no tiene cabida en este asunto, ni se configuró la omisión referida por la apelante en punto a su aplicación.

4- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la presente sentencia que, cuando el contribuyente actúa a través de apoderado para la notificación personal debe enviarse la citación a la dirección que el apoderado tenga registrada en el RUT, con lo cual si fuera devuelta por haberse enviado a una dirección errada le corresponde a la autoridad tributaria corregir el envío de la citación, pues la notificación mediante edicto, como mecanismo supletivo, supone que esta cumpla con todos los requerimientos legales.

Por tanto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia al estar probada la indebida notificación de la resolución que decidió el recurso de reconsideración. Además, cuando se notificó por conducta, concluye que ya se había cumplido el plazo límite previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012.

Ahora, frente a la imposibilidad de concurrencia de las sanciones por inexactitud y por disminución de pérdidas bajo la consideración de que esta última no constituye una sanción independiente, esta Sección modificará la posición jurisprudencial vigente50, en el sentido de admitir que procede la aplicación de ambas normas en forma simultánea, por las razones que se explican a continuación.

El artículo 647-1 del Estatuto Tributario dispone (…)

Al analizar la exequibilidad de la anterior norma, en Sentencia C-910 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional explicó que la disposición no prevé una sanción independiente, sino una base para liquidar la sanción de inexactitud o de corrección, en caso de que exista rechazo o disminución de pérdidas fiscales. De allí que lo que pretende la norma es recoger la base inexacta que no estaba cubierta en la aplicación del artículo 647 del Estatuto Tributario, con el fin de “presionar” la diligencia y acuciosidad de los contribuyentes en la determinación de pérdidas fiscales, dada la práctica común de liquidar perdidas sin rigurosidad, para posteriormente imputarlas, en detrimento del fisco. Así lo explicó la Corte Constitucional en el pronunciamiento reseñado:

“Tal como se pone de presente en la intervención de la DIAN, ese sistema había permitido que algunos contribuyentes adoptasen la práctica de declarar pérdidas por mayor valor sobre el real, dado que en una eventual fiscalización por las autoridades tributarias, no habría lugar a sanción sino, simplemente, a una reducción de la pérdida declarada.»

La norma demandada modificó los supuestos para la aplicación, en estos casos, de las sanciones por corrección e inexactitud. El nuevo marco sancionatorio encuentra sustento en diversas consideraciones. Por un lado debe tenerse en cuenta que un objetivo central de este tipo de sanciones es preservar la veracidad y confiabilidad de las declaraciones tributarias. En consonancia con ello, independientemente que el legislador considere que la sanción debe vincularse al detrimento que la conducta del contribuyente produzca para el fisco, resulta que ella se produce, esto es, cuando se realiza la declaración, y no cuando se materializa el efecto lesivo desde el punto de vista del recaudo tributario. En ese contexto, no cabe señalar que se condena a la persona por algo que es eventual y que solo ocurriría en el futuro, porque la conducta sancionada es declarar un mayor valor como pérdida, lo cual, de por sí, constituye un crédito fiscal que habilita al contribuyente a compensar con futuras rentas las pérdidas declaradas” (negrilla y subraya fuera de texto original).

Nótese que el Alto Tribunal destacó: i) que el objetivo del tipo sancionatorio era preservar la confiabilidad de las declaraciones, la cual se venía siendo afectada por la declaración de pérdidas fiscales originadas en conductas inexactas o erradas, que no eran objeto de sanción para el contribuyente, ii) que la norma sancionatoria en cuestión había modificado los supuestos para la aplicación de las sanciones por corrección y de inexactitud. Así también, la Corte señaló, apoyada en la propia exposición de motivos de la norma en cuestión, que ante la sola disminución de pérdidas en un proceso de fiscalización se generaba la sanción, sin que fuera entonces necesario para imponerla que con motivo de la determinación oficial se produjera un saldo a pagar por impuesto o una disminución del saldo a favor del contribuyente. Indicó entonces que, cuando sólo se reducía la pérdida, la sanción se liquidada en ese caso sobre una base teórica, así:

“Ello resulta evidente no solo a partir del texto de la norma demandada, sino también si se tiene en cuenta que en la exposición de motivos del proyecto presentado por el gobierno, expresamente se señalaba, en relación con esta disposición que “(en) el caso de disminución de pérdidas por efecto del proceso de fiscalización, se recaudará sanción por inexactitud sobre el menor valor del impuesto que teóricamente generaría la pérdida rechazada.” (negrilla y subraya fuera de texto original).

En atención a lo expuesto y en consideración del particular objetivo de la norma, el artículo 647-1 del Estatuto Tributario pretende recoger la base inexacta no cubierta en la aplicación del artículo 647 ibidem, porque bajo este último artículo la sanción se calcula sobre los valores positivos determinados por la actuación oficial que generan el mayor impuesto, es decir, cuando el resultado de la depuración oficial genera renta líquida o una modificación de esta que implica un mayor valor del impuesto determinado, mientras que la base indicada en el primer artículo -rechazo o disminución de pérdidas- se calcula sobre un valor negativo, al provenir de una pérdida fiscal determinada de manera inexacta.

En efecto, es importante tener en cuenta que la descripción de la base para liquidar la inexactitud del artículo 647-1 del Estatuto Tributario comprende las disminuciones de las pérdidas fiscales hasta eliminarlas, esto es desde el valor negativo hasta antes de que se genere renta líquida, lo cual se diferencia completamente de la situación sancionable que surge tras la disminución o eliminación de la pérdida, si es que se genera en la declaración un resultado positivo. Es decir, si como consecuencia de la misma determinación oficial no sólo se elimina la pérdida, sino que además surge una renta líquida, supuesto que tiene la vocación de modificar el valor a pagar o el saldo a favor originalmente declarado por el contribuyente, esté última situación, siendo diferente de la primera, deberá ser sancionada en ese caso con la regla general del artículo 647, pues atiende a los supuestos normativos allí descritos.

Obsérvese entonces de lo anterior que no puede predicarse una violación al principio del non bis in ídem cuando se imponen en simultánea las denominadas sanciones por inexactitud y por rechazo o disminución de pérdidas, toda vez que la segunda no es una sanción autónoma, sino el importe sobre el cual se debe liquidar la inexactitud cuando en el caso específico se presenta una base negativa, en aplicación de una ficción, pues cubre desde el monto de la pérdida hasta antes de que se genere renta líquida (valor positivo), mientras que la de inexactitud cobija la sanción que se genera cuando hay un mayor valor a pagar o saldo a favor. En ese sentido, es viable que la Administración imponga la sanción de inexactitud por disminución de pérdidas fiscales y la sanción de inexactitud por conductas que deriven en un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor.

6- Por lo razonado en precedencia se establece que en este caso procede el costo por amortización del activo intangible consistente en el 10% de participación en el contrato E&P en el campo Bloque LL-23, siendo infundado su rechazo en la discriminación contable entre valor nominal y prima en colocación de acciones, que no desnaturaliza el valor del aporte social ni su neutralidad acorde con el artículo 319 del ET. No hay lugar a deducir los gastos por servicios de administración pagados a la casa matriz en el exterior, porque a la luz del artículo 124 del ET la deducibilidad de los gastos de administración está condicionada a que se haya practicado retención en la fuente.

“El Revisor Fiscal tiene la obligación de pronunciarse de forma expresa, en su dictamen anual, sobre el cumplimiento por parte de la administración de la entidad respecto a la obligación de no entorpecer la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores o acreedores, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013.”

“Bajo la NIIF para las PYMES, incorporada en el DUR 2420 de 2015 para las entidades clasificadas en el Grupo 2, la clasificación de una inversión en un bono en el exterior depende de sus características y de la intención de la entidad. Si el bono cumple con los criterios de la Sección 11, se mide al costo amortizado; de lo contrario, aplica la Sección 12 y se mide a valor razonable con cambios en resultados. También debe considerarse el efecto por diferencia en cambio según la Sección 30.”

“La firma del contador compromete directamente su responsabilidad profesional, incluso cuando actúe en representación de una firma de outsourcing. Emitir certificaciones sin haber obtenido evidencia suficiente y adecuada puede constituir una amenaza al cumplimiento de los principios éticos, según lo establecido en el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría Pública (Anexo 4 del DUR 2420 de 2015). Las obligaciones contractuales no eximen al profesional de su juicio técnico y ético.”

“Así las cosas, es de concluir que en el Distrito Capital la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles propios se encuentra gravada con el impuesto de industria y comercio como una actividad de servicio, independiente de la persona natural, jurídica o sociedad de hecho que la realice, con excepción de que dicha actividad se realice por parte de una Fundación Sin Ánimo de Lucro, en razón a que esta actividad no se adecúa a la descripción normativa como actividad comercial, en aplicación del artículo 20 numeral 2° del Código de Comercio, y en términos de lo previsto en el Concepto 1219 de 2013 emitido por la Subdirección Jurídico Tributaria y la Jurisprudencia del Consejo de Estado en este sentido señalada en el mismo concepto.”

“la enajenación de acciones de una sociedad colombiana realizada por un residente fiscal en México puede estar gravada en Colombia con un impuesto que no podrá exceder el 20% del monto de la ganancia, en aplicación del último inciso del apartado 4 del artículo 13 del respectivo CDI.”

“en atención a la obligatoriedad de los conceptos emitidos por la Subdirección de Normativa y Doctrina, los funcionarios de la entidad deben acatar el Concepto Nro. 008357 Interno 952 del 30 de octubre de 2024 que interpreta que el principio de favorabilidad es aplicable en el procedimiento de cobro coactivo, salvo que este sea suspendido o anulado posteriormente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

“el Impuesto Especial para el Catatumbo se causa: (i) en la primera venta; y (ii) en la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque al resto del mundo de hidrocarburos y carbón (e.g. cuando el adquirente lo exporta).”

“4. Es importante recordar que la suspensión del Registro Único Tributario -RUT, es una actuación prevista en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, mediante la cual la DIAN suspende temporalmente la inscripción de los obligados, por orden judicial o administrativa declarada por autoridad competente. Igualmente, la DIAN podrá suspender la inscripción en el RUT de sus administrados en los casos contemplados en el artículo 1.6.1.2.16. del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016.

5. Esta norma en su parágrafo 2 establece “La suspensión del RUT no exime al contribuyente o responsable del cumplimiento de sus deberes formales y sustanciales ante la DIAN”. Este parágrafo debe interpretarse considerando el tema de las notificaciones para concluir que, para estos efectos, se deberán observar las normas vigentes establecidas para tal fin, incluso las que remiten a información contenida en el RUT.”

“La DIAN tiene la facultad de interpretar los CDI’s suscritos y ratificados por Colombia en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto 1742 de 2020, norma que faculta a la Subdirección de Normativa y Doctrina para resolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación, entre otras, de las normas tributarias. Hacen parte del ordenamiento jurídico tributario los CDI’s suscritos y ratificados por Colombia, en consideración a que estos deben ser ratificados a través de una ley.

El contribuyente puede acceder al Mecanismo de Procedimiento Amistoso (MAP) previsto en los CDI’s, el cual permite a las autoridades competentes de los Estados contratantes, entrar en contacto directo para resolver diferencias o dudas sobre la interpretación y aplicación de un convenio, con el fin de que el contribuyente no sea gravado de manera incompatible con las disposiciones del CDI.”

“6. En el caso que el accionista sea un residente colombiano, en virtud del principio general al que alude el párrafo 18 del apartado 3 de los comentarios del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y Patrimonio 2017 de la OCDE, según el cual los convenios no limitan la potestad de los estados de gravar a sus residentes, no resultaría aplicable el CDI y en consecuencia, el aporte accionario que realiza la sociedad colombiana estaría gravado en Colombia de conformidad con la legislación interna.

7. En efecto, de conformidad con el artículo 319-2 del Estatuto Tributario4 los aportes en especie que hagan personas naturales, personas jurídicas o entidades nacionales a sociedades u otras entidades extranjeras constituyen enajenación para efectos fiscales, y estarán sometidos al impuesto sobre la renta y al régimen de precios de transferencia. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del artículo 90-3 del Estatuto Tributario en caso de que el aporte accionario corresponda a activos subyacentes ubicados en el territorio nacional.

9. […], si el aporte lo realiza un residente italiano con derecho a los beneficios del CDI, la ganancia podrá estar gravada en Colombia sin limitación, si se trata de acciones cuyo valor proviene en más de un 50% de bienes inmuebles, o limitada al 10% del monto de las ganancias, si se trata de una enajenación de acciones mencionadas en el subapartado b) del apartado 4 del Artículo 13 del CDI.”

“El pago del cálculo actuarial no constituye un aporte ordinario, sino la reparación de una omisión patronal. En consecuencia, no es deducible del impuesto sobre la renta conforme al artículo 55 del ET.”

“8. En este sentido, los sueldos, salarios y otras remuneraciones obtenidas por una persona residente en un Estado contratante [España] solo pueden ser gravados en este Estado [España], a menos que el trabajo se realice en el otro Estado contratante [Colombia].

11. De lo anterior es posible afirmar que, de conformidad con el CDI suscrito entre Colombia y España, las rentas laborales que obtenga un residente fiscal de un Estado contratante se gravan donde se ejerce el empleo, a pesar de que el empleador se encuentre en el otro Estado contratante y los resultados del trabajo se exploten en ese Estado.

12. Por su parte, si no se cumplen los presupuestos para establecer que las rentas laborales debían gravarse en Colombia, esto es, que el trabajo no está siendo ejecutado en este Estado, el trabajador podrá solicitar la devolución de las retenciones que le fueron practicadas indebidamente según lo señalado en el artículo 1.2.4.16. del Decreto 1625 de 2016:”

“10. En este sentido, la segunda declaración del impuesto saludable que fue presentada, se entenderá que es una corrección de la primera, sin embargo, si ésta no varía el valor a pagar o el saldo a favor, esta no prestará mérito ejecutivo, en la medida en que la obligación tributaria ya se encuentra satisfecha, con lo cual el responsable deberá solicitar a la Dirección Seccional de Impuestos de donde se encuentre ubicado, la eliminación del formulario presentado de manera errónea, argumentando que se trata de la misma obligación tributaria y periodo gravable.

11. No obstante, si la declaración del impuesto saludable presentada posteriormente aumenta o disminuye el valor del impuesto a pagar, deberá liquidar la respectiva sanción de corrección conforme al artículo 588 o 589 del Estatuto Tributario, según corresponda.”

“4. El valor de los pagos bimestrales efectuados por el mecanismo de recaudo del artículo 1.2.1.28.4.5. del DUR 1625 de 2016, se imputa en la declaración de renta anual por presencia económica significativa, y se resta del valor a pagar por dicho impuesto. En consecuencia, el declarante debe determinar los ingresos brutos del año a los que se refiere el parágrafo 2° del artículo 20-3 del Estatuto Tributario, sobre los cuales se aplicará la tarifa del 3% allí señalada.

12. El contribuyente por presencia económica significativa en Colombia que optó por pagar el impuesto mediante las retenciones en la fuente del inciso octavo del artículo 408 del Estatuto tributario, y esté obligado a declarar renta por ingresos diferentes a los señalados en el parágrafo 2° del artículo 20-3, no deberá incluir en dicha declaración los ingresos por presencia económica significativa.

19. La responsabilidad como declarante de renta por presencia económica significativa en Colombia se constituye por el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 20-3 del Estatuto Tributario, y no se condiciona al cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales a que haya lugar por la obtención de ingresos diferentes a los allí señalados.

25. Se entiende que una persona natural no residente o entidad no domiciliada en el país tiene presencia económica significativa en Colombia si reúne simultáneamente los requisitos señalados en los numerales 1.1. y 1.2. del artículo 20-3 del Estatuto Tributario. En el caso de los servicios digitales desde el exterior, además de dichos requisitos, deberá prestar cualquiera de los servicios enumerados en el numeral 2° del mismo artículo.

29. El procedimiento para acreditar la condición de sujeto no sometido a retención en la fuente por presencia económica significativa, se adelanta mediante la inscripción o actualización del Registro único Tributario (RUT), en la forma y condiciones señaladas en los artículos 1.6.1.2.10. y 1.6.1.2.11 del DUR 1625 de 2016.

35. En caso de existir saldos a favor de un contribuyente por presencia económica significativa en Colombia, se podrá dar aplicación a la compensación de saldos prevista en el artículo 815 del Estatuto Tributario, y/o a la devolución de saldos contemplada en el artículo 850 ibidem.”

“12. Así, la marcación de las declaraciones de IVA sin efecto legal por el contribuyente tenía como consecuencia que dichas declaraciones no fueran consideradas válidas para efectos de la obligación tributaria, permitiendo al contribuyente declarante presentar una nueva declaración con la periodicidad correcta siendo esta última declaración, la única válida.

13. En ese sentido, cuando la DIAN habilitó la casilla para que los contribuyentes pudieran marcar las declaraciones como SEL, les dio la posibilidad de que esas declaraciones dejaran de surtir efectos legales. En ese orden ideas, las declaraciones SEL son predicables como tal, tanto para los contribuyentes como para la administración.

14. La declaración marcada como SEL no tiene efecto legal alguno porque:

a. Si la declaración marcada como SEL es una corrección, la declaración inicial es la que surte efectos legales.

b. Si se presentó una declaración con posterioridad a la declaración marcada como SEL, la declaración posterior es la que surte efectos legales.

15. En ese sentido, no procede la “desmarcación como SEL” porque esa declaración ya no tiene efecto legal alguno y, en su lugar, de requerirse, el contribuyente tendría que realizar su corrección en los términos generales.

17.[sic] Para las declaraciones de IVA que se presentaron con errores en su periodicidad se deberá atender lo dispuesto en el concepto 007585 interno 712 del 22 de junio de 2023.

“4. De acuerdo con lo explicado en el Concepto DIAN No. 005638 de 2023, no es posible evitar la responsabilidad tributaria del consorciado cedente por los ingresos generados en el consorcio, incluso después de ceder sus derechos económicos.

5. La razón principal de la conclusión expuesta en dicho pronunciamiento es que la cesión de derechos económicos no equivale a una cesión del contrato o de la calidad de consorciado. El consorciado cedente sigue siendo parte del consorcio y, por ende, sigue sujeto a las obligaciones tributarias derivadas de su participación en este.”

En relación la retención en la fuente en el comercio electrónico multicanal y Marketplace, precisa la Dian:

“3. Cuando una venta de bienes se configura como ingreso de fuente nacional, la retención en la fuente por renta debe practicarse en el momento del pago o abono en cuenta, y no en la simple transferencia de fondos al extranjero. Para determinar si existe o no obligación de retener, deben analizarse variables como la fuente del ingreso, la existencia o no de Presencia Económica Significativa (PES) del proveedor extranjero en Colombia, la naturaleza del rol de la plataforma de e-commerce en la operación y si esta última actúa como adquirente, intermediaria o mandataria. La determinación del agente de retención dependerá de estos elementos y deberá ser evaluada en cada caso concreto conforme a la normativa aplicable.”

“si las inconsistencias a corregir enunciadas en su inquietud cumplen las previsiones antes dichas, podrá aplicarse el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, aspecto que como se concluye sería objeto de revisión por parte de la DIAN para ver su consistencia, coherencia de la realidad de los saldos, la primacía de lo real sobre la forma y su exactitud. Así que corresponde a cada contribuyente, agente retenedor, autorretenedor y responsable verificar su aplicabilidad, según corresponda.”

“3. Si es voluntad de concursado acceder a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 34 de la Ley 1116 de 2006, es necesario que previo a elevar la solicitud de compensación o devolución, presente la correspondiente declaración, si se tiene en cuenta que en ellas se revelan los hechos económicos ante el fisco, en los cuales se evidencia la existencia de un saldo a favor en su declaración, situación en la cual se encuentra fundamentada.”

“El artículo 34 de la Resolución DIAN 000085 de 2022 no exige aceptación expresa como condición para que la factura electrónica en operaciones a crédito o con un plazo para el pago tenga efectos fiscales. Lo que la norma exige es el envío de los mensajes electrónicos de confirmación del recibido de la factura y de los bienes y/o servicios, de conformidad con el inciso 10 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario (ET).”

“4. La base gravable del impuesto de timbre en contratos de ejecución sucesiva con duración definida, corresponde a la cuantía del documento, esto es, el valor total de los pagos que deban realizarse durante su vigencia. En el caso de los contratos de cuantía indeterminada, el impuesto se causará sobre cada uno de los pagos o abonos en cuenta que se efectúen en virtud del documento o contrato, mientras se encuentre vigente.

12. La base gravable del impuesto de timbre está compuesta por todas las obligaciones sobre las que se haga constar su constitución, existencia, modificación o extinción, en el respectivo documento sobre el cual se den los demás presupuestos del hecho generador, sin perjuicio de las reglas especiales para la determinación de su cuantía.

18. En los contratos de ejecución sucesiva, con cuantía determinada y duración definida, cuyos documentos fueron otorgados o suscritos con anterioridad al 22 de febrero de 2025, la base gravable es el total de los pagos periódicos que se deban realizar durante su vigencia, y la tarifa será del cero por ciento (0%), esto es, la vigente al momento de la ocurrencia del hecho generador. Si el contrato se prorroga con posterioridad al 22 de febrero de 2025 y antes del 1 de enero de 2026, la tarifa aplicable será del uno por ciento (1%) sobre las obligaciones contenidas en el documento en que se haga constar dicha prórroga.

24. La declaración y pago del impuesto de timbre deberá llevarse a cabo por el agente de retención, según los plazos y condiciones establecidas en el artículo 1.6.1.13.2.33. del DUR 1625 de 2016, sobre el impuesto causado durante el respectivo periodo mensual.

29. Las modificaciones que se efectúen a un contrato sobre el cual se haya pagado el impuesto de timbre, que resulten en un mayor valor de la cuantía de las obligaciones que se hayan hecho constar en el documento o instrumento, conllevan el ajuste del impuesto. Si tales modificaciones dan lugar a un menor valor de la obligación, no habrá lugar a un ajuste del impuesto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1.4.1.4.2. del DUR 1625 de 2016.”

“El cambio jurisprudencial aquí expuesto es razón suficiente para reconsiderar el Concepto 013103 (Interno 1118) del 5 de julio de 2024 y en su lugar concluir que es viable que la Administración imponga lasanción de inexactitud por rechazo o disminución de pérdidas fiscales (Art. 647-1, ET) y la sanción de inexactitud por conductas que deriven en un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor (Art. 648, ET) cuando se dan los supuestos en ellos previstos.”

• Art. 1º: Impuesto sobre las ventas – IVA en los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet en el territorio nacional o desde el exterior.
• Arts. 2º a 7º: Impuesto Especial para el Catatumbo sobre hidrocarburos y carbón
• Art. 8º: Modificación transitoria del parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario Establece el impuesto de timbre en un 1%.

Com. MINHACIENDA

016/2025

“Para la Sala, le asiste razón en este punto a la sociedad apelante, dado que no se puede concluir que al estimar el valor de su participación en el fideicomiso con base en la norma especial que así lo regulaba (es decir, conforme al patrimonio líquido) se había omitido el activo, por haber obtenido un valor negativo de ese patrimonio líquido. Aunque estimar en cero el valor de un activo en la declaración podría considerarse prima facie como equivalente a omitirlo, no puede desestimarse la posibilidad de que ese sea un resultado válido, cuando la propia norma ordenaba considerar en la valoración del activo un valor líquido, lo que supone calcular su valor teniendo en cuenta las deudas que afectan el activo que compone ese patrimonio.”

“PRIMERO.- NEGAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante, en relación con los apartes demandados de los artículos 3 y 9 del Decreto Reglamentario 2231 de 2023.

SEGUNDO.- SUSPENDER provisionalmente los efectos del siguiente aparte del numeral II del Concepto 100208192-87 de 14 de febrero de 2024, expedido por la Subdirección Normativa y Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN:

«Esto; sin embargo, no implica que el contribuyente puede aprovechar ambas deducciones en relación con los mismos dependientes. Al respecto, es preciso recordar que, según lo dispone el artículo 23 de la Ley 383 de 1997, un mismo hecho económico no puede generar más de un beneficio tributario para el mismo contribuyente, salvo la Ley expresamente lo autorice.

Aunado a ello, «basta que se haya tomado una vez un monto como factor de detracción en la determinación, para que haya imposibilidad de detraerlo nuevamente» (énfasis propio) (cfr. Concepto 030172 del 26 de marzo de 2008).» “ (El subrayado no es del texto)

“Conforme a la jurisprudencia en cita, en los casos en que la notificación de un acto administrativo sea devuelta por la oficina de correos, aun cuando la causal sea la de “dirección inexistente o errada”, el fisco está habilitado para surtir la notificación mediante la publicación del aviso en su página web, siempre que verifique que la notificación se remitió a la dirección informada por el contribuyente en el RUT vigente a la fecha de expedición del acto administrativo.” 

“Al respecto ha considerado lo siguiente “el juez debe valorar una serie de elementos de juicio, que lo lleven al convencimiento de que el hecho tiene en realidad esas connotaciones, pues un determinado acontecimiento no puede calificarse por sí mismo como fuerza mayor, sino que es indispensable medir todas las circunstancias que lo rodearon. Lo cual debe ser probado por quien alega la fuerza mayor, es decir, que el hecho fue intempestivo, súbito, emergente, esto es, imprevisible, y que fue insuperable, que ante las medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara, esto es, irresistible”.

“Conclusión

Por lo razonado, se establece que cuando el pago en exceso se origina en una inexactitud imputable al administrado, sobre este recae la obligación de corregir la declaración para configurar el título que soporte la devolución. Como en este proceso no está probado el cumplimiento de ese requisito, pese a ser indispensable por las particularidades del caso, no procede la devolución solicitada y, por ende, se confirmará la sentencia apelada.”

“En efecto, el hecho de que tales comisiones sean un componente que debe tenerse en cuenta dentro del precio que Linio debe cobrar a los vendedores o sellers por el servicio de «marketplace», de manera alguna significa que por ello deba entenderse que tales costos se trasladan a estos vendedores, como lo interpretó la DIAN, pues, toda prestación de servicios trae implícitos unos costos y gastos que se remuneran o recuperan por la vía del precio, al igual que sucede en la venta de bienes. Por ende, el titular de dichas erogaciones es el prestador del servicio, en este caso, Linio, en virtud del principio asociación, que exige que a los ingresos devengados en cada periodo se deben asociar los costos y gastos en que se incurre para producirlos.

De este modo, en el modelo de negocio «dropshipping» desarrollado por las partes, Linio declara los ingresos que remuneran integralmente la intermediación y el servicio de «marketplace», al igual que los correspondientes costos y gastos en que incurre en la prestación de dichos servicios. Por su parte, los vendedores o sellers declaran los ingresos por la venta de los bienes y es costo o gasto para ellos la remuneración por intermediación y el servicio de «marketplace» pagado a Linio, ya que todas éstas son erogaciones necesarias para vender los productos. No prospera el cargo.

“De acuerdo con la anterior dinámica y a la luz de lo establecido en el artículo 429 [literal c) del ET, tiene razón la demandante cuando sostiene que la causación del IVA tenía lugar con el «acta de bienes y/o servicios a facturar», debido a que, con dicha acta había «terminación de los servicios», esto es, el «consumo» del servicio. Además, la «emisión de la factura» y el «pago o abono en cuenta», que son los otros supuestos de causación del IVA, tenían lugar en fechas posteriores.

Pese a que, de los tres supuestos descritos en la referida norma, la «terminación de los servicios» era el evento que primero ocurría en desarrollo del contrato de prestación de servicios entre Equion y Unión Temporal, la DIAN consideró el «pago o abono en cuenta» como momento de causación del IVA. Por ello, tomó como base para liquidar el impuesto los ingresos que constaban en los certificados de retención en la fuente del periodo.”

“Sobre el cálculo del término legal para solicitar la devolución y/o compensación por pagos en exceso o pago de lo no debido, el Consejo de Estado ha establecido en diferentes casos con supuestos fácticos similares, que el plazo de cinco años se cuenta desde la realización del pago, porque es desde ese momento que se puede hablar de la existencia de un pago de lo no debido, y, en consecuencia, que se configura la obligación para la administración de reintegrar esos recursos. Ha dicho la Sala:

“Esta Sección en reiteradas ocasiones ha establecido que si con la solicitud se pretende probar la inexistencia legal para realizar un pago, el trámite pertinente está regulado por el artículo 1111 del Decreto 1000 de 1997, norma vigente y aplicable para la época de los hechos, según el cual las mencionadas solicitudes por pagos en exceso o de lo no debido deberán presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva establecido en el artículo 2536 del Código Civil, esto es, en el término de cinco años, contados a partir del pago efectivo”.

“Es decir que, según la jurisprudencia de esta Sección, es carga del acreedor demostrar la debida constitución del título ejecutivo, allegando prueba del reconocimiento de la pensión, de la aceptación de la cuota parte por la deuda y la constancia de pago de las mesadas pensionales.

(…)

De esta forma se materializa la regla general de carga de la prueba prevista en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (norma vigente para la época en que fueron expedidos los actos acusados), según el cual «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen» y precisa que las negaciones indefinidas no requieren prueba.

En consecuencia, tratándose de la compensación de un crédito a favor de la demandada, era esta quien, al expedir los actos acusados, debía probar que la deuda era líquida y exigible.”

“Si la entidad detectó oportunamente el error y lo corrigió, estos valores registrados erróneamente no se harán parte de los ingresos de dicho período y por ende, dentro de los topes definidos legalmente para tener revisor fiscal”.

“El CTCP no conoce ninguna normatividad en Colombia que restrinja la aplicación de los párrafos 3.4 a 3.7 de la NIIF para PYMES, permitiendo su uso en circunstancias excepcionales para garantizar una presentación razonable de los estados financieros. La gerencia debe justificar técnicamente cualquier desviación, documentar su impacto y divulgarlo adecuadamente en las notas. Además, el concepto 2023-0504 aborda aspectos relacionados con las revelaciones en estados financieros bajo este marco normativo”.

“Una vez se realice el activo o se cancele el pasivo que originó la diferencia en la adopción de la NIIF para las Pymes, el ajuste registrado en la cuenta “Efecto de la Conversión” debe reclasificarse a una cuenta de “Ganancias acumuladas”. Estas podrán ser consideradas como disponibles para distribución entre los asociados o clasificadas como reservas no distribuibles, según la decisión de los accionistas”.

“Es necesario identificar los bienes que hacen parte del kit de huerta casera para efectos de definir si corresponden a bienes exentos, excluidos, gravados con una tarifa especial o general de IVA conforme a los artículos 424, 468-1 y 477 del Estatuto Tributario. Si el kit comprende bienes con distintos tratamientos tributarios, en la factura electrónica de venta se deberá indicar dicha condición para cada uno de los bienes discriminados en ella”.

“De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 138 del Decreto Ley 920 de 2023, contra el acto administrativo que resuelve sobre la declaratoria de silencio administrativo positivo en materia aduanera no procede ningún recurso”.

“En tal sentido, el artículo 74 del CPACA dispone que, por regla general, contra los actos definitivos proceden los recursos de reposición, apelación y queja. El de reposición contra quien lo expidió y el de apelación ante el inmediato superior. A renglón seguido, enlista las decisiones que no son susceptibles de ser apeladas, restricción que se estructura fundamentalmente a partir del hecho de que el funcionario la adopta no tenga un superior”.

“Los certificados de retención expedidos por terceros a nombre del socio gestor no deben trasladarse a los socios ocultos, toda vez que en el certificado que expida el gestor en virtud del parágrafo 1 del artículo 18 del Estatuto Tributario, se señala el porcentaje de retención en la fuente que cada uno de los partícipes ocultos puede imputar en sus declaraciones de impuesto sobre la renta”.

“El socio gestor debe reportar en la información exógena el valor de la retención en la fuente trasladada a los participantes del contrato de colaboración, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 4 del artículo 41 de la Resolución 162 del 31 de octubre de 2023”.

“Los socios gestores no deberán corregir ni liquidar ningún tipo de sanción sobre las declaraciones tributarias presentadas, en la medida en que la interpretación del Consejo de Estado que dispuso el traslado de las retenciones en la fuente a los partícipes ocultos es aplicable desde el 30 de agosto de 2024, lo cual deberá reflejarse en las declaraciones de impuesto sobre la renta del año gravable 2024 presentadas en el 2025”.

“La pérdida fiscal que se genere en la depuración de renta de una CHC derivada de las actividades gravadas realizadas en territorio nacional o en el exterior a través de establecimientos permanentes, no aumenta ni disminuye con el monto de los ingresos conformados por los dividendos exentos que reciba la CHC, en la medida en que las rentas exentas no se incluyen en el cálculo de las pérdidas fiscales derivadas de actividades gravadas”

“El agente retenedor de la Contribución Especial de Obra Pública debe ser la fiduciaria que actúa como representante del patrimonio autónomo (PA), dado que esta entidad gestiona los pagos al concesionario y administra los recursos relacionados con el contrato de concesión”.

“La Estampilla Pro Universidad Nacional solo puede aplicarse una vez, en el momento en que la entidad pública del orden nacional contratante realiza los pagos al contratista principal, evitando la doble imposición. Así, subcontratos de obra posteriores no generan un nuevo hecho económico gravado”.

“La Contribución de Obra Pública se causa en los contratos de obra pública celebrados a título de contrato interadministrativo. La obligación de liquidar y pagar la contribución recae sobre el contratista principal que ejecuta la obra”.

“La Contribución de Obra Pública solo puede aplicarse una vez, en el momento en que el contratista principal recibe los pagos de la entidad pública contratante. Los subcontratos de obra posteriores no generan un nuevo hecho económico gravado con la contribución de obra pública”.

“Son sujetos pasivos económicos del impuesto de timbre todas las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas. o entidades que realicen alguna actuación gravada con dicho impuesto, de conformidad con los artículos 3, 514 y 515 del Estatuto Tributario sin que exista una exclusión prevista para las personas naturales o jurídicas que han optado por el régimen SIMPLE de tributación”.

“Son responsables o sujetos pasivos de derecho del impuesto todos los agentes de retención, incluidos aquellos, que aún sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir las obligaciones de éstos por disposición expresa de la ley”.

“Son agentes de retención del impuesto de timbre los que establece el artículo 518 del Estatuto Tributario y el articulo 1.4.1.2.4. del Decreto 1625 de 2016”.

“El parágrafo del artículo 1.4.1.2.4. y el artículo 1.4.1.2.6. del Decreto 1625 de 2016 establecen un orden de prelación para actuar como agente retenedor cuando en un documento o actuación interviene más de un agente retenedor”.

Para la determinación de las cuantías en el impuesto de timbre, se observará lo dispuesto en los artículos 519 y 522 del Estatuto Tributario”.

“En el caso que en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no exentas, estas últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre”.

“Los agentes de retención del impuesto de timbre deben, entre otras obligaciones, retener a título de impuesto de timbre, declarar y pagar en el formulario de retención en la fuente, así como expedir los certificados de retención en la fuente correspondientes”.

“El procedimiento de reintegro para las retenciones en exceso o indebidos del impuesto de timbre es el previsto en el 1.2.4.16. del Decreto 1625 de 2016”.

“La tarifa del 1%, introducida temporalmente por el Decreto Legislativo 0175 de 2025, será exigible únicamente a partir del quinto (5) día hábil posterior a su publicación en el Diario Oficial, a saber, desde el 22 de febrero de 2025 y, por regla general, serán gravados los instrumentos públicos y documentos privados otorgados o aceptados a partir de dicha Fecha”.

“En los contratos de cuantía indeterminada, el impuesto de timbre se genera con la suscripción, otorgamiento o aceptación del documento, mientras que su causación y base gravable se concretan con cada pago o abono en cuenta dependiendo del tipo de contrato. Por ello, si un contrato de cuantía indeterminada fue suscrito antes de la entrada en vigor del Decreto 0175 de 2025, los pagos efectuados antes del 22 de febrero de 2025 estaban sujetos a la tarifa del 0%, mientras que los realizados a partir de esa fecha deberán liquidarse con la tarifa del 1% hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad, siempre que superen las 6.000 UVT y se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 519 y 522 del Estatuto Tributario”.

Para los departamentos del Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada solamente existe la exclusión del IVA en la adquisición de bienes para el consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario, materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen en estos departamentos, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro de su jurisdicción.

En cuanto al departamento de Amazonas, el combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a este, así como los productos que se compren o introduzcan a su jurisdicción, en el marco del convenio Colombo-peruano y el convenio con la República Federativa del Brasil, estarán excluidos de IVA”.

“Los documentos requeridos para efectos del trámite de devolución de IVA y en particular lo relacionado con el cálculo de proporcionalidad, serán los establecidos en desarrollo de lo dispuesto en la ley y el reglamento. Esto sin perjuicio de lo que se requiera en el trámite para constatar la realidad económica del contribuyente que efectúa la solicitud de devolución”.

“Deben incluir el formato 1825 del cálculo de la proporcionalidad establecida en el artículo 489 del Estatuto Tributario los responsables enunciados en el inciso 2 de este artículo”.