008/2025

Sen C-099/2025

Sen C-086/2025

Sen C-076/2025

“Lo que exculpa, antes y después de la reforma introducida por el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016 al artículo 647 del ET, es el hecho de que el declarante esté incurso en un error relativo al derecho aplicable, a la hora de autoliquidar el tributo. No basta entonces, para exculpar, que se advierta en el caso la existencia de una mera «diferencia de criterios» entre los sujetos de la relación jurídica tributaria. Para el régimen sancionador es irrelevante que las posiciones jurídicas de los sujetos de la relación tributaria sean discrepantes; ese dato viene dado en la medida en que acreedor y deudor del tributo interpretan desde su posición e interés jurídico las normas que deben aplicar. Si no hubiera diferencia de criterios, sencillamente no habría debate alguno sobre la cuantificación del tributo y, por tanto, no habría infracción. Lo determinante con miras a exonerar de la reacción punitiva es establecer si el «criterio» desplegado por el administrado tuvo causa en un equivocado juicio de comprensión sobre la interpretación, vigencia o existencia del tipo infractor y sus respectivos ingredientes normativos, el cual propició en él la errónea creencia de no incurrir en un comportamiento antijurídico.” (Subraya la Sala)

“De este modo, al definir el concepto de «actividad comercial», el artículo 1.2.1.23.2.2 numeral 3 del DUR 1625 de 2016 se limita a precisar el alcance de una de las actividades señaladas por el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019 como económicas principales, dentro de las cuales, se insiste, no figura, de manera general, la actividad de servicios. Por tal razón, contrario al entendimiento del demandante, la actividad de servicios no queda cobijada dentro de la noción de actividad comercial no solo porque así no lo previó la norma legal en mención, sino porque, por su naturaleza, la actividad de servicios no puede ser considerada actividad comercial.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala declara probada la excepción de falta de legitimación por pasiva del DAPRE y niega las pretensiones de la demanda.”

“Al respecto, esta Sección ha aclarado que, en los casos de determinación oficial de tributos locales, en los que no se prevea para el contribuyente la obligación formal de declarar, no le es exigible a la Administración llevar a cabo los procedimientos de aforo y revisión previstos en el Estatuto Tributario Nacional, pues estos “se encaminan a suplir la autoliquidación omitida por el obligado (en el caso del aforo) o a modificar la autoliquidación privada inexacta (en el procedimiento de revisión)”.

A su vez, la Sala, ha sostenido de manera reiterada que, en el caso particular del impuesto de alumbrado público: “aun en los casos en que se haya dispuesto que los obligados no deben autoliquidar la obligación tributaria a su cargo «se puede generar violación al debido proceso si la administración no emite un acto previo a la determinación de la obligación fiscal»” (Énfasis propio). En tal sentido, en los casos de determinación directa del tributo “debe la autoridad tributaria «expedirle al contribuyente un requerimiento previo que le permita controvertir las normas en que se fundamenta la liquidación del tributo, las condiciones en que fue liquidado y las pruebas que respaldan que el destinatario de la liquidación se subsume en la normativa que faculta al municipio a liquidar y cobrar el impuesto”.

“De acuerdo con el criterio expuesto, la Constitución Política establece que las entidades territoriales tienen autonomía tributaria limitada, debido a que debe existir un tributo creado por el Congreso de la República, para que puedan establecer los elementos del tributo que no fueron definidos por la ley habilitante. En consecuencia, para el caso específico del impuesto de degüello las asambleas departamentales no están facultadas para establecer la solidaridad en el pago de dicho tributo, ya que no existe una ley que las faculte para el efecto.”

“Acorde con la jurisprudencia en cita, una interpretación sistemática de la Ley 1607 de 2012 permite apreciar que el requerimiento para declarar y/o corregir, como acto previo y obligatorio en el procedimiento de determinación oficial, es el acto administrativo que tiene la facultad de impedir la caducidad de la potestad fiscalizadora y sancionatoria de la UGPP, y no el requerimiento de información.

Se reitera, que una vez vencido el término que posee la administración para ejercer dichas potestades, ello conlleva a que las autoliquidaciones de aportes, que tienen la misma naturaleza de una declaración tributaria, se tornen inmodificables.

(…).

De otra parte, en lo que alude al argumento de la UGPP enfocado a que los aportes a la protección social no se rigen por los términos de firmeza de la declaración porque están destinados a prestaciones vitalicias e imprescriptibles, se reitera que, si bien es cierto que el derecho a la pensión y a reclamar su reliquidación no prescriben, esa imprescriptibilidad únicamente se predica de la pensión, no de las mesadas o prestaciones periódicas no reclamadas en los plazos legales. Por tanto, la firmeza de las autoliquidaciones resulta procedente para los periodos en los cuales la UGPP no inició su actuación dentro del término establecido en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.” (El subrayado no es del texto)

“Del análisis en sana crítica de las pruebas del proceso, se advierte que los actos demandados adolecen de falta de motivación, por cuanto no indicaron de manera clara, precisa e inequívoca las tornaguías y las facturas de venta pertinentes, que son elementos relevantes para que la actora identificara las razones de la decisión, en tanto tal omisión le impidió conocer sobre qué productos, en concreto, se imputaba la falta de declaración. Por ello, se vulneró el derecho a la defensa y a la contradicción de la sociedad, quien no pudo controvertir en debida forma los actos de determinación”.

“Declarar la nulidad de la expresión “A diferencia de los actos previamente listados, se considera que la transferencia de la propiedad de un inmueble en el marco de una fiducia mercantil constituye una enajenación para efectos del Impuesto, al no existir disposición de orden tributario que disponga lo contrario para efectos fiscales” contenido en el Concepto 100208192-224 (Oficio 2211 DE 2023) del 24 de febrero de 2023 expedido por la DIAN.”

“Conclusión

4- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la presente providencia que cuando los contribuyentes del impuesto sobre la renta declaren activos omitidos o excluyan pasivos inexistentes originados en periodos no revisables sin determinar la renta gravable ordenada por el artículo 239-1 del ET, la autoridad tributaria está facultada para adicionarla junto con la imposición de la sanción por inexactitud a la que haya lugar. Asimismo, se reitera que el procedimiento especial para la corrección de las declaraciones tributarias contemplado en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005 no es aplicable para modificar el contenido material de la declaración, razón por la cual no es apto para enmendar los datos del patrimonio denunciados en la declaración del impuesto sobre la renta. Finalmente, se reitera que, por virtud del principio de favorabilidad en materia punitiva, la sanción por inexactitud prevista en el artículo 239-1 del ET se reduce al 100% del mayor impuesto determinado, para las infracciones cometidas antes de que entrara en vigor lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1739 de 2014, que le adicionó un inciso al artículo 239-1 del ET a partir del año gravable 2018.

[…].”

“Por lo tanto, una diferencia entre los ingresos de la declaración del impuesto sobre la renta y los del ICA no es suficiente para demostrar la omisión de ingresos, toda vez que ante la modificación de la base gravable del ICA, le correspondía al municipio de Guachené demostrar que la suma adicionada recae sobre ingresos percibidos en el desarrollo de las actividades industriales de la empresa gravadas con el impuesto de industria y comercio, y a su vez, acreditar que se realizaron dentro de la jurisdicción municipal, so pena de negarse la adición por ser una simple afirmación sobre una comparación de ingresos, no equiparables a bases gravables definidas con criterios y conceptos propios de cada obligación tributaria.”

“En conclusión, a juicio de la Sala, el texto acusado excede la disposición reglamentaria, toda vez que prevé una facultad que no le fue conferida por ley a la administración tributaria, y por el contrario usurpa la competencia atribuida a otra autoridad nacional encargada de establecer los requisitos y el procedimiento para otorgar los permisos de cultivo de piscicultores y acuicultores en Colombia, al señalar que le corresponde a la autoridad tributaria “garantizar la legalidad de la actividad económica que da lugar a la devolución del impuesto que se está reclamando”. En cambio, no se extralimitó en sus funciones al establecer que puede exigir una autorización “vigente”, al momento de examinar la solicitud de devolución del IVA, en tanto la información sobre la vigencia del permiso debe constar en el documento de autorización expedido por la AUNAP.

Por lo anterior, la Sala anulará la expresión del párrafo demandado que señala: “y garantice la legalidad de la actividad económica que da lugar a la devolución del impuesto que se está reclamando”, y negará las demás pretensiones de la demanda.”

“De acuerdo con lo anterior, como lo decidió el Tribunal, resulta procedente la deducción del impuesto social a las municiones y explosivo, con lo cual tampoco prospera el cargo de la demandada relacionado con que la deducción de impuestos diferentes al ICA, predial y GMF, está restringida por la sentencia C-1003 de 2004, pues, se reitera, de acuerdo con el criterio del Consejo de Estado, es una expensa general necesaria y con relación de causalidad con la actividad productora de renta. En consecuencia, no prospera el cargo de apelación interpuesto por la DIAN.”

También se refirió a la procedencia del descuento del IVA por activos fijos reales productivos (art. 258-2 ET) frene al rechazo de la DIAN al considerar que solo procedía respecto de «maquinaria pesada, como unidad funcional», precisando:

“Como se ve, la DIAN utilizó como argumento principal para negar eldescuento sobre todos los bienes importados, que eran repuestos y no máquinas. La calidad de repuesto menor no fue la razón por la cual se negó el descuento, sino porque, en realidad, no se trataba de la importación de máquinas pesadas.

Ahora bien, dado que los bienes importados a través de las 1.343 declaraciones de importación corresponden a repuestos y accesorios para máquinas pesadas para la industria básica del carbón y que esta Corporación ha aceptado la procedencia del beneficio fiscal previsto en el artículo 258-2 del ET frente dichos elementos, la Sala confirma la decisión del Tribunal de aceptar el descuento tributario. Por tanto, no prospera el recurso de apelación presentado por la DIAN.”

“De acuerdo con el conjunto de normas reseñadas y el precedente de esta Sección, se advierte que, a diferencia de lo señalado por la parte demandada, para que se genere y cause el impuesto de delineación urbana en el municipio de Chía es necesario que se hayan ejecutado o realizado las construcciones autorizadas.

La efectiva realización del aspecto material del hecho generador del impuesto de delineación urbana es el supuesto de hecho que concreta la obligación tributaria a cargo del sujeto pasivo. Por ello, la excepción de ilegalidad del artículo 194 del Acuerdo 107 de 2016 indicada por el Tribunal es procedente, en la medida que la norma municipal establece un hecho generador del impuesto de delineación urbana diferente al determinado por la ley, que como ya se reiteró lo constituye las actividades de construcción y refacción de edificaciones.

(…)

En consecuencia, (i) al no haberse consolidado el hecho generador material del impuesto por las empresas demandantes, (ii) haberse presentado la solicitud de devolución en la oportunidad legal, y (iii) haberse demostrado el pago de las sumas cuya devolución se solicita, se confirmará la decisión de primera instancia de encontrar procedente la devolución de lo pagado con base en la Liquidación nro. 2017000039 del 25 de julio de 2017, toda vez que no se configuró la causa legal para su cobro. No prospera el cargo de apelación.“

“6- Para la Sala los errores de digitación en el acta de la inspección que no tengan la entidad de afectar el núcleo esencial del debido proceso de la contribuyente no afectan la legalidad el acto definitivo, en tanto se respeten garantías como: (i) el derecho a un funcionario competente; (ii) ser juzgado según las formas propias de cada procedimiento; y (iii) la observancia a los derechos de audiencia y defensa. Así, esta judicatura ha precisado que la legalidad de los actos administrativos demandables se vicia solo con «las irregularidades que sean sustanciales», por lo que los errores de forma no se subsumen en supuestos de dicha transgresión.”

“Sin embargo, es diferente cuando la calificación en el riesgo bajo – medio – alto, se toma como fundamento para determinar un tratamiento y/o beneficio en materia tributaria, aduanera o cambiaria, porque en este caso, debe informársele al contribuyente o al usuario aduanero cuál fue su calificación, así como el supuesto y las pruebas que la sustentan, limitándose únicamente a la situación jurídica y particular del titular de la información, sin comprometer los factores, criterios, procedimientos y la base de datos del sistema de gestión de riesgos.

(…)

FALLA

(…).

SEGUNDO-. Declarar la legalidad condicionada de los apartes acusados de los artículos 87 (parcial) del Decreto 2147 de 2016; 493 (parcial), 494 (parcial) y 495 (total) del Decreto 390 de 2016; 583 (parcial), 584 (parcial) y 585 (total) del Decreto 1165 de 2019; 118 (parcial) y 693 (total) de la Resolución 046 de 2019; 1.6.1.29.2⁴³. (parcial) del Decreto 1422 de 2019; 32 (parcial) de la Resolución 011 de 2020; 3 (parcial) del Decreto 436 del 2020; y 2 (parcial) del Decreto 1206 del 2020, en el entendido que si los tratamientos y/o beneficios en materia tributaria, aduanera y cambiaria se deciden con fundamento en la calificación de riesgos del Sistema de Gestión del Riesgo de la DIAN, debe informarse al interesado cuál fue el rango del riesgo en que fue calificado, garantizándose su contradicción, y suministrarse la información en que se sustenta limitándose únicamente a la situación jurídica y particular del titular de la información, sin comprometer los factores, criterios, procedimientos y la base de datos del sistema de gestión de riesgos.” (El subrayado no es del texto)

Nota de la Sentencia:  43: Se aclara que el artículo 1 del Decreto 1422 de 2019 adiciona el artículo 1.6.1.29.2. al Decreto 1625 de 2016.

“La responsabilidad del contador público al emitir una certificación con efectos tributarios o legales, es relevante e implica la verificación de información en dichas materias y está regida en las normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio profesional, en especial la Ley 43 de 1990 y las Normas de Aseguramiento de la Información (DUR 2420 de 2015) y, de no hacerlo, se podría exponer a una serie de sanciones civiles, penales, administrativas y disciplinarias.”

“En el Régimen Tributario Especial en Colombia, las entidades deben reinvertir sus excedentes fiscales en su objeto social, según lo establece el Estatuto Tributario. Estos excedentes, similares a las utilidades en otras sociedades, forman parte del patrimonio y se registran en la cuenta de excedentes acumulados”.

“La prestación simultánea de servicios de Revisoría Fiscal y Auditoría Externa por parte de una misma firma o profesionalen una misma entidad constituye una transgresión al Código de Ética del contador público, ya que vulnera los principios de independencia, objetividad y juicio profesional”.

“El ejercicio del cargo de revisor fiscal exige el cumplimiento de la normativa colombiana y la garantía de una supervisión efectiva e independiente. Si bien no existe una prohibición expresa respecto a la residencia en el exterior, el cumplimiento oportuno y adecuado de sus funciones requiere acceso directo a la información y verificación presencial en la entidad. Por ello, ejercer desde el exterior puede generar limitaciones operativas y de supervisión, lo cual comprometería el alcance y la efectividad del control requerido por la ley.”

46/2025

“El artículo 35 de la Ley 222 de 1995 exige que la matriz o controlante prepare y presente tanto estados financieros separados como estados financieros consolidados. El Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios, que reglamentan la contabilidad e información financiera conforme a la Ley 1314 de 2009, establecen las directrices para el cumplimiento de esta obligación”.

“Cuando una entidad controla directa o indirectamente a otra, ya sea en Colombia o en el exterior, debe preparar y presentar estados financieros consolidados para todos los fines contables, legales y tributarios, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 222 de 1995 y los marcos técnicos normativos vigentes, salvo en los casos excepcionales previstos en las NIIF, contenidas en el Decreto Único Reglamentario DUR 2420 de 2015.

47/2025

“La NIIF para las PYMES establece que la clasificación de los activos biológicos, en este caso el ganado, depende de su propósito dentro del negocio. Si se destina a la producción de leche, reproducción o crecimiento para su venta futura, se clasifica como activo biológico (Sección 34). En cambio, si se engorda con el propósito de venderlo en el corto plazo, se reconoce como inventario (Sección 13). Los activos biológicos dentro del alcance de la Sección 34 deben medirse al valor razonable, salvo que su determinación implique un costo o esfuerzo desproporcionado, en cuyo caso se emplea el modelo del costo. Los ingresos derivados de su venta se reconocen conforme a los criterios establecidos en la Sección 23 – Ingresos de actividades ordinarias.”

“En el caso de ventas al consumidor final realizadas en los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, solamente se requiere factura de venta con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para su expedición, es decir, los que contempla el artículo 11 de la Resolución 000165 de 2023”.

“De conformidad con el parágrafo del artículo 20 de la Resolución 000165 de 2023, las condiciones que determinan que no surja la obligación de realizar la implementación electrónica del documento equivalente para juegos de suerte y azar, juegos localizados y espectáculos públicos, son: i) Que exista la obligación de reportar dichas operaciones a otras entidades estatales y ii) Se expida el documento equivalente señalado en los numerales 6, 7 y 12 del artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2016, con el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1.6.1.4.14 ibidem, es decir los de la planilla diaria de ventas.

“La sociedad fiduciaria tiene la obligación de presentar la declaración de IVA en los términos del inciso 2° del numeral 5° del artículo 102 ibidem y del artículo 1.6.1.13.2.4 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, de las siguientes dos maneras:

i) Presentar una sola declaración por los patrimonios autónomos que administren y que estén identificados en forma global por un solo NIT.

ii) Presentar una declaración por cada patrimonio autónomo que cuente con un NIT individual.

[…].”

“la sociedad fiduciaria es la facultada para presentar la solicitud de devolución de saldo a favor por concepto de IVA ante la DIAN”.

“6. Así las cosas, cuando se trate de operaciones de involucran un gran volumen de ventas desarrolladas en virtud de un contrato de suministro, para efectos de cumplir con la obligación formal de expedir factura de venta o documento equivalente, debe entenderse que cada prestación periódica o continuada que se pacte en el mencionado contrato corresponde a una sola obligación de tracto sucesivo, y en consecuencia la expedición de la factura electrónica de venta o la generación del documento equivalente electrónica deberá realizarse en el momento que se realice esta operación.

7. En virtud de lo anterior, en los casos que los minoristas de combustibles realicen ventas de combustible en virtud de contratos de suministro, deberán expedir la factura electrónica de venta o documento equivalente electrónico por cada operación de suministro y no por cada abastecimiento individualmente considerado.”

Respecto al descuento establecido en el artículo 256 del Estatuto Tributario, en virtud de los artículos 1.8.2.3.1, 1.8.2.3.3 y 1.8.2.3.4 del Decreto 1625 de 2016 que lo reglamentan y la regulación desarrollada por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación – CNBT, los montos dispuestos para este beneficio solamente son asignados por empresa, entre aquellas que presentan los correspondientes proyectos, por lo que una ESAL, al no ser equiparable a una empresa, no podría presentar el proyecto ni serle asignado un monto del descuento.”

[…].

“Las Mipymes que tributan bajo el Régimen Simple de Tributación -RST no pueden acceder a los beneficios tributarios de los artículos 256 y 256 -1 del Estatuto Tributario. La naturaleza del RST, que sustituye, entre otros, el impuesto sobre la renta por un impuesto unificado impide que estos contribuyentes apliquen el descuento.”

[…].

“Los contribuyentes que pretenden optar por el mecanismo de Obras por Impuestos, ya sea mediante la modalidad establecida en el artículo 800 -1 del Estatuto Tributario o en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, no pueden acceder simultáneamente a los beneficios tributarios de los artículos 256 o 256-1 del Estatuto Tributario en un mismo proyecto certificado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios.”

“Los sujetos obligados a facturar autorizados para prestar el servicio de transporte de pasajeros que obtengan ingresos por el desarrollo de esta actividad, deberán expedir:

i. La factura electrónica de venta con el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario y el artículo 11 de la Resolución 000165 de 2023, o

ii. El tiquete de transporte de pasajeros electrónico con los requisitos señalados en el artículo 19 y en el numeral 3 del artículo 20 de la mencionada resolución.

Es importante precisar que cuando se trata del servicio de transporte de pasajeros público urbano o metropolitano no existe la obligación de expedir factura de venta o documento equivalente […].”

“La sanción por no declarar regulada en el numeral primero (1) del artículo 643 del Estatuto Tributario no es aplicable para efectos de sancionar la no presentación de la declaración anual del SIMPLE.”

Es procedente proferir la liquidación de aforo para efectos del SIMPLE por parte de la Administración Tributaria, sin la imposición de la sanción por no declarar.”

“Al respecto, el parágrafo transitorio 2 del artículo 820 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 334 de la Ley 2294 de 2023 establece que hasta el 31 de diciembre de 2025, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian está facultada para suprimir masivamente de los sistemas informáticos las deudas que pese a haberse adelantado las diligencias de cobro, no cuentan con respaldo económico por falta de bienes o garantías y tienen una antigüedad superior a cuatro (4) años desde el vencimiento de la obligación.”

“El parágrafo 1 del artículo 879 del Estatuto Tributario establece la devolución del GMF cuya procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones: i) Realización de un giro de recursos que genere el GMF; ii) La existencia de un instrumento internacional (tratado, convenio o acuerdo) suscrito por Colombia en la cual se haya acordado la exención de impuestos para recursos; y iii) Que la devolución se realice en los términos que para el efecto haya contemplado el reglamento.”

“El gasto por intereses en el que incurre una sucursal en el exterior de una sociedad colombiana, derivado del préstamo adquirido con un vinculado económico, podrá ser deducible en la declaración de impuesto sobre la renta presentada por la oficina principal en Colombia, siempre que la operación de crédito cumpla con el principio de plena competencia, así como con las reglas de deducción señaladas en los artículos 107, 118-1 y 122 del Estatuto Tributario, lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de Convenios para Evitar la Doble Imposición, de ser aplicables.”

“La deducción de intereses pagados por la sucursal en el exterior a un vinculado económico, en el impuesto sobre la renta de la oficina principal en Colombia, procede si la operación cumple con el principio de plena competencia, así como con los requisitos de deducibilidad de los artículos 107, 122 y 118-1 del Estatuto Tributario, y siempre que el acreedor expida la correspondiente certificación de la deuda, en la que señale que el crédito no corresponde a operaciones de endeudamiento garantizado mediante un aval del que se derive que el vinculado económico es el acreedor real; o cualquier otra operación en la que sustancialmente el vinculado actúe como acreedor.” [¿?]

“Es posible importar y comercializar sistemas de autogeneración solar dirigidos al autoconsumo en hogares e industrias con exención de aranceles y exclusión de IVA, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 895 de 2022 —incorporado en el Decreto 1625 de 2016— que reglamenta los artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014, junto con lo establecido en la Resolución No. 000135 de 2025 de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Es de anotar, que para acceder a estos beneficios es necesario que los bienes estén debidamente certificados por la UPME, entidad encargada de evaluar y aprobar las inversiones en generación de energía con fuentes no convencionales.”

“Los compradores finales de los sistemas de autogeneración solarpueden aplicar al beneficio si realizan directamente la inversión y realizan el trámite de evaluación y certificación ante la UPME. Lo anterior en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1715 de 2014 que establece que el beneficio de la deducción recae sobre quien directamente realice la inversión.”

“Los sujetos pasivos económicos del IVA en los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet en el territorio nacional o desde el exterior son los apostadores, quienes deben asumir el pago del impuesto. Los operadores de estos juegos de suerte y azar son responsables o sujetos pasivos de derecho del tributo en los términos del artículo 437 del Estatuto Tributario.”

“Las operaciones de juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet en el territorio nacional o desde el exterior, que no deben reportarse a otras entidades estatales, se deben facturar mediante la expedición de la factura electrónica de venta o mediante el documento equivalente electrónico y en aquellos casos que no exista la obligación del reporte podrán o expedir factura electrónica de venta o el documento equivalente señalado en los numerales 6, 7 y 12 del artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2016.”

“En síntesis, si la empresa financiadora está exceptuada de la obligación de facturar no debe expedir factura ni documento equivalente. Si la empresa financiadora está obligada a facturar, deberá evaluar si puede expedir un extracto como documento equivalente. Si no puede expedir el extracto como documento equivalente, deberá facturar electrónicamente los ingresos generados por el financiamiento (comisiones u otros cargos). Por último, el documento que expida (factura o extracto) debe diferenciar el capital recuperado de los ingresos financieros, asegurando su correcto tratamiento contable y fiscal.”

“Son sujetos pasivos económicos del impuesto de timbre todas las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas o entidades que realicen alguna actuación gravada con dicho impuesto, de conformidad con los artículos 3, 514 y 515 del Estatuto Tributario sin que exista una exclusión prevista para las personas naturales o jurídicas que han optado por el régimen SIMPLE de tributación.”

“Son responsables o sujetos pasivos de derecho del impuesto todos los agentes de retención, incluidos aquellos, que aún sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir las obligaciones de éstos por disposición expresa de la ley.”

“Son agentes de retención del impuesto de timbre los que establece el artículo 518 del Estatuto Tributario y el articulo 1.4.1.2.4. del Decreto 1625 de 2016.”

“El parágrafo del artículo 1.4.1.2.4. y el artículo 1.4.1.2.6. del Decreto 1625 de 2016 establecen un orden de prelación para actuar como agente retenedor cuando en un documento o actuación interviene más de un agente retenedor.”

“Para la determinación de las cuantías en el impuesto de timbre, se observará lo dispuesto en los artículos 519 y 522 del Estatuto Tributario.”

“En el caso que en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no exentas, estas últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre.”

“Los agentes de retención del impuesto de timbre deben, entre otras obligaciones, retener a título de impuesto de timbre, declarar y pagar en el formulario de retención en la fuente, así como expedir los certificados de retención en la fuente correspondientes.”

“El procedimiento de reintegro para las retenciones en exceso o indebidos del impuesto de timbre es el previsto en el 1.2.4.16. del Decreto 1625 de 2016.”

“La persona natural que supera los topes señalados en el artículo 1 de la Resolución 000162 de 2023 y realiza aportes a cuentas AFC y/o pensiones voluntarias con rentas laborales, no se encuentra en la obligación de reportar información exógena con motivo del retiro de dichos recursos, salvo que se trate de contribuyentes pertenecientes al régimen simple de tributación y cuando se trate de rendimientos en virtud de lo señalado en el numeral 4 y parágrafo 3 del artículo 1 de la referida resolución.”

Así las cosas, es necesario reconsiderar la TESIS JURÍDICA No. 3 del Concepto 002687 – Interno 303 del 5 de marzo de 2025 y los considerandos 16 a 22. En su lugar, con fundamento en lo aquí expuesto, la TESIS JURÍDICA No. 3 será la siguiente:

“TESIS JURÍDICA No. 3:

15. En los contratos o actos de cuantía indeterminada suscritos, otorgados o aceptados:

a. Antes del 22 de febrero de 2025, la tarifa del impuesto de timbre aplicable a cada pago o abono en cuenta derivado del acto o contrato será del 0% con fundamento en lo dispuesto por el Consejo de Estado en la Sentencia del 14 de julio de 2000 con Radicado N° CE-SEC4-EXP2000-N9822.

b. A partir del 22 de febrero de 2025 (inclusive), la tarifa del impuesto de timbre aplicable será:

i. Del 1% sobre cada pago o abono en cuenta derivado del acto o contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 en línea con lo previsto en el inciso quinto del artículo 519 del Estatuto Tributario, en concordancia con los artículos 522 del Estatuto Tributario y 8 del Decreto 175 de 2025.

ii. Del 0% sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato a partir del 1 de enero de 2026 (inclusive) en atención a lo previsto por el Consejo de Estado en Sentencia del 3 de marzo de 2011, Rad. No. 11001032700020080004200 (17443).”

“La DIAN tiene la facultad de interpretar los CDI suscritos y ratificados por Colombia en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto 1742 de 2020, norma que faculta a la Subdirección de Normativa y Doctrina para resolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación, entre otras, de las normas tributarias. Hacen parte del ordenamiento jurídico tributario los CDI suscritos y ratificados por Colombia, en consideración a que estos deben ser ratificados a través de una ley.

El contribuyente puede acceder al Mecanismo de Procedimiento Amistoso (MAP) previsto en los CDI, el cual permite a las autoridades competentes de los Estados contratantes, entrar en contacto directo para resolver diferencias o dudas sobre la interpretación y aplicación de un convenio, con el fin de que el contribuyente no sea gravado de manera incompatible con las disposiciones del CDI.”

“La base gravable del impuesto de timbre en contratos de ejecución sucesiva con duración definida, corresponde a la cuantía del documento, esto es, el valor total de los pagos que deban realizarse durante su vigencia. En el caso de los contratos de cuantía indeterminada, el impuesto se causará sobre cada uno de los pagos o abonos en cuenta que se efectúen en virtud del documento o contrato, mientras se encuentre vigente.”

“La base gravable del impuesto de timbre está compuesta por todas las obligaciones sobre las que se haga constar su constitución, existencia, modificación o extinción, en el respectivo documento sobre el cual se den los demás presupuestos del hecho generador, sin perjuicio de las reglas especiales para la determinación de su cuantía.”

“En los contratos de ejecución sucesiva, con cuantía determinada y duración definida, cuyos documentos fueron otorgados o suscritos con anterioridad al 22 de febrero de 2025, la base gravable es el total de los pagos periódicos que se deban realizar durante su vigencia, y la tarifa será del cero por ciento (0%), esto es, la vigente al momento de la ocurrencia del hecho generador. Si el contrato se prorroga con posterioridad al 22 de febrero de 2025 y antes del 1 de enero de 2026, la tarifa aplicable será del uno por ciento (1%) sobre las obligaciones contenidas en el documento en que se haga constar dicha prórroga.”

“La declaración y pago del impuesto de timbre deberá llevarse a cabo por el agente de retención, según los plazos y condiciones establecidas en el artículo 1.6.1.13.2.33. del DUR 1625 de 2016, sobre el impuesto causado durante el respectivo periodo mensual.”

“Las modificaciones que se efectúen a un contrato sobre el cual se haya pagado el impuesto de timbre, que resulten en un mayor valor de la cuantía de las obligaciones que se hayan hecho constar en el documento o instrumento, conllevan el ajuste del impuesto. Si tales modificaciones dan lugar a un menor valor de la obligación, no habrá lugar a un ajuste del impuesto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1.4.1.4.2. del DUR 1625 de 2016.”

Si, conforme a lo establecido en la Decisión 578, una determinada renta o patrimonio es gravable en el país «A» de la Comunidad Andina, solo este país puede exigirlo. El país «B» no puede exigirlo por el solo hecho de que no lo ha cobrado el país «A».

El propósito de la Decisión 578 es evitar que dos Países Miembros pretendan gravar o cobrar una misma renta o patrimonio. Una determinada renta o patrimonio solo puede ser gravable impositivamente por un País Miembro de la Comunidad Andina, que es el único que puede exigir o cobrar el tributo correspondiente, si así lo decide. Pero si quien debiera gravarlo y cobrarlo no lo hace (no lo grava, o no lo cobra), ello no da pie a que otro País Miembro adquiera potestad para exigirlo o cobrarlo.

Com. Superfinanciera /2025

“5- Por lo razonado en precedencia, la Sala fijará como contenido interpretativo de la presente decisión que las sentencias de nulidad de actos generales surtirán efectos sobre situaciones jurídicas no consolidadas, lo cual cubre los eventos en los que la autoridad al momento de la providencia de nulidad simple no ha obtenido el pago de las deudas contenidas en resoluciones administrativas particulares fundadas en la norma expulsada del ordenamiento jurídico. Lo anterior, por cuanto al desaparecer el sustento de hecho o de derecho de los actos, estos perderán su fuerza ejecutoria, conforme al ordinal 2 del artículo 91 del CPACA, situación que no atañe a un aspecto de la legalidad del acto, sino de su exigibilidad.”

“En efecto, el artículo 189 de la Ley 223 de 1995, prevé que la base gravable del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas está constituida por el precio de venta al detallista, el cual contiene diferentes componentes para su determinación, como lo es el precio de fábrica a nivel del productor, y el margen de comercialización desde su salida de la fábrica hasta su entrega al expendedor al detal.

En ese sentido, independientemente que el producto o la mercancía se entregue en puerta de fábrica, esta circunstancia no releva de dar cumplimiento a la base dispuesta por el legislador, que incluye el margen de comercialización. Es decir, el costo de transporte de desde la salida de fábrica hasta la entrega al distribuidor se debe incluir en la base gravable del tributo, sin importar el modelo de negocio adoptado por el fabricante.”

“La Sala observa que en relación con lo manifestado en la apelación, los actos demandados se impusieron en forma concurrente las sanciones por inexactitud y por no envío de información. Al respecto, debe precisarse que, mientras la primera se origina, en general, por la inclusión en la declaración de datos o factores inexistentes, equivocados, incompletos o desfigurados, la segunda deriva del incumplimiento por parte del contribuyente del deber de remitir información a la Administración Tributaria en forma regular u ocasional.

Como se advierte, la sanción por no informar opera cuando el contribuyente no allega la información requerida, lo cual puede derivar en la imposición de la multa y en el desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones.

Debe tenerse en cuenta que el artículo 651 del Estatuto Tributario18, vigente para la época de los hechos19, además de contemplar en el numeral 1 el valor de la multa, prevé en el numeral 2 “el desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones20”, como consecuencia de la no remisión de la información requerida por esos conceptos. 

Lo anterior, dado que la Administración debe verificar la inexactitud de la declaración y constatar la inexistencia o los errores de los datos registrados en el denuncio para que pueda aplicarse el hecho sancionable, el cual no puede derivarse del simple incumplimiento del deber de informar.

En ese sentido, de la DIAN se exige una conducta proactiva en la verificación de los datos consignados en la declaración para que puedan constatarse los hechos sancionables previstos en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Y ello es así, porque la omisión en la entrega de información no da lugar a una conducta inexacta, pues no existe prueba que pueda valorarse para determinar la inclusión en la declaración de datos o factores inexistentes, equivocados, incompletos o desfigurados, por eso en este caso (falta de envío de información), lo que aplica es la sanción por no informar. “

“Se acudirá a las reglas de unificación jurisprudencial fijadas en la sentencia de 05 de diciembre de 2024.

(…)

2- En la mencionada sentencia de unificación, previo análisis de las posturas del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional acerca de la figura de la revocación directa y su procedencia, se establecieron los criterios a partir de los cuales se determina si el acto administrativo que revoca parcial o totalmente otro -de oficio o a solicitud de parte-, es susceptible de control judicial, en concreto, se consideró lo siguiente:

(…) se establecieron como reglas de unificación jurisprudencial, las siguientes:

1. Los actos administrativos que decidan, de oficio o solicitud de parte, sobre la revocatoria directa de otros actos administrativos no son pasibles de control judicial.

2. Se exceptúan de la regla anterior los actos de revocación que incluyan situaciones nuevas respecto del actos iniciales, siempre que lleven a modificarlos total o parcialmente, caso en el cual serán susceptibles del control judicial, pero únicamente respecto a la decisión novedosa y sin que pueda discutirse la legalidad de los demás planteamientos del acto inicial objeto de la revocatoria.

3. Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites pendientes de resolver en vía judicial. No podrán aplicarse a conflictos previamente decididos.”

“Por lo razonado en precedencia, la Sala declarará la nulidad parcial del concepto acusado por haber vulnerado el artículo 107 del ET, interpretado conforme a la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-005 del 26 de noviembre de 2020 (exp. 21329, CP: Julio Roberto Piza), de esta Sección. Así, porque el principio de capacidad contributiva exige que se conceda una deducción de la renta bruta en las situaciones excepcionales en las que el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero recaiga sobre ingresos de fuente colombiana y esa circunstancia haya frustrado la aplicación del descuento tributario reglado por el artículo 254 del ET. Por ende, se declarará la nulidad parcial respecto de los apartes que impiden dicha deducción en los términos mencionados, siempre que no medie un convenio para evitar la doble imposición o una regla de derecho comunitario.”

“[…] la Cruz Roja Colombiana podría catalogarse como una entidad de beneficencia para efectos del impuesto de industria y comercio en relación con las actividades de servicio que realice en el marco de las funciones asistenciales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 201 citado si esta entidad realiza actividades comerciales o industriales, deberá tributar por dichas actividades.”

“[…] los artículos vendidos a las sociedades de comercialización internacional son productos destinados a la exportación y por tanto no sujetos al impuesto de industria y comercio, siempre y cuando cuenten con el certificado al proveedor y los bienes respectivos sean efectivamente exportados dentro del término establecido legalmente.”

“El artículo 25 de la Ley 9 de 1983 correspondiente al artículo 37 del Estatuto Tributario, fue derogado mediante el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.”

“El parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 388 de 1997 se encuentra vigente.”

 “Después de entrar en vigor la Ley 1819 de 2016 la utilidad que se genere a consecuencia de la enajenación de inmuebles destinados a proyectos VIS o VIP no constituirá renta de acuerdo con lo establecido en literal a del artículo 235-23 del Estatuto Tributario.”

“El IVA descontable únicamente puede ser aplicado por el sujeto que directamente adquiere los bienes o servicios que generan este impuesto de acuerdo con los artículos 485 y 488 del Estatuto Tributario (ET). En contratos de colaboración empresarial innominados, el IVA descontable no puede distribuirse entre los partícipes si estos no son quienes efectuaron la adquisición gravada, ya que el descuento del IVA requiere que este haya sido facturado específicamente al sujeto que lo imputa como descontable.”

 “Con base en la decisión del Consejo de Estado [Sent. 26085/2024], las retenciones en la fuente practicadas con ocasión de los contratos de cuentas de participación podrán ser imputadas proporcionalmente entre el socio gestor y los socios ocultos.”

4. La deducibilidad de los costos y gastos respaldados por el DSNE está condicionada a su generación y transmisión dentro de los plazos establecidos. No obstante, si la transmisión extemporánea se realiza antes de la presentación de la declaración de renta, el soporte de los costos y deducciones será válido, siempre que se demuestre la relación laboral y el pago o abono en cuenta correspondiente.”

Crea incentivos tributarios para empresas que capaciten a empleados en IA. El proyecto contempla la disminución en 3 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto de renta a las empresas que efectúen dicha capacitación.

Modifica el art. 19-4 del E.T. que regula la tarifa de renta de los entes cooperativos y de las asociaciones mutuales.

Modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los criterios para determinar la calidad de vinculados a los establecimientos de crédito, los mecanismos para la identificación y gestión de las transacciones de estos con sus vinculados y se modifica el régimen de transición contenido en el Decreto 1533 de 2022.

Reglamenta parcialmente el artículo 260-7 del Estatuto Tributario y se sustituye el artículo 1.2.2.5.1. del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionado con la determinación de las jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales. 

Adiciona el parágrafo 5 al artículo 1.2.1.28.4.5. de la Sección 4 del Capítulo 28 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 y se sustituye el artículo 1.2.4.39. del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1, ambos del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionados con el mecanismo de recaudo del impuesto sobre la renta y complementarios para sujetos con Presencia Económica Significativa -PES en Colombia.

Señala los plazos para remitir los Estados Financieros de Propósito General con corte 2024, en el 2025, con base en los dos últimos dígitos del NIT de la Entidad Empresarial.

“Dicha interpretación resulta consistente con los pronunciamientos que en el mismo sentido ha proferido la Corte Constitucional con base en los cuales la notificación por medios electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos. Con fundamento en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 205 del CPACA, el término de dos (2) días hábiles siguientes a que se refiere la norma empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o, en su defecto, pueda por otro medio establecerse que el destinatario tuvo acceso al mensaje. Los términos para interponer los recursos deben empezar a contarse a partir del día siguiente al de la notificación así entendida.”

“A raíz de los cambios introducidos en la Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria), los usuarios que manejen cuentas bancarias tendrán un cambio importante en el cobro del 4X1000 a partir del 13 de diciembre de 2024. Recordemos que el 4×1000 es un impuesto nacional en el cual por cada COP $1.000 que haga parte de un movimiento financiero, se debe pagar COP $4.

Puntualmente, el cambio se debe a que ya no es necesario marcar una única cuenta como exenta del impuesto 4X1000, sino que una persona estará exenta de dicho pago si en entre todas las cuentas que estén a su nombre mueve menos de COP $16,47 millones, independiente de la cantidad de cuentas bancarias que tenga.”

“De acuerdo con el criterio expuesto, la Sala destacó en el precedente reiterado que «las Autoridades Tributarias tienen como obligación de carácter constitucional el cumplimiento de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, que se concretan con el principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma», de manera que, en este caso, la DIAN procedió de acuerdo con los mencionados principios constitucionales al determinar que la realidad de las transacciones en discusión consistía en la venta de bienes corporales muebles gravados con IVA, y no el cumplimiento de un contrato de usufructo.”

“La Sala advierte que la notificación por edicto fue prematura, puesto que el edicto fue fijado el 25 de noviembre de 2020, cuando debió fijarse el 27 de noviembre del mismo año; esto es, una vez transcurrido en su totalidad el término para la notificación personal del acto que resolvía el recurso de reconsideración. Está probado, entonces, que sí se cometió una irregularidad en la notificación, pues el edicto se fijó cuando aún no se había agotado la oportunidad procesal para que la demandante compareciera a las oficinas de la administración a notificarse personalmente de la decisión que agotaba la discusión en sede administrativa.

(…)

En oportunidad anterior, la Sala precisó que el plazo de “un año”, previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario es un término preclusivo, porque el artículo 734 del Estatuto Tributario establece que se configura el silencio administrativo positivo ante su incumplimiento. Al ser un término preclusivo, se entiende que al vencimiento del mismo, la administración pierde competencia para manifestar su voluntad, y en ese orden, el acto que se expide sin competencia temporal para ello deviene nulo.

Ahora bien, en relación con el momento en el cual debe entenderse la interposición en debida forma del recurso de reconsideración, la jurisprudencia de la Sala ha sido unánime en indicar que debe tenerse en cuenta la fecha de su interposición como lo señala el artículo 732 Estatuto Tributario; es decir, en la que el contribuyente presenta el recurso ante la administración.”

“La motivación implica, entonces, que la manifestación de la Administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; de manera que, los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos, en el sentido de que permitan apreciar con exactitud los motivos determinantes de la decisión. Por su conducto se realizan, entre otros, los mandatos y garantías que consagran los artículos 1, 29, 123 y 209 constitucionales.

(…)

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que los actos administrativos incurren en falta de motivación, en la medida que no señalan de manera clara, precisa e inequívoca, cuáles eran las circunstancias fácticas y las pruebas que determinaron el contenido y el sentido de la decisión. Y ello es así, porque como lo advirtió la actora y el Tribunal, en los actos acusados no es posible determinar de dónde surgen las mayores cantidades de productos gravados establecidas por la Administración. ”

“… al margen de la anterior regulación proferida en épocas de normalidad, para el caso analizado, se hace menester revisar la situación bajo el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el Gobierno mediante el Decreto 417 de 2020, …

… Así, la Sala puntualizó que la implementación de la notificación electrónica que ya incorporaba la Ley 1943 de 2018 tuvo desarrollo con la Resolución 000038 de 2020 que expidió la demandada, pero esta junto con la que traía la normativa del Estatuto Tributario estaba prevista para un estado de normalidad, esto es: «… “cuando finalice la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social”5, en cambio, la notificación electrónica determinada desde el decreto legislativo 491, estuvo prevista para la notificación de todos los actos administrativos durante la emergencia por Covid 19. De esa forma, si las autoridades pretendían dar aplicabilidad a la anotada resolución debieron hacerlo de forma compatible con la medida decretada por la emergencia sanitaria que duró entre abril del 2020 y hasta junio del año 20226, pues téngase presente que la reglamentación de la directriz prevista para notificaciones durante el estado de confinamiento por parte de la demandada se dio mediante la Resolución 000058 de 2020» (exp. 28343, CP: Wilson Ramos Girón).

(…)

4.1- En ese orden de ideas, la Sala estima que la notificación subsidiaria del edicto desfijado el 09 de diciembre de 2020 inobservó las medidas para notificar las actuaciones, en vigencia del estado de emergencia sanitaria …”

“De esta forma, para el caso bajo examen, en virtud del contrato de mandato celebrado con representación, quienes desarrollaron la actividad comercial de producción primaria agrícola fueron los mandatarios.

De ese modo la Sala encuentra que no está acreditada la realización de una actividad comercial por parte de la demandante, pues al actuar en nombre de sus mandatarios, quienes son los productores conforme el contrato de mandato, está desarrollando una actividad primaria y, por tanto, no sujeta al ICA.”

“En ese sentido, el solo hecho de que la demandante utilice bienes para desarrollar su actividad económica en virtud del contrato de concesión no implica la sujeción pasiva del impuesto, porque la estación de peaje no es un establecimiento físico con el cual se acredite que la concesionaria resida en el municipio, sino que, como se analizó, se trata de infraestructura de propiedad de la Nación.”

“4- Por lo razonado en precedencia, la Sala reitera que el certificado de revisor fiscal constituye una prueba idónea de la territorialidad del hecho generador de las actividades gravadas con ICA sin perjuicio de la facultad que tiene el ente territorial de hacer las comprobaciones pertinentes…”

“Los apartes del contrato a los que alude la apelante no desvirtúan que las comisiones que percibió la actora se originaron por la prestación del servicio de intermediación en Colombia y que fue utilizado íntegramente en el extranjero por la sociedad contratante uruguaya, porque era esta la que proveía la asistencia para viajes en el extranjero a los viajeros colombianos. Igualmente, para la Sala las gestiones adicionales hacían parte de la intermediación exportada porque fueron convenidas contractualmente. Respecto de los ingresos propios que obtuvo la actora en la venta directa de servicio de tarjetas de asistencia viajera, se observa que estas fueron declaradas por la contribuyente y que contablemente hubo registro de tales operaciones; luego, ello no desvirtúa que las operaciones de intermediación a la compañía uruguaya sí eran exentas, en tanto que se trató de la exportación de un servicio.”

“El descuento condicionado (bonificación por volumen) recibido al momento de la compra debe registrarse como un menor valor del costo del inventario. Sin embargo, si la bonificación se recibe después de que el inventario ya ha sido reconocido, es necesario identificar qué parte de la bonificación corresponde a productos que aún están en inventario y qué parte ha sido llevada al costo de ventas. Esto permitirá definir la cuenta a la que debe aplicarse el ajuste por el menor valor.”

“La prima en colocación de acciones, o prima de emisión, se entiende como la diferencia positiva entre el valor nominal y el valor pagado por cada uno de los instrumentos de patrimonio propios. Esta prima no constituye capital ni un pasivo, y su reconocimiento contable debe realizarse en un rubro separado dentro del patrimonio. Respecto a préstamos subordinados, la NIC 32 (párrafos 16, 16A, 16B y 16C) establece que un instrumento se clasifica como patrimonio solo si no conlleva una obligación contractual de entrega de efectivo u otros activos y, en caso de liquidarse, puede hacerse mediante la entrega de instrumentos de patrimonio propio de la entidad en términos fijos.”

“[…] la facultad sancionadora de las entidades territoriales se enmarca en el régimen sancionatorio del Estatuto Tributario Nacional y a los municipios solamente le es dado disminuir el monto de las sanciones y simplificar los procedimientos de acuerdo con la naturaleza de sus tributos. De esta forma, se precisa que las entidades territoriales deben aplicar el régimen sancionatorio del Estatuto Tributario Nacional, ajustando las sanciones allí establecidas a los impuestos de nivel territorial, pero siempre dentro del marco del Estatuto Tributario Nacional.”

“Los criterios establecidos en el Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas – IVA (Concepto 001 de 2003) son aplicables para determinar si un bien específico está gravado con la tarifa del 5% según lo dispuesto en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario.”

“Están exentos del impuesto sobre las ventas -IVA los contratos firmados antes de la promulgación de la Ley 2428 de 2024, siempre que (i) se trate de contratos en los cuales no se haya causado el IVA (en los términos del artículo 429 del Estatuto Tributario) y (ii) siempre que se cumplan con los requisitos específicos de la Ley 2428 de 2024.”

“Los contratos en los que se haya causado el IVA antes de la entrada en vigor de la Ley 2428 de 2024, en los términos del artículo 429 del Estatuto Tributario, no podrán acceder a la exención prevista en la Ley 2428 de 2024.

“Para los contratos con prestaciones de servicios parciales que aún no han sido facturados y en los que los servicios no han sido prestados en su totalidad (“terminación de los servicios”), a la luz del artículo 429 del Estatuto Tributario, les es aplicable el beneficio previsto en la Ley 2428 de 2024.”

“Frente al caso de los contratos que cumplan los requisitos específicos de la Ley 2428 de 2024 y sobre los cuales no se haya causado el IVA, es procedente la exención de la referida Ley. Lo anterior, en consideración a (i) la especialidad y posterioridad de la Ley 2428 de 2024; y (ii) el objetivo perseguido por el artículo 192 de la Ley 1819 de 2016.”

“La declaración de reconocimiento de los parentescos de crianza, acorde a los requisitos establecidos en la Ley 2388 de 2024, dará lugar a las deducciones por dependientes del artículo 387 del Estatuto Tributario, cuando la calidad de dependientes la ostenten el(la) hijo(a) de crianza, y/o el padre o madre de crianza, según las condiciones señaladas en los numerales 1, 2, 3 y 5 del parágrafo segundo del artículo 387 ibidem, que les sean aplicables.” 

“La deducción por dependientes del artículo 387 del Estatuto Tributario procede cuando el parentesco de crianza se reconoce, bien sea, mediante declaración por juez de familia, de acuerdo con el procedimiento de jurisdicción voluntaria, o, mediante escritura pública ante notario del domicilio de quien pretende reconocerse como hijo de crianza.”

“No es aplicable el [régimen de enajenaciones indirectas] de Colombia a una operación de venta local de acciones de una empresa chilena que es enajenada y adquirida por residentes fiscales en Chile, aun cuando esta tenga participación directa en una compañía colombiana. Esto se debe a que, conforme al apartado 5 del artículo 13 del CDI suscrito entre Colombia y Chile, la operación está sujeta a imposición únicamente en Chile.”

A pesar de haber admitido la demanda por cumplir los requisitos formales y sustanciales para fallar, la Corte Constitucional se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda presentada en contra del numeral 5 del artículo 35, y los artículos 36 y 37 parciales de la Ley 2277 de 2022, relacionados con el impuesto al patrimonio

“Teniendo en cuenta que el cómputo de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debe realizarse en meses, pues así lo dispuso el legislador, en principio, no deben excluirse los días inhábiles, a menos que, su vencimiento ocurra en uno de ellos, caso en cual, el plazo se extenderá al primer día hábil siguiente.”

“ Son esas puntuales circunstancias, por las que la Sala encuentra la interpretación realizada por la actora razonable, en tanto la derogatoria tácita en comento, imponía al intérprete un estudio integrado de las normas y los pronunciamientos de las autoridades administrativas y judiciales competentes a efectos de dilucidar la aplicación de la disposición; distinto de lo que ocurre con la derogatoria expresa en la que «el legislador determina de manera precisa el o los artículos que retira del ordenamiento, por lo que no se hace necesaria ninguna interpretación, ya que simplemente se cumple una función de exclusión desde el momento que así se establezca.»23.

De manera, pues, que no era identificable a primera vista la expulsión del citado inciso del ordenamiento jurídico, circunstancia de orden objetivo que da cuenta de la diferencia de criterios en la interpretación del derecho aplicable invocada por la apelante y que la releva del pago de la multa impuesta.

Es así, que la Sala halla configurada la causal exculpatoria de la sanción por inexactitud y en tal sentido se abre paso este cargo de la apelación. “

“Conclusión

La Sala reconoce que, acorde con la sentencia de unificación 2022CE-SUJ-4-002, del 08 de septiembre de 2022 (exp. 23854, CP: Julio Roberto Piza), las correcciones a las declaraciones para imputar los valores retenidos a título de impuesto se subsumen en la regla unificada que habilita efectuarlas en cualquier tiempo y sin lugar a sanción a cargo, conforme al artículo 43 de la Ley 962 de 2005. “

“De acuerdo con el criterio que se reitera, en los casos en que la administración envíe un acto administrativo por correo y este sea devuelto por la oficina de correos, aun cuando la causal sea la de “dirección inexistente o errada” el fisco puede proceder a la notificación mediante la publicación del aviso en su página web, siempre que se verifique que la notificación se remitió a la dirección informada por el contribuyente en el RUT vigente a la fecha de expedición del acto administrativo.”

“En ese contexto, el artículo 7 [1] del convenio suscrito con México reiteró, en cuanto a la imposición de las rentas obtenidas por el desarrollo de actividades empresariales, como son las comisiones, que se gravan así: «1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad empresarial en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en el. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad empresarial de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero solo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento permanente» se resalta. Así, por regla general, las rentas o beneficios empresariales tributan en el estado de residencia del prestador del servicio, salvo que cuente con un establecimiento permanente en el estado de la fuente. Se resalta.

En la sentencia C-221 de 2013, la Corte Constitucional, al estudiar el artículo 7, estimó que esta disposición consagra un supuesto según el cual «[…] prevalece la supremacía de la jurisdicción tributaria de la residencia, puesto que los beneficios empresariales percibidos pueden someterse a imposición del Estado del cual la empresa es residente, salvo que las actividades empresariales en dicho territorio se lleven a cabo mediante un “establecimiento permanente” […]» Se resalta.

Conforme a lo anterior, es México (país de residencia) el estado que conserva el poder de imposición y, por ende, quien puede gravar el ingreso percibido por Controladora Mabe, sociedad que no cuenta con un establecimiento permanente en Colombia (país de la fuente). Por esta razón, la comisión percibida por la sociedad mexicana, al no estar sometida a imposición en Colombia según las previsiones del artículo 7 del CDI, no está sujeta a retención en la fuente, siendo inaplicable el artículo 121 del ET.”

“Ahora bien, partiendo del criterio de la Sección sobre la materia (devolución de pagos de lo no debido y en exceso) contenido en la sentencia del 7 de diciembre de 2023 (exp. 22685, CP. Wilson Ramos Girón, demandante Ministerio de Minas y Energía) en cuanto a que conforme allí se expresó:

“precisa la Sala que esa regla de identificación del dies a quono es aplicable para eventos en los que el pago que el solvens alega indebido conste en un título aún no ejecutoriado por el hecho de que se encuentren pendientes de decidir en última instancia las impugnaciones adelantadas en vía administrativa o judicial. Lo anterior, porque en esas situaciones los elementos de la obligación tributaria penden de una decisión ulterior y solo a partir de la ejecutoria de esa decisión puede identificarse la deuda que buscaba extinguirse. De modo que, en esos casos el término para solicitar la devolución por pago de lo no debido solo podrá transcurrir desde el momento en que el interesado cuente con la oportunidad de exigir jurídicamente su derecho después de que se consolide la situación jurídica del obligado tributario que se encontraba pendiente”

Sin perjuicio de que el plazo de cinco años para solicitar la devolución de pagos en exceso o de lo no debido se contabiliza a partir de la realización del pago (artículo 2536 CC) como lo ha reiterado la Sección. En los eventos en que el pago que se alega indebido conste en un título aún no ejecutoriado por el hecho de que se encuentren pendientes de decidir las impugnaciones en vía administrativa o judicial, el término para solicitar la devolución solo podrá transcurrir a partir de la ejecutoria de tal decisión.

En tal situación, el plazo para solicitar la devolución por pago de lo no debido solo puede comenzar cuando el interesado tenga la posibilidad de reclamar jurídicamente su derecho, una vez que se haya consolidado la situación jurídica del obligado tributario; así, en los eventos de correcciones no solo a instancia de la administración sino también por solicitud del administrado, el plazo en comento corre a partir de la ejecutoria del acto que define sobre la corrección en sede administrativa o judicial.

En este orden de ideas, el término de cinco años debe contarse desde la fecha de ejecutoria de la sentencia de la cual pende el reconocimiento de la existencia del pago de lo no debido. Conforme a lo anterior, y contrario a lo afirmado por la entidad demandada, el término para solicitar la devolución de los pagos en exceso en este caso se cuenta desde la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró nulos los actos que rechazaron el proyecto de la declaración de corrección de retención en la fuente”. (Subrayado fuera de texto)

“1. Declarar la nulidad parcial del Concepto 100208192-131 [000977] del 30 de enero de 2023, proferido por la DIAN, en lo atinente a la interpretación del artículo 42 de la Ley 2277 de 2022, atendiendo a que la declaratoria de inconstitucionalidad, fue proferida antes de la culminación del período gravable 2023. En consecuencia, se anulan los siguientes apartes:

Concepto 100208192-131 [000977] del 30 de enero de 2023

1.3 (…)

Como se indicó en el punto anterior, para efectos de la sujeción pasiva del impuesto unificado bajo el SIMPLE para el presente año gravable (2023) el referido límite de 12.000 UVT se debe examinar en relación con los ingresos brutos -ordinarios o extraordinarios- obtenidos en el año anterior (2022) por la prestación de determinados servicios.

1.5 (…)

Por ende, el contribuyente del impuesto unificado bajo el SIMPLE que obtuvo ingresos brutos superiores a 12.000 UVT en el año 2023 por concepto de servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material incluidos los servicios de profesiones liberales (es decir, superiores a $508.944.000) debe «solicitar la actualización en el Registro Único Tributario (RUT) de la responsabilidad en el impuesto sobre la renta y complementarios y la exclusión del SIMPLE» (énfasis propio) (cfr. artículo 1.5.8.4.4. ibidem).”(Negrilla y subrayados son del texto) 

“En síntesis, la Sala estima que las expensas que la Dian desestimó como deducibles sí tienen esta calidad, pues resultaban necesarias, proporcionales y relacionadas con la actividad productora de renta de la demandante, según lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Sobre el particular, la Sala debe reiterar que la deducibilidad de las expensas debe evaluarse con un criterio comercial, como lo indica expresamente la norma mencionada, por lo que resulta equivocado considerar la necesidad, proporcionalidad o relación de causalidad de una expensa frente a la posibilidad material de desarrollar el objeto del ente económico, o solo frente al ingreso real obtenido como consecuencia de tal expensa, y no frente al desarrollo de su actividad en un contexto de economía de mercado, como lo reconoce la propia ley tributaria. “

“Conclusión

4- Por lo expuesto, la Sala revocará el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, relativo a la condena en costas que se le impuso a la demandante. En lo demás se confirmará el fallo, porque la base gravable de la cuota de fiscalización está conformada por los ingresos ejecutados en el año anterior, lo que en el sub lite incluyó la disponibilidad inicial y las aportaciones de capital que recibió la demandante de uno de sus accionistas, en la medida en que correspondía a recursos disponibles para la ejecución de su presupuesto de gastos y no tenían la connotación de los rubros expresamente excluidos por el artículo 2.° de la Ley 1416 de 2010.”

“Nótese como la norma trascrita, de manera expresa señala que en presencia de actos que impliquen el incremento del capital social o del capital suscrito “la base gravable está constituida por el valor total del respectivo aporte, incluyendo el capital social o el capital suscrito y la prima en colocación de acciones o cuotas sociales”, a partir de lo cual se colige que en aquellos actos que impliquen el aumento del capital social o suscrito, y el incremento en la prima en la colocación de acciones, a efectos de determinar la base gravable del Impuesto de Registro deberán incluirse los valores correspondientes a cada uno de esos conceptos, es decir que, a juicio de esta Dirección, la base gravable corresponderá a la sumatoria de esos conceptos.

En lo que hace a la tarifa, toda vez que el acto objeto de registro en la Cámara de Comercio implica un incremento de la prima en colocación de acciones, a juicio de esta Dirección, deberá aplicarse la tarifa establecida por la respectiva asamblea departamental dentro del rango señalado en el literal c) del artículo 230 de la Ley 223 de 1995, en la forma en que fue modificado por el artículo 188 de la Ley 1607 de 2012, puesto que en él se fija una tarifa especial para “Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades, entre el 0,1% y el 0.3%”

“Sobre el particular se tiene que, legalmente, no se prevé un término máximo para que, agotados los treinta días que siguen a la fecha de la publicación del último aviso a acreedores sin que por su parte hayan sido solicitadas garantías para el pago de su acreencia, se perfeccione la operación de fusión que da cuenta de tal reforma con su protocolización.

No obstante, en criterio de esta Oficina, para el caso de una fusión bajo el régimen de autorización general, el perfeccionamiento de la operación de fusión no debe extenderse mayormente pasados los aludidos treinta días por el riesgo de que mientras se surte la formalización de la fusión se presenten situaciones que cambien notablemente las condiciones financieras o de intercambio patrimonial que sirvieron de base para su aprobación.”

“los actos registrales de embargo en el registro mercantil son actos de ejecución contra los cuales no proceden recursos”.

“los actos administrativos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos, como aquellos realizados por las cámaras de comercio en relación con los registros públicos bajo su administración, quedan en firme una vez haya transcurrido el término legal para la presentación de recursos sin que se hubieren interpuesto”.

“las cámaras de comercio como entidades privadas que cumplen funciones públicas están obligadas a respetar el derecho de turno, entendiéndose esto como el respeto estricto al orden cronológico en la presentación de peticiones, sin consideración de la naturaleza de la petición, salvo que exista prelación legal, como son, entre otros, aquellas presentadas por niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al artículo 12 del Decreto Legislativo 019 de 2012.”

“Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de gestión de activos, en este caso criptoactivos, que representen un 20% o más de sus ingresos brutos no podrán optar por el Régimen Simple de Tributación – SIMPLE de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 literal b del artículo 906 del Estatuto Tributario”.

“la modificación de la declaración del impuesto complementario de normalización tributaria que se realice en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1.5.7.4. del Decreto 1340 del 2021, no sustituye la declaración de normalización tributaria inicialmente presentada en la medida en que esta registra un hecho económico diferente, pues surge del incumplimiento de la repatriación de activos omitidos con el fin de declarar y pagar el mayor valor del impuesto de normalización tributaria que no fue liquidado en la declaración inicialmente presentada”.

“Tanto la declaración de normalización tributaria inicialmente presentada como la declaración del impuesto complementario de normalización tributaria modificada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.5.7.4. del Decreto 1340 del 2021, son títulos ejecutivos que dan inicio al proceso de cobro coactivo por parte de la DIAN.”

“Los Estados Financieros anuales consolidados del Grupo Multinacional los cuales hacen parte del Informe Maestro, son un elemento esencial del soporte de las operaciones documentadas en el Informe Local que permiten verificar el resultado consolidado del grupo y la participación de Colombia en el mismo.”

“la sanción aplicable cuando se omita la presentación de los Estados Financieros anuales consolidados del Grupo Multinacional que hacen parte del Informe Maestro corresponde a la establecida en el artículo 260-11 del Estatuto Tributario literal A numeral 4 literal b), en la medida en que corresponde a la omisión de uno de los elementos que integran información exigida en la Documentación Comprobatoria”.

“La sanción por omisión en la presentación total o parcial del Informe Maestro cuando corresponde a la demás información exigida en la Documentación Comprobatoria será del 2% de la suma de todas las operaciones sujetas a documentar en el Informe Local señaladas en el artículo 1.2.2.3.2. del Decreto 1625 de 2016, que se hayan realizado con vinculados, cuyo monto anual supere el equivalente a 45.000 UVT o 10.000 UVT con vinculados ubicados o domiciliados en paraísos fiscales, del año o periodo gravable al cual corresponda la Documentación Comprobatoria.”

“La regla establecida por el Consejo de Estado en la sentencia del 11 de julio de 2024, aplicable a la renuncia a gananciales, no es extensible a la renuncia hereditaria. A diferencia de la renuncia a gananciales, la renuncia a una herencia no se hace sobre un bien especifico ni a favor de determinada persona, sino sobre la porción que corresponda dentro de la sucesión y en beneficio de los demás herederos conforme a la ley y, por tanto, genera una ganancia ocasional sujeta a las exenciones establecidas en la normatividad tributaria”.

“La exención establecida en el numeral 5 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario es una norma especial que otorga un tratamiento excepcional a los ingresos provenientes de las plantaciones forestales, y prevalece sobre la regla general dispuesta en el artículo 300 del mismo Estatuto.”

“la administración del convenio de cooperación corresponde a una prestación de un servicio gravado con IVA al no corresponder a un servicio exceptuado o exento expresamente de este impuesto”.

“las exenciones de IVA previstas para los bienes y servicios señalados en el artículo 477 del Estatuto Tributario aplicables para las Fuerzas Militares, pueden ser extensivas al particular que, adquiere los bienes y servicios enlistados en representación de estas, siempre que se demuestre que estos fueron destinados al uso exclusivo de las Fuerzas Militares”.

“Para determinar el valor final del bien donado, que se reflejará en el certificado emitido por la entidad donataria, el valor comercial, que se comparará con el costo fiscal, debe ser demostrado con cualquier medio de prueba que acredite «fehacientemente» su valor”.

“Cuando el donante esté obligado a emitir facturas y el bien donado forme parte de su inventario, deberá emitir una factura electrónica para cumplir con sus obligaciones tributarias, ya que, a efectos fiscales, la donación se trata como una venta. No obstante, la emisión de esta factura no afecta la determinación del valor tributario de la donación ni la validez del certificado de donación recibido, dado que la normativa especial no exige la factura como requisito formal o soporte indispensable para el certificado”.

“los bienes y servicios utilizados para la inversión de proyectos FNCE y GEE que no se encuentren en las listas establecidas en los Anexos de la Resolución No. 000319 del 5 de agosto de 2022, pueden ser susceptibles de los incentivos tributarios establecidos en la Ley 1715 de 2014, siempre que se haya solicitado la ampliación de las listas siguiendo el procedimiento de la Resolución No. 486 del 21 de noviembre de 2022 y la UPME haya emitido acto administrativo aprobando dicha ampliación”.

“La parte de las pensiones que se considera gravada por exceder las 1000 UVT se calcula de manera independiente sobre cada pago mensual, en atención a que coincide con el mismo numeral del artículo 135 de la Ley 100 de 1993 así como lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario”.

“Las bases previstas en los artículos 647-1 y 648 del Estatuto Tributario no se aplican de manera concurrente pues son excluyentes. El artículo 647-1 del Estatuto Tributario aplica cuando el rechazo o la disminución de pérdidas no modifican el saldo a favor o el saldo a pagar declarado. Por su parte, el artículo 648 del Estatuto Tributario aplica cuando el rechazo o la disminución de pérdidas modifican el saldo a favor o el saldo a pagar declarado”.

Conclusión 3- A efectos de la exportación de servicios, el requisito de la utilización total y exclusiva en el exterior del servicio se cumple en la medida en que se acredite que el provecho o beneficio se radica totalmente en el destinatario contratante del servicio, persona o entidad extranjera sin domicilio, ni negocios o actividades en Colombia.”28283.

“De manera coherente con lo expuesto, en los casos en que la Administración Tributaria advierta posibles inexactitudes en la declaración que sustenta la solicitud de devolución del saldo a favor, el artículo 857-1 del Estatuto Tributario le otorga la posibilidad de suspender el término de devolución, hasta por 90 días, con el fin de que la División de Fiscalización inicie una investigación para verificar la procedencia, exactitud o veracidad del saldo a favor y, en caso de encontrarlo improcedente, expida un requerimiento especial para modificar el saldo a favor liquidado por el contribuyente o responsable en su denuncio privado17». Se destaca.

Así, como el trámite de devoluciones es eminentemente formal, no es admisible que en su curso se ventilen aspectos que son propios de un proceso de revisión de la declaración que sustenta su solicitud, pues en aquellos casos en los que la Administración advierta posibles inexactitudes, el mismo legislador estableció un procedimiento de investigación previa a ladevolución, que da lugar a la suspensión del término para tal fin, para que así se pueda verificar la procedencia, exactitud o veracidad del saldo a favor reclamado. Una vez terminada la investigación, si no se produce requerimiento especial se procederá a la devolución del saldo a favor (art. 857-1 ET).

Además, como lo ha mencionado la Sala, los procesos de devolución no permiten verificar la correcta determinación de los tributos, pues se parte de la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias, prevista en el artículo 746 del ET, la cual se desvirtúa mediante un proceso de determinación en los términos señalados en los artículos 702 y siguientes del citado ordenamiento”. (Énfasis original).” (El subrayado no es de la Sentencia)

“En primera medida, la Sala advierte que, contrario a lo que señala el apelante, en el dictamen pericial, al solicitar el análisis a partir de los sets de comparables propuestos por la Administración, el experto identificó con mediana claridad los ajustes de comparabilidad aplicados correspondientes a la capacidad ociosa, los descuentos a pie de factura y los gastos de publicidad (páginas 29 y 32), los cuales, además, fueron relacionados y explicados a lo largo del experticio. En todo caso, llama la atención que en la audiencia de pruebas el apoderado de la demandada no contrainterrogó al perito, tal como consta en el acta de la diligencia29, siendo esa la oportunidad procesal para controvertir la prueba, sin que sea aceptable pretender desvirtuarla en sede de apelación. En consecuencia, la exigencia que hace la DIAN respecto a la cuantificación de los ajustes debió plantearse en la audiencia de pruebas y no con el recurso de alzada, de suerte que los reparos al respecto son improcedentes.

En segunda medida, los argumentos relativos a la no inclusión de ajustes de comparabilidad en el análisis de la operación con CBU no resultan relevantes en el fondo de la litis pues la discusión sobre esta giró alrededor de los comparables y no del método utilizado ni de los ajustes procedentes. En cambio, el debate respecto a la aceptación de ajustes de comparabilidad se dio en la operación de compra de inventarios para la producción -CDK, respecto de la cual la Administración propuso el cambio del método. Nótese que se trata de operaciones distintas, cuyo análisis fue independiente y que desde la demanda se explicó que en la operación con CBU el contribuyente prescindió de los ajustes a efectos de simplicidad.

Ahora bien, en cuanto a la existencia de situaciones atípicas, la DIAN advierte que los gastos de publicidad y de medios comerciales son usuales en el sector y que, al contrastar el informe de gestión del representante legal con el dictamen pericial, es posible concluir que sí existieron nuevos lanzamientos de vehículos y hubo un aumento en la producción del 24,8%, lo cual descarta la capacidad ociosa alegada. Al respecto, nuevamente, la Administración controvierte la prueba pericial en sede de apelación, estando llamada a hacerlo en la audiencia de pruebas.

Con todo, el dictamen técnico (páginas 5 a 11) dio cuenta de que la actora sí atravesó por situaciones extraordinarias durante 2011, tales como la disminución de la cantidad ensamblada de vehículos, sobre lo cual presentó tabla del volumen de producción de vehículos, la acumulación de inventario de referencias antiguas reflejada en relación del movimiento de vehículos, la ausencia de lanzamientos y la alta capacidad ociosa, además del incremento de vehículos importados debido a los tratados de libre comercio. Dichas situaciones fueron afrontadas a través de medidas como la reducción de precios, el otorgamiento de mayores descuentos y planes promocionales; las cuales fueron acreditadas con documentos tales como certificaciones de revisor fiscal y contador, del gerente de mercadeo, documento de la ANDI “Industria de vehículos” y certificación de la gerencia de producción sobre la capacidad total de producción, que fortalecieron el dictamen técnico y acreditaron la procedencia de los ajustes que sí están debidamente demostrados.“

“Con todo, debe igualmente advertirse que la Sala ha precisado que «el hecho de que lo construido haya superado el valor máximo previsto para las VIP no le impedía a la apelante gozar del derecho a obtener la devolución del IVA pagado en la adquisición de los materiales utilizados en la construcción de tales viviendas. Lo anterior, porque, según el parágrafo segundo del artículo 850 del Estatuto Tributario, lo determinante para acceder a la prerrogativa en mención es que el precio de venta de las viviendas (ya sean VIS o VIP) no exceda el «valor máximo de la vivienda de interés social. En otras palabras, lo importante es que el precio de enajenación de la vivienda no supere el monto máximo establecido para las VIS, de ahí que el solo hecho de que una VIP tenga un valor superior a los 70 SMLMV, pero en todo caso inferior a los 135 SMLMV, no es causal para que se niegue la devolución o compensación del IVA pagado en la adquisición de los materiales destinados a su construcción»” (bastardilla es del texto)

“En virtud de la facultad consagrada en el parágrafo 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, la DIAN profirió la Resolución 000167 de 2021 y en su artículo 2 estableció que la generación del documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, se debe realizar así:

“2.1. Por cada una de las operaciones en las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, o

2.2. Por operaciones acumuladas semanalmente que se realicen con un mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.”

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien la modificación que introdujo el Decreto 442 de 2023 permite que el documento soporte pueda generarse con posterioridad a la fecha de la operación, hasta que la DIAN no establezca una periodicidad diferente a la ya contemplada para los procedimientos informáticos de la generación y transmisión, la generación deberá realizarse conforme lo señala el artículo 2 de la Resolución 000167 de 2021.”

“Para efectos de calcular la deducción del impuesto sobre la renta contemplada en el numeral 5 del artículo 336 del Estatuto Tributario, se debe incluir el valor de IVA pagado por las adquisiciones de bienes y/o servicios, toda vez que este hace parte del valor de la adquisición, salvo que se haya solicitado como costo o gasto en el impuesto sobre la renta, descontable en el impuesto sobre las ventas o como descuento de acuerdo a lo contemplado en el numeral 5.2 del artículo 336 del Estatuto Tributario.”

“i) La naturaleza tributaria de las indemnizaciones por seguros de vida que se destinan a cubrir el saldo insoluto de una deuda contraída con una entidad financiera corresponde a una renta ordinaria y no a una ganancia ocasional. Esto, bajo el entendido que el crédito fue otorgado por la mencionada entidad financiera en el ejercicio de su actividad productora de renta y que la indemnización se utiliza para cubrir el saldo insoluto de la obligación.

ii) Por lo anterior, en el evento analizado respecto de las entidades financieras no es procedente dar aplicación a los artículos 303-1 y 401-2 del Estatuto Tributario.

iii) Sobre la parte de la indemnización que corresponda al pago de intereses, la entidad financiera -asumiendo que está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia- se deberá practicar autorretención aplicando la tarifa del 2,5%, según lo señalado en el artículo 1.2.4.2.85. del Decreto 1625 de 2016.”

“En una operación en la que un residente fiscal de un Estado contratante realiza el pago por concepto de regalías a un residente fiscal de otro Estado contratante que actúa como agente o mandatario, para efectos de aplicar el CDI suscrito entre Colombia e Italia, se debe considerar como beneficiario efectivo a quienes realmente son receptores del pago, esto es, a las personas naturales titulares de los derechos de autor.”

a)     Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto.

d)     Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal.

Precisa la Dian:

“El término de firmeza de la declaración mediante la cual se corrigen las inconsistencias señaladas en los literales a) y d) del artículo 580 del Estatuto Tributario, en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 588 Ibidem se contabiliza desde el momento en el cual se presenta dicha declaración.”

Y explica:

“[…] solamente cuando se presente la declaración corrigiendo las inconsistencias relacionadas con lugares para la presentación, y firma del declarante y/o sujetos obligados legalmente a suscribir la declaración, se entenderá cumplido el deber de presentación de la declaración y en consecuencia se entiende que es una declaración inicial presentada de manera extemporánea, respecto de la cual se debe contabilizar el término de firmeza general consagrado en el artículo 714 del Estatuto Tributario a partir de su presentación.”

“En este contexto, es de afirmar que el responsable del ICUI o IBUA será el unido temporalmente y/o consorciado individualmente considerado, que realice el hecho generador del impuesto saludable en un primer momento, atendiendo el carácter monofásico del impuesto como se indica en el punto 5 de este pronunciamiento.

Así las cosas, será necesario que en el acuerdo privado que suscriban los unidos temporalmente y/o consorciados, se señale el sujeto que tiene el carácter de productor o importador del bien gravado con el impuesto saludable. Esto, sin perjuicio de la facultad que tiene la administración tributaria para establecer el responsable del impuesto, pues según lo establecido en el artículo 553 del Estatuto Tributario, los acuerdos entre particulares sobre impuestos no son oponibles al fisco.”

“[…] puede ocurrir que la potestad de Colombia para someter a imposición ciertas rentas esté limitada por un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI). Ahora, teniendo en cuenta los efectos que tiene un CDI en el ordenamiento jurídico tributario, este prevalecerá sobre las normas de PES, motivo por el cual, previo a aplicar el artículo 20-3 del Estatuto Tributario, es necesario examinar los CDI vigentes, así como la Decisión 578 de la Comunidad Andina cuando corresponda, para determinar si la renta objeto de análisis se encontraría regulada por el convenio. Si es así, prevalecerá lo dispuesto en el CDI y no se aplicará la tributación por Presencia Económica Significativa.”

“En virtud de lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 383 de 1997, el beneficio tributario consagrado en el artículo 237 de la Ley 1819 de 2016 para las sociedades ubicadas en ZOMAC, se puede aplicar de manera concurrente con el señalado en el artículo 258-1 del Estatuto Tributario.”

Afirma la Dian que, en aplicación de la fórmula del artículo 49 del Estatuto Tributario, la utilidad depurada (UD) en su proporción gravada con el Impuesto a Adicionar (IA) NO hace parte de renta líquida gravable para efectos de la determinación de la utilidad máxima a distribuir como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

Explica que:

“la renta líquida gravable a que hace referencia el numeral 1 del artículo 493 del Estatuto Tributario, se encuentra definida y determinada conforme a lo señalado por el artículo 26 ibidem, la cual no incluye la utilidad depurada (UD) o ninguna referencia a alguna proporción gravada con el Impuesto a Adicionar (IA) en el marco de la determinación de la tasa mínima de tributación (TTD) establecida en al parágrafo 6 del artículo 240 del Estatuto Tributario.”

“se confirma lo expuesto en el Oficio No. 905307 – interno 523 del 28 de septiembre de 2020 y en el numeral 7 del Oficio No. 003896 -int. 395 del 31 de marzo de 2023 -segunda adición al Concepto General en materia de procedimiento tributario y aduanero con motivo de la ley 2277 de 2022 (Concepto 001328 -int. 165 del 7 de febrero de 2023), bajo el entendido que a la declaración anual de activos en el exterior le aplica la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario, únicamente cuando se presenten errores en la información presentada.”