Boletín Tributario 116

Com. MINCIT 019/2025

“Descendiendo al caso concreto, el Tribunal para sustentar el eximente de culpabilidad de la sanción, adujo que la ley no hizo mención expresa sobre los comerciantes y rentistas de capital, de ahí que la demandante considerara que no estaba obligada a de afiliarse al sistema de seguridad social.

La Sala comparte dicha postura, pues se ha considerado que “la literalidad de la norma llevaba a fundamentar un entendimiento de que en la categoría de trabajador independiente no residía la de los comerciantes, así que ha sido producto de las decisiones judiciales la clarificación de que, en una interpretación amplia de los artículos 13, 15, 156 y 157 de la Ley 100 de 1993, en la categoría de independientes estaban integrados aquellos que no cuentan con un contrato de trabajo o una relación legal o reglamentaria, pero que tienen capacidad de pago”16

De esta manera, era viable que la demandante creyera que no estaba obligada a afiliarse y pagar los aportes a favor del sistema de seguridad social en salud y pensión, y la consecuente convicción de que no estaba incurriendo en algún comportamiento que contraviniera el ordenamiento jurídico.”

“Se reitera que, al debatirse la procedencia de costos y deducciones, los cuales disminuyen la base de tributación del declarante, es sobre éste en quien recae la carga probatoria de acreditar la realidad de las operaciones que dieron lugar a dichos costos y deducciones, así como del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para su reconocimiento, so pena de que la administración tributaria proceda a desconocerlos.”

“Por lo tanto, siguiendo el criterio reiterado de esta Sección, la falta de expedición de un acto previo a las liquidaciones oficiales que determinaron el impuesto de alumbrado público a cargo de Banco Coomeva S.A., implica la violación del debido proceso de la actora (artículo 42 del CPACA), lo que vicia de nulidad los actos demandados por expedición irregular. No prospera el cargo.”

“Por lo razonado en precedencia, como contenido interpretativo de la presente sentencia, la Sala establece que constituye ganancia ocasional la utilidad derivada de la enajenación de bienes que tengan la connotación de activos fijos para el contribuyente y hayan sido poseídos por un término igual o superior a dos años. A su vez, se concluye que los activos fijos son aquellos que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente, mientras que se consideran activos movibles –o inventarios– aquellos bienes cuya venta se ejecuta de forma ordinaria como parte de su actividad económica. Por tanto, cuando la enajenación de un bien hace parte del giro ordinario de los negocios del contribuyente, la utilidad percibida por su venta debe ser tratada como renta ordinaria, sin consideración al tiempo de posesión del bien.”

“La Sección, en sentencia del 9 de marzo de 2023, consideró que, si bien los datos registrados en los formularios son elementos iniciales para realizar verificaciones y cruces con terceros, el error en el diligenciamiento del año gravable –para el caso, 2015 en lugar de 2014- no afecta la certeza y confiabilidad de la información reportada, ni obstruye la labor de fiscalización de la autoridad fiscal, pues el aplicativo de entrega de información está diseñado para registrar la carga y transmisión efectiva del archivo informado, junto con la fecha en que ello ocurre.

Este criterio fue reiterado por la Sala, al precisar que «la equivocación en el período reportado de la información exógena constituye un error formal, en tanto no impide el acceso a la información ni altera su contenido, y en esa medida, no imposibilita la labor de fiscalización de la Administración. Por esa razón, no tiene por sí mismo la vocación de tipificar una infracción sancionable». “

“Por lo razonado en precedencia se establece que en este caso el municipio hizo uso inadecuado de su poder sancionador, al multar a la actora con base en el artículo 651 del ET, derivado de solicitudes de información mediante derechos de petición, los cuales no tienen prevista esa sanción en sus normas regulatorias, lo que aparejó la vulneración al debido proceso.”

“La legislación mercantil colombiana no establece una obligación legal expresa que exija la aprobación de los estados financieros de periodos intermedios por parte del máximo órgano social ni de la Junta Directiva. No obstante, dicha aprobación podrá ser exigible si así lo disponen los estatutos de la sociedad, o si está prevista en las reglas internas de gobierno corporativo.”

“[…], en el impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital el régimen común aplica por regla general y el régimen preferencial de ICA (antes simplificado) por excepción para quienes cumplan los requisitos expresamente previstos en la norma. En este orden, corresponde a cada contribuyente que realice actividades gravadas con el impuesto en Bogotá definir al momento de su inscripción tributaria en el Registro de Información Tributaria RIT el régimen al cual pertenece de acuerdo con los requisitos antes señalados para pertenecer al uno u otro”.

2025EE032249O1-2025

“Ahora bien, en relación con la base de la retención en el impuesto de industria y comercio en Bogotá el artículo 8° del Decreto Distrital 271 de 2002, en concordancia con el artículo 1° del Decreto Distrital 474 de 2005 señalan que no están sometidas a retención a título del impuesto de industria y comercio las compras de bienes por valores inferiores a la base mínima 27 UVT y que no se hará retención por compras sobre los pagos o abonos en cuenta por prestación de servicios cuya cuantía individual sea inferior a 4 UVT.”

“el procedimiento de devolución de las retenciones a título del impuesto de industria y comercio indebidamente practicadas involucra en principio al agente retenedor y al contribuyente sujeto de la retención, de tal manera que es el agente retenedor el directo responsable de realizar la devolución de las retenciones practicadas.”

“La periodicidad del impuesto sobre las ventas (IVA) establecida en el artículo 600 del Estatuto Tributario aplica al IVA en los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet en el territorio nacional o desde el exterior, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto Legislativo 0175 de 2025. En consecuencia, los responsables del impuesto deberán presentar su declaración y pago de manera bimestral o cuatrimestral, según corresponda, siguiendo los plazos fijados por la DIAN.”

“El parágrafo 4 del artículo 1 del Decreto Legislativo 0175 de 2025 no está relacionado con la base gravable del impuesto sobre las ventas (IVA) aplicable a los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, sino que establece un criterio de distribución del recaudo, con el propósito de determinar la proporción del impuesto que será destinada conforme a lo dispuesto en el parágrafo 3 del mismo artículo.”

“La obligación de los agentes de retención y/o autorretención de entregar información tributaria de las rentas de capital y/o rentas no laborales consagrada en el parágrafo 3 del artículo 1 de la Resolución 000162 de 2023, no es exigible a las personas naturales contribuyentes del régimen simple de tributación, cuando practican retenciones y/o autorretenciones en la fuente, dado que éstas deben entregar la información correspondiente a sus ingresos brutos, cuando superen el tope señalado en el inciso 2 del numeral 4 ibidem.”

“Las personas jurídicas originadas por la constitución de una propiedad horizontal no son contribuyentes del impuesto de timbre nacional respecto de los actos y documentos que suscriban en desarrollo de su objeto social, en virtud de la exclusión expresa prevista en el artículo 33 de la Ley 675 de 2001.”

“La constitución del patrimonio de familia y la afectación a vivienda familiar, aunque puedan formalizarse mediante escritura pública, no configuran el hecho generador del impuesto de timbre, en tanto no implican la creación, modificación o extinción de obligaciones económicas, sino que obedecen a un fin constitucional de protección patrimonial de la familia.”

“El otorgamiento de pagarés constituye hecho generador del impuesto de timbre nacional, en la medida en que dichos títulos valores incorporan una obligación económica susceptible de exigencia, siempre que se cumplan las condiciones subjetivas y cuantitativas previstas en el artículo 519 del ET y no concurra alguna de las exenciones expresamente previstas en el ordenamiento jurídico vigente, por ejemplo, lo establecido en el artículo 530 del ET.”

“El beneficio tributario [establecido en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003] se asigna exclusivamente al adquirente del certificado una vez que ha sido transferido, y el inversionista inicial no puede beneficiarse de la deducción en el impuesto sobre la renta, pues con la enajenación transfiere no solo la titularidad del certificado sino el derecho a gozar el beneficio.”

“Las personas jurídicas y asimiladas, las personas naturales y jurídicas pertenecientes al régimen simple de tributación, que no con cumplen con los topes de ingresos señalados en el artículo 1 de la Resolución 000162 de 2023, se encuentran en la obligación de entregar información tributaria cuando tienen la calidad de agente de retención en la fuente de acuerdo con lo señalado en el numeral 6 del artículo en mención.”

“El hecho generador del Impuesto Nacional al Carbono -INC, para el caso del carbón en la venta al consumidor final, se configura de acuerdo con el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016 en la fecha de emisión de la factura. Por lo tanto, la obligación tributaria surge en dicho momento, independientemente de la fecha de recepción del carbón.

La tarifa del INC aplicable en la venta de carbón al consumidor final es la vigente en la fecha de emisión de la factura, momento en el cual se configura el hecho generador. Por lo tanto, si la factura se emite en enero de 2025, se aplica la tarifa del 25%, correspondiente al año 2025, independientemente de la fecha de recepción del carbón por parte del comprador.

La tarifa del impuesto al carbono aplicable es la vigente en la fecha de emisión de la factura, momento en el cual se configura el hecho generador. Por lo tanto, si la factura se emite en febrero de 2025, se aplica la tarifa de $69.787,61 por tonelada, establecida en la Resolución No. 000008 del 31 de enero de 2025.”

“El ingreso base de cotización IBC se debe entender como un mecanismo utilizado para el cálculo del valor a cotizar en el sistema de seguridad social integral, sin que pueda considerarse a la luz de la normativa tributaria un ingreso. Situación diferente se predica de los salarios, honorarios o la contraprestación directa, cualquiera sea su denominación, percibidos por el trabajador o independiente con base en los cuales se calcula el IBC y se realiza el pago de los aportes respectivos, que si tienen la calidad de ingresos.

“De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 33 del referido artículo, esta información se deberá entregar únicamente cuando se trate de trabajadores respecto de los cuales aplique el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario5, es decir, cuando se trate de trabajadores que reciban pagos por concepto de auxilio de cesantías e intereses sobre las cesantías exentos de impuesto sobre la renta.”

“La exención regulada en el numeral 5 del artículo 84 de la Ley 2381 de 2025 referente a los ingresos percibidos por concepto de pensión no resulta aplicable para efectos de determinar la base gravable del Régimen Simple de Tributación –SIMPLE, en tanto este régimen establece una base gravable de ingresos brutos anuales ordinarios y extraordinarios efectivamente percibidos, conforme los artículos 904 y 908 del Estatuto Tributario.”

“Ahora bien, para las personas amparadas por el régimen de transición previsto en la Ley 2381 de 2024, se estableció que los aportes voluntarios efectuados por el trabajador continuarán rigiéndose por lo dispuesto en los artículos 55 y 126-1 del Estatuto Tributario, en los términos y condiciones que correspondan. En contraste, para los afiliados sujetos al sistema pensional previsto en la Ley 2381 de 2024, los aportes voluntarios efectuados en el marco del Pilar de Ahorro Voluntario no estarán sometidos a las disposiciones del artículo 126-1 del Estatuto Tributario, sino que tendrán el tratamiento tributario señalado en el artículo 55 ibidem.”

“[…] el uso de las zonas comunes (i.e. salones comunales, áreas de recreación y deporte, entre otros) por parte de los propietarios del edificio o conjunto no genera el cobro de IVA ya que -por su naturaleza y destino- son de uso y goce general de los propietarios del edificio o conjunto. En este escenario, se observa que no se está frente a la prestación directa de un servicio de arrendamiento, sino ante el uso y goce de un bien de utilidad general de la PJPH. Lo anterior, podría generar o no un cobro adicional, a título de expensas común necesaria, en la cuota de administración, la cual -se reitera- no está gravada con IVA.

“Situación diferente ocurre cuando el uso de las zonas comunes se da en el contexto de la explotación económica de dichas zonas (i.e. alquiler de un área deportiva disponible en el conjunto o edificio), por lo general, respecto de terceros (diferentes a los propietarios del edificio o conjunto), caso en el cual se evidencia la prestación directa de un servicio de arrendamiento de zona común, lo cual configuraría un hecho generador de IVA en los términos del literal c) del artículo 420 del Estatuto Tributario. Escenarios donde no se debe perder de vista que, en materia de IVA, no se puede derivar en una ventaja tributaria para las PJPH en perjuicio de otros sujetos que llegaren a adelantar las mismas actividades comerciales y/o de prestación de servicios, pero bajo una figura diferente de la PJPH.