Boletín Tributario # 118

Sobre cómo buscar la normativa del Boletín Jurídico, la Dian precisa:

Ejemplo: Si busca el “Concepto 009123 int 889 del 12 de junio de 2025”:

Ingrese a: https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/herramientas_busqueda.html. Digítelo como aparece en el Boletín (no le cambie nada, ni lo coloque entre comillas).

Concepto 009123 int 889 del 12 de junio de 2025

Si no aparece, no está publicado en el Portal, tiene la opción de solicitarlo vía PQRS.

Esta decisión la adoptó la Corte Constitucional al resolver una demanda ciudadana de inconstitucionalidad que planteó que dicho tratamiento tributario y la reducción del monto exento eran contrarios a la equidad tributaria por presuntamente no consultar la capacidad tributaria de los sujetos obligados

• Sentencia C-244 de 2025: Declaró inexequible, por incumplir el principio de unidad de materia, el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023 que modificaba la temporalidad de la contribución nacional de valorización. De otra parte, declaró la reviviscencia del artículo 249 de la Ley 1819 de 2016.
• Sentencia C-246/25: Declaró la constitucionalidad parcial del Decreto Legislativo 106 del 29 de enero de 2025
• Sentencia C-247/25: Declaró exequible los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del Decreto Legislativo 154 de 2025, que establecen medidas de restricción a la circulación de vehículos terrestres, fluviales y aéreos, en el marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios de Río de Oro y González, del departamento del Cesar.
• Sentencia C-248/25: Declaró la exequibilidad parcial de un incentivo tributario para los operadores turísticos que brinden alojamiento gratuito a las víctimas de desplazamiento forzado.
• Sentencia C-249/25: Declaró inexequible el Decreto Legislativo 0107 del 29 de enero de 2025, que contenía disposiciones en materia de actividades agropecuarias y abastecimiento alimentarios en desarrollo del estado de conmoción interior, al encontrar que no cumplió con el estándar constitucional requerido
• Sentencia C-250/25: Declaró inexequible el Decreto Legislativo 136 de 5 de febrero de 2025
• Sentencia C-252/25: La Corte Constitucional declaró parcialmente exequible el Decreto Legislativo 121 De 2025 “por el cual se adoptan medidas en materia de agua, saneamiento básico y vivienda en el marco del estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo, los municipios del Área Metropolitana de Cúcuta del departamento de Norte de Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.
• Sentencia C-253 /25: La Corte declaró la exequibilidad de las normas contenidas en el Decreto Ley 2535 de 1993 por las cuales el Gobierno nacional definió el término explosivos y estableció el control sobre elementos que individualmente o de manera original no son explosivos, pero que en conjunto o mediante un proceso pueden transformarse en explosivos.
• Sentencia C-254/25: La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las expresiones “prevalecerán y” y “de constitucionalidad”, contenidas en el literal h) del artículo 2 del Decreto Ley 1094 de 2024, por el cual se reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), instrumento de derecho propio expedido por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
• Sentencia C-255/25: Corte constitucional se inhibe de realizar pronunciamiento de fondo sobre demanda contra norma del CPACA relativa al alcance del juez en acciones populares

• Sentencia C-215/25: La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto Legislativo 0119 del 30 de enero de 2025
• Sentencia C-216/25: Inexequible el Decreto Legislativo 0135 del 5 de febrero de 2025 por incumplimiento del requisito constitucional formal de validez previsto en el artículo 214.1 de la Constitución Política. Se constató que el Decreto Legislativo no fue suscrito por todos los ministros del gobierno
• Sentencia C-217/25: Exequible las medidas excepcionales adoptadas para garantizar el transporte en el marco del Estado de Conmoción Interior del Catatumbo.
• Sentencia C-218/25: Se declaró la inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto Legislativo 155 de 2025
• Sentencia C-219/25: Inexequible el Decreto Legislativo 132 de 2025
• Sentencia C-220/25: Inexequible el Decreto Legislativo 133 de 5 de febrero de 2025
• Sentencia C-221/25: Inexequible el Decreto Legislativo 134 del 5 de febrero de 2025
• Sentencia C-222/25: Inexequible el Decreto Legislativo 0137 del 5 de febrero de 2025
• Sentencia C-223/25: Corte se declaró inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 35-1 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
• Sentencia C-225/25: Corte se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo sobre una demanda en la que se buscaba cuestionar la interpretación judicial de los artículos 63 de la ley 599 de 2000 y 177 de la ley 906 de 2004
• Sentencia C-240/25: Se declaró la exequibilidad del Decreto Legislativo 118 de 2025

FALLA:

1. Modificar el ordinal primero del auto proferido el 16 de diciembre de 2024, por el consejero Milton Chaves García, el cual quedará así:

«Primero: decreta la suspensión provisional de los efectos del numeral 20 del concepto nro. 100208192-202 del 22 de marzo de 2024 de la DIAN, contentivo de la octava adición al concepto general sobre el impuesto sobre la renta a cargo de las personas jurídicas con motivo de la Ley 2277 de 2022, capítulo VI – tasa mínima de tributación».

2. Confirmar en lo demás el auto recurrido.

“Para resolver se tiene que esta Sala en repetidas ocasiones ha considerado que la remisión al denuncio privado no puede ser parcializada, es decir, únicamente valorar los ingresos, sino que también deben tenerse en cuenta los costos y gastos en que incurrió el contribuyente para desarrollar la actividad productora de renta, puesto que la presunción de veracidad consagrada en el artículo 746 cobija a toda la declaración.

La anterior conclusión de la Sala se sustenta en que i) el artículo 250 del Código General del Proceso señala que la prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible; ii) la Unidad puede solicitar comprobaciones especiales de las erogaciones, pero la declaración de renta demuestra tanto los ingresos como los gastos, sin que sea admisible que este documento acredite las situaciones que perjudican al demandante, pero no las que lo beneficia; y iii) la presunción de veracidad de la declaración del impuesto sobre la renta no puede ser controvertida por una autoridad distinta a la DIAN, conforme el artículo 702 del Estatuto Tributario y el Decreto 4048 de 2008.”

“Por lo razonado en precedencia, se precisa que no constituye actividad comercial gravada con el impuesto de industria y comercio la celebración de acuerdos entre dependencias de la misma persona jurídica porque no se cumple el requisito esencial de la bilateralidad (acuerdo de voluntades) propio del contrato de compraventa.

Por otro lado, en las actividades de transmisión y conexión de energía eléctrica, el impuesto de ICA se causa en el municipio donde se encuentre ubicada la subestación, razón por la cual, procede la adición de ingresos por esa actividad, con excepción de los «ingresos diferidos», porque no corresponden a ingresos obtenidos en los términos de los artículos 33 de la Ley 14 de 1983 y 51 de la Ley 383 de 1997.”

“5- Con base en lo razonado en precedencia, la Sala establece como criterio interpretativo de esta sentencia que, los mayores valores pagados en virtud de esquemas anticipativos del tributo, que no pueden ser imputados en la declaración presentada por el contribuyente, por no permitirlo el formulario adoptado por la Administración, configuran pagos en exceso, cuya devolución puede ser solicitada en el plazo de 5 años a partir del pago (art. 2.536 del C. Civil).”

“5- Procede la nulidad de los actos acusados porque la DIAN excedió su facultad de interpretación de las normas tributarias y violó el principio de legalidad al atribuirse una competencia que le corresponde al legislador, en la medida en que dichos actos imponen un requisito que el artículo 616-1 del ET no contempla, al exigir que los mensajes electrónicos de recibido (respecto de la factura electrónica y la entrega de bienes o servicios) deban ser enviados con anterioridad a la solicitud del IVA descontable para su efectiva procedencia, siendo que lo dispuesto en el inciso décimo del artículo 616-1 del ET no está supeditado a los plazos señalados en el artículo 496 ibidem.”

“5- Por lo anterior, no se desvirtúa la presunción de veracidad de las declaraciones del impuesto de industria y comercio en un municipio determinado únicamente con las declaraciones de ICA presentadas en otras jurisdicciones. La Sala considera que, al no existir una tarifa legal en materia probatoria, es plenamente procedente demostrar con pruebas contables, facturas o documentos de otro tipo, la percepción de ingresos por la realización de actividades gravadas con ICA en otros municipios.”

“Conforme al artículo 137 del CPACA, la falsa motivación es una de las causales de nulidad de los actos administrativos. Para que se configure dicha causal de nulidad es necesario verificar: i) la existencia de un acto administrativo que esté motivado, pues de lo contrario, se estaría frente a una causal de anulación distinta, la de falta de motivación, y ii) la evidencia de divergencia entre la realidad fáctica o jurídica que induce a la expedición del acto y los motivos de hecho o de derecho que la Administración tuvo en cuenta para adoptar la decisión objeto de cuestionamiento por parte del administrado.

De este modo, quien alegue la nulidad de un acto administrativo por falsa motivación, debe probar: a) error de hecho: i) porque los hechos que la Administración tuvo en cuenta como determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa o, ii) porque esta omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente, o b) error de derecho ante el desconocimiento de los supuestos jurídicos que debían fundamentar la decisión, ya sea por: i) inexistencia de la norma invocada por la autoridad administrativa; ii) ausencia de relación entre la norma invocada por la entidad y los hechos objeto de su decisión o, iii) por errónea interpretación.”

“FALLA

1. Declarar la nulidad parcial del Concepto 1739 del 16 de julio de 2019, proferido por la DIAN, en lo que respecta al siguiente aparte:

“Para finalizar, se indica que, frente al servicio de arrendamiento para la prestación de servicios de salud por parte de una IPS, este despacho se ha pronunciado previamente con Oficio 010278 del 02 de mayo de 2019, concluyendo que: “está gravado con el IVA, el arrendamiento comercial contratado por una IPS, ya que no se ajusta a los supuestos que el ordenamiento jurídico vincula directamente a la seguridad social.”

2. Declarar la nulidad del Concepto nro. 873 del 07 de julio de 2022, proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.”

“En efecto, para la época de los hechos, la ley no hizo mención expresa relacionada con los rentistas de capital, sino frente a los trabajadores independientes, expresión que, como se explicó con anterioridad, de acuerdo con una interpretación amplia y de integración normativa de los artículos 13, 15, 156 y 157 de la Ley 100, permitió a esta Sección determinar que se incluyen aquellos que no cuentan con un contrato de trabajo o una relación legal o reglamentaria, pero que tienen capacidad de pago para financiar el sistema, como lo son los rentistas de capital, entre otros, razón por la cual, para la Sala el juicio de comprensión sobre la obligación del demandante fue razonable y constituye el error alegado que lo exculpa de la sanción por omisión impuesta.”

El interés no controlante corresponde a la participación en el patrimonio y resultados de las subsidiarias que no es atribuible, directa ni indirectamente, a la controladora. Su determinación requiere identificar el porcentaje de participación de terceros en cada subsidiaria consolidada, calculado como complemento al 100 % de la participación controladora (directa o indirecta). Este interés se presenta en el patrimonio consolidado y en el estado de resultados integral, conforme a lo establecido en la NIIF 10 o en la Sección 9 de la NIIF para las PYMES, según el grupo contable aplicable.

La omisión por parte del Revisor Fiscal de la nota «ver opinión adjunta» u otra similar en los estados financieros, aun cuando el dictamen se adjunte, es una deficiencia en la presentación de los estados financieros dictaminados; sin embargo, no pierden su validez formal como documento de la administración de la entidad, pero debilita la fiabilidad de la vinculación inequívoca entre tales estados financieros y la opinión del revisor y su alcance.

En cumplimiento de la NIIF para las PYMES vigente, la entidad puede ajustar su estimación del método de depreciación, la vida útil y el valor residual como consecuencia de la remodelación significativa. Este cambio debe aplicarse de manera prospectiva, estar respaldado con evidencia técnica, contar con la aprobación de la administración y revelarse adecuadamente en las notas a los estados financieros.

La decisión de realizar dicha compensación debe ser previamente sometida al máximo órgano social de la entidad, conforme a sus estatutos.

“La Administración Tributaria no puede continuar una actuación ni proferir sanciones contra una sociedad liquidada, pues su inscripción en el Registro Mercantil extingue su personalidad jurídica. Sin embargo, sí puede trasladar la responsabilidad al liquidador o a los socios, si fueron debidamente vinculados en el proceso de determinación del tributo y si incumplieron sus deberes, como informar la disolución o garantizar la prelación de créditos fiscales. La exigibilidad del cobro requiere un título ejecutivo válido proferido antes de la liquidación y dentro del plazo de prescripción.”

“… lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 871 del Estatuto Tributario es claro al establecer que los movimientos de crédito y débito originados en operaciones de pago electrónicas se consideran una sola operación gravada hasta la dispersión de fondos a los comercios. Esto deja explícito que el GMF se causa únicamente en cabeza del tarjetahabiente o usuario del medio de pago en el momento de la transacción, mientras que los movimientos posteriores que ocurren en las cuentas del adquirente o del proveedor de servicios de pago no generan nuevamente el gravamen, siempre y cuando se realicen dentro del marco del contrato de aceptación de medios de pago en el comercio y a través de cuentas debidamente identificadas para tales efectos.”

Ahora bien, cuando el contribuyente persona natural del SIMPLE supera el umbral de ingresos brutos de 3.500 UVT durante el año gravable, y realiza el pago de los anticipos correspondientes dentro del mismo bimestre en que se supere dicho limite, y además lo hace dentro del plazo fijado por el Gobierno Nacional para ese período, no se generan intereses moratorios.”

“la totalidad de pagos o abonos en cuenta a que se refiere el parágrafo del artículo 388 del Estatuto Tributario, – totalidad de ingresos- corresponden a los del contrato en ejecución y no a otro tipo de contratos de origen diferente o pagados por otra pagaduría o tesorería, ya que el agente retenedor es distinto y los pagos o abonos en cuenta efectuados por éstos, deberán haber sido objeto de la retención en la fuente por el concepto y porcentaje sobre la totalidad de valores acorde con el tipo y naturaleza del contrato.”

“Sí, el suministro de información errónea o incompleta del reporte de conciliación fiscal configura una infracción sancionable conforme a los literales b) y c) del numeral 1 del artículo 651 del Estatuto Tributario, respectivamente, al tratarse de información tributaria exigida por la DIAN para efectos de fiscalización.”

En consecuencia, en el DSNO, el adquirente no puede alegar la aplicación del parágrafo 2 como prerrogativa para no cumplir con su obligación formal en el año gravable en que se efectuó la operación, puesto que la generación del mismo está a su cargo.”

“Inicio del término procesal: El término para ejercer el derecho de defensa (responder o impugnar) no comienza inmediatamente con la recepción, sino cinco (5) días hábiles a partir de la recepción del correo electrónico por el contribuyente”.

a. Hace parte de la base gravable del impuesto nacional al consumo cuando el consumidor final contrata el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas en línea con el numeral 3 del artículo 512-1 del E.T.

b. No hace parte de la base gravable del impuesto nacional al consumo cuando el consumidor final no contrata el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas pues no se realiza el hecho generador previsto en el numeral 3 del artículo 512-1 del E.T.”

c. Corresponde a los responsables del impuesto nacional al consumo llevar un control adecuado de los “covers” y el consumo que hacen los consumidores finales en dichos establecimientos.”