Artículo publicado en:Portafolio

La protesta generalizada que ha venido manifestándose a lo largo y ancho del país por parte de los diferentes estamentos educativos, frente a la crítica situación financiera que padecen las universidades públicas, no obedece a ninguna mafia o interés ilegal. Es el clamor legítimo de toda una sociedad porque se vuelva a mirar con seriedad a uno de los bastiones más importantes que ha soportado, con calidad, la formación de muchos profesionales colombianos.

De acuerdo con el informe, bien fundado, que pretendió terminar de exponer la estudiante de economía de la Universidad Nacional en el Congreso de la República, y que no pudo culminar por la limitación impuesta, en términos despectivos, por el Presidente del Senado, existe un déficit acumulado en el sector de tal magnitud (3,5 billones de pesos), que para el 2019, de no tomarse las medidas del caso para superarlo, estos establecimientos se verían enfrentados a grandes dificultades para asumir sus gastos de funcionamiento. En otras palabras, de no ser tomadas las soluciones urgentes por el Gobierno Nacional, a partir del próximo mes de enero podrían quedar paralizados.

Entre los cambios de la última reforma tributaria, se modificó la tributación de las cooperativas para que, a partir del año gravable 2017, respondan por un impuesto equivalente al 20 por ciento de sus excedentes determinados de acuerdo con la normatividad cooperativa vigente. Según indica, en forma expresa, el parágrafo 2 del Art. 19-4 del E.T. “El recaudo de la tributación sobre la renta de que trata este artículo se destinará a la financiación de la educación superior pública”. Por los años gravables 2017 y 2018, asumen el impuesto entregando una parte al Estado con esta finalidad, y destinando de forma autónoma el valor restante a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior pública. La distribución por el primero fue de 50 por ciento del impuesto para cada modalidad de pago, y por el segundo año la inversión autónoma será de 5 por ciento.

Para la fecha de publicación de esta columna, todas las personas jurídicas, incluidas las sometidas al RTE, han debido cumplir con la presentación y pago de sus impuestos de renta del 2017. Luego, la Dian ya tiene los insumos suficientes para cuantificar cuánto fue el recaudo con destinación específica a la educación superior pública que aportaron las entidades cooperativas, al pagar el 10 por ciento de sus excedentes durante este año. Si bien esta suma, de manera alguna alcanza para cubrir el gran déficit en el sector, sí sería conveniente que se informara al país no solo a cuanto dinero corresponde, sino, además, dónde están estos recursos y cuándo se va a cumplir el mandato de entregarlos al fin ordenado por el legislador.

Con el fin de aplacar la justificada protesta, el Ministerio de Hacienda anunció que, en el proyecto de ley de presupuesto, en trámite, se reasignarían 500.000 millones para la “educación superior pública”. Si embargo, este valor no es suficiente para superar su grave trance. Se impone hacer ajustes adicionales para atender los requerimientos que demandan los establecimientos de todo el territorio nacional, reorientando los recursos suficientes que impidan ver el año entrante el triste espectáculo de su cierre.

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La tranquilidad por la presencia del máximo jerarca de los católicos en Colombia, logró apaciguar los espíritus por unos cuantos días. Terminados los ecos de sus mensajes sobre perdón y reconciliación, volvió la intransigencia como pan de cada día.

Los medios dieron resonancia a lo sucedido en el Congreso de la República, en donde, en una audiencia pública, se levantó la protesta de un ‘ilustre’ representante a la Cámara por la presencia de un líder de las Farc, hasta el punto que, al borde del paroxismo, le increpaba, de manera desaforada, los peores calificativos. De esta forma, propició, desde la otra orilla, gritos igualmente fuertes sobre la ideología de quien así procedía.

Los comentaristas expresaron opiniones de diferente índole. Desde el reproche por haber convertido el recinto de los ‘padres de la patria’ en lugar de alharacas y guachafitas, hasta la de los ‘más dignos’ que estimaron la presencia del exguerrillero como una injusta provocación al establecimiento.

Lo cierto es que la confrontación que vivió el país por tantos años, así como su degradación, ocasionó heridas muy profundas, difíciles de sanar, pero no imposibles de superar. En todo el planeta han existido experiencias horrendas de guerras fratricidas. Sin embargo, la voluntad indeclinable de sus protagonistas sumada al esfuerzo colectivo, les permitió a los sectores enfrentados vencer la rabia y, en su lugar, aceptarse entre los contrarios, con iguales derechos a compartir los espacios y los caminos en paz para construir proyectos nacionales más fraternos y solidarios. El acuerdo de paz logrado con los insurrectos y que le puso fin al conflicto en nuestro país, constituye el acontecimiento histórico más importante que hayamos presenciado los colombianos en los últimos 50 años, y bien vale la pena el empeño necesario para que se consolide. Por ello, es censurable la ocurrencia de hechos como los referenciados.

Sobre todo, cuando quienes dejan aflorar sus resentimientos con las personas a las que el Estado les ha tendido la mano, asumen la doble moral de no llegar a sentir el menor reato de conciencia por compartir pupitre a pupitre, en el recinto de creación de la leyes, con individuos que han llegado a las curules sin tener mérito diferente al de haber utilizado las fortunas mal habidas de sus esposos (as), padres, hermanos y demás parientes, a partir de conductas sancionadas por el Código Penal que, incluso, aún se encuentran sub júdice y que, a pesar de poseer valiosas propiedades a través de testaferros, no han cumplido todavía las penas resarcitorias de pago de multas que les fueron impuestas.

A todos los ciudadanos les corresponde aceptar que aquellos que entregaron las armas hagan presencia en todos los escenarios del panorama nacional, pues el Estado así lo ha dispuesto al aceptarlos como civiles comunes y corrientes que merecen consideración y respeto. También les asiste el deber de ubicar el debate en el terreno de las ideas y los argumentos, en pro de un mejor futuro. Con la actitud para escuchar las reflexiones del contrario y plantear las propias, con altura, antes que caer en las ofensas personales. Así, con seguridad, se hace un mayor favor a la democracia y a la sociedad.

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