La nueva reforma tributaria
Por: Gustavo H. Cote Peña
Se repite la película de proponer reformas impositivas parciales, con los efectos de incertidumbre jurídica que tanto afecta, las decisiones de inversión con perspectivas de largo plazo.
Como se dijo en los medios de comunicación, el nuevo proyecto no corresponde a la reforma estructural anunciada hace algunos meses. La iniciativa no pretende mayores recaudos y busca, entre otros puntos, imprimir mayor progresividad al sistema, persiguiendo que los contribuyentes con más capacidad de pago respondan por un monto más alto de impuestos, sin que pierdan los privilegios impositivos que contempla la legislación vigente.
Resulta loable, y merece justo reconocimiento, el que se proponga aumentar el aporte tributario de los contribuyentes económicamente más pudientes del país y corregir las distorsiones que presentan las tarifas del impuesto sobre renta en contra de las personas con menores ingresos.
También lo es, la intención de aliviar la carga que pesa sobre la nómina para sustituirla por recursos públicos del presupuesto, pues con ello se estimula el empleo, la formalización de la fuerza laboral y la eliminación de conductas ilegales asociadas a mantener a buena parte de los trabajadores por fuera del sector formal, que cotiza a la seguridad social.
La decisión de disminuir la multiplicidad de tarifas en el campo del impuesto sobre las ventas rescata algo de simplicidad en el manejo del tributo.
Esta última deficiencia afecta a la administración tributaria y a los responsables del impuesto, porque dificulta el control y el cumplimiento.
No obstante lo anterior, se echa de menos la decisión política de no romper prerrogativas.
No hay mayor enemigo de la equidad que la existencia de exenciones y concesiones tributarias, pues favorecen solo a determinados sectores de la economía, sin compensar de manera significativa o, en algunos casos, de ninguna forma, el costo fiscal que asume toda la sociedad por el ahorro tributario de quienes se benefician con ellas.
La ausencia de una reforma integral permite asumir que continuará, en contra del Estado y de los contribuyentes, la complejidad de las normas sustanciales y procedimentales del actual Estatuto Tributario.
Esta realidad genera dificultades para aplicar la ley, conlleva confusiones, incertidumbre y, en ocasiones, abusos por parte de los funcionarios de control.
Ejemplo de ello, las citas para presentar solicitudes de devolución para varios meses después y el término para su decisión. La simplicidad y agilidad, combinadas con el control interno y externo, periódico y eficaz en la Dian, son los mejores instrumentos para luchar contra la defraudación y la corrupción.
Sería conveniente que, mediante la combinación de medidas adicionales referidas a la eliminación de beneficios en renta, la ampliación de la base del impuesto sobre las ventas, la disminución de la tarifa máxima del impuesto sobre la renta, con normas procedimentales verdaderas de simplificación y agilización en los trámites que deben realizar los contribuyentes y los responsables ante la Dian, el Congreso pudiera entregar al país una reforma más enriquecida que corresponda al clamor de la generalidad de los técnicos y que, además de ser favorable a la economía y la recaudación, permita rescatar, en una mayor dimensión, los principios de progresividad y equidad.
Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian
