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Colombia presenta altos índices de evasión. La Comisión de Expertos Tributarios afirma que en el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas está cerca del 39 por ciento, y que, según el FMI, en el IVA se ubica alrededor del 40 por ciento.

A lo anterior se suma el contrabando, que de acuerdo con la Dian, se encuentra entre 6 y 7 mil millones de dólares anuales. Ahora que estamos a pocas semanas del momento en que el Gobierno Nacional concrete el proyecto de ley de reforma tributaria estructural, el panorama desolador descrito no puede ser ignorado por el Ministro de Hacienda, ni por los parlamentarios que tienen la responsabilidad conjunta de introducir modificaciones al sistema tributario, que, en opinión del señor Presidente, se caracteriza por ser “ineficiente, inequitativo, que estimula la evasión, la elusión y que es poco atractivo para los inversionistas, porque los que pagan sus impuestos acaban pagando demasiado”. Al diagnóstico expresado por quien desempeña el primer cargo de la nación, debe agregarse el caso de aquellos pocos colombianos que, a pesar de concentrar gran parte de la riqueza nacional y una significativa capacidad contributiva, no pagan nada al Estado, o lo hacen de forma mínima, jalonando al alza los porcentajes citados.

Dejar de lado esta realidad permite que haga carrera la indebida recomendación de los Expertos de incorporar a una buena cantidad de colombianos en la obligación de declarar y finalmente tributar en renta, no obstante que sus ingresos escasamente les alcanzan para suministrar los elementos básicos y esenciales para la subsistencia de sus familias. Esta población, que pertenece a la clase media, adicionalmente tendrá que asumir de manera inexorable el impacto negativo en sus bolsillos, que, con seguridad, derivará de los cambios en materia del IVA cuando adquieran los bienes y servicios, una vez rijan las nuevas tarifas ya anunciadas.

Si bien el proyecto pretenderá subsanar tales deficiencias con ajustes sustanciales a los tributos existentes, tampoco podrá desconocer los índices aquí recordados, para involucrar medidas que mejoren la eficiencia de control por parte la Dian, asignándole recursos adicionales para modernización tecnológica, fortalecimiento de sistemas informáticos, implantación de control efectivo a la corrupción interna, aumento del personal y su capacitación, así como para normalizar la vinculación de los empleados supernumerarios, que, por llevar muchos años sin formar parte de su planta de personal, tienen ya una experiencia adquirida que no puede despreciarse.

A pesar de sus limitados recursos humanos y técnicos actuales, la Dian hoy debería hacer un mejor esfuerzo para evitar las demoras en disponer de los sistemas específicos para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Este año se volvió a repetir la historia de periodos anteriores. Para los deberes en precios de transferencia, los validadores en su página de internet solo estuvieron listos dos días antes del primer vencimiento, y durante este día presentaron errores que impedían la presentación de las declaraciones informativas. Este proceder perjudica injustamente a los contribuyentes, los desestimula y, por la vía de la pérdida de credibilidad la entidad, beneficia la evasión fiscal. Si bien la reforma deberá ocuparse de los temas mencionados en beneficio de la entidad, debería igualmente establecer normas de garantía que permitan la prórroga automática de los plazos de cumplimiento por 15 días hábiles, cuando los sistemas de la Dian no estén listos, al menos con tres meses de anterioridad a la primera fecha de vencimiento de los respectivos plazos.

Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com