Acuerdo de paz tributario
Artículo publicado en:Portafolio
Para marzo próximo, el Gobierno aspira a culminar el proceso de paz con las Farc y a presentar el proyecto de reforma tributaria Estructural derivado de las recomendaciones del informe final de la Comisión de Expertos.
La consolidación de la paz demanda un cambio de pensar y de actuar, de forma que se desarraigue la vieja costumbre de ser intolerantes y de actuar sin respetar a las personas, las leyes y las instituciones, para sustituirla por la regla de “no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan”. El ambiente de concordia deberá ser el que rija todas las relaciones, ya sean familiares, sociales, públicas o privadas.
En esta etapa también se impone efectuar una modificación profunda al régimen impositivo que se ha venido transformando en un sistema ‘agresivo’.
La realidad es que las empresas, cuando tratan de cumplir con su deber de contribuir a las cargas públicas, enfrentan una especie de ‘violencia institucional’ en su contra. La ‘agresión’ se concreta en unas tasas de las más altas del continente que afectan sus utilidades, inciden en una menor competitividad de los negocios y llevan al replanteamiento de las decisiones de ubicación geográfica de las nuevas inversiones.
La ‘hostilidad’ se percibe en beneficios para unos determinados sectores, en el impacto regresivo de la carga de algunos contribuyentes, en impuestos que por recaer sobre el patrimonio castigan la inversión y en tributos que estimulan las transacciones en efectivo favoreciendo el flujo de dineros de dudoso origen.
También, en procedimientos complejos, en la conducta de algunos funcionarios de la Dian que desconocen el principio de la buena fe o toman decisiones porque sí, a pesar de ser contrarias a la ley; en los sistemas informáticos poco robustos e ineficientes, en reportes de información fiscal que no es utilizada y en la ausencia de suficientes recursos para el control de la evasión.
A lo anterior se suma –sin contar la tributación territorial– un conjunto normativo integrado por 881 artículos del Estatuto Tributario, 1328 reglamentos del mismo, según el proyecto de decreto único recientemente publicado por el Gobierno que los conforma en un solo cuerpo, y un sinnúmero de leyes sueltas que generan un alto costo de cumplimiento y colaboración con el sistema, pues integran un laberinto lleno de vericuetos, en el cual cualquier esfuerzo de comprensión por parte del ciudadano común y corriente es absolutamente imposible.
La mayoría comparte la idea de que solo en la medida en que se aporte al presupuesto público se logra que el Estado cumpla sus fines constitucionales en beneficio de todos, viabilice la redistribución del ingreso y materialice la solidaridad social con los menos favorecidos.
Pero es apenas razonable que el esfuerzo del sector privado se haga dentro de un panorama menos ‘belicoso’.
Con seguridad, los niveles de recaudación serían sustancialmente mayores si se contara con un régimen más equitativo, pacífico y amigable. Al Ministro de Hacienda le corresponde la responsabilidad de generarlo.
Para ello, la reforma tributaria del 2016 debería ser la oportunidad de concretar una especie de ‘acuerdo de paz con los contribuyentes’ que se traduzca en un sistema con tasas de renta justas y progresivas, formas de determinación del impuesto sencillas, sin tributos a la inversión ni sobre las transacciones bancarizadas, con un conjunto de disposiciones legales sustancialmente menor, procedimientos simples y fortalecimiento de la Dian para que pueda cumplir su labor en forma más eficiente.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com
