Boletín Tributario 133

“[…].

Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad orinada en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, […].

[…].

Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación otorgó un nuevo alcance a la referida causal, en lo que concierne al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-1998-00153-0127, se refirió ampliamente al derecho a la tutela judicial efectiva o recurso judicial efectivo y consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud, constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva28.

Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso.

Por tal razón, la Sala concluyó que también existe una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, artículo 29 constitucional, cuando una autoridad judicial dicte, sin fundamento válido o razonable, una sentencia inhibitoria por considerarla una clara denegación de justicia.

Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia no son taxativos».

En ese sentido, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, estableció como subregla jurisprudencial: es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.

Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas en que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador.

(…)

En los términos de la sentencia del 11 de octubre de 200530 “no se trata de controvertir, la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su validez”. (Los destacados no son del texto).

“La Sala concluye que el listado de factores del inciso 2 del artículo 4 de la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, es enunciativo y que su numeral 2 no contiene una prohibición, de modo que los concejos municipales pueden fijar tarifas diferenciales del impuesto predial unificado en suelo rural a partir de criterios no enumerados en la ley, como la destinación económica del predio, siempre que provengan de fuentes técnicas y objetivas, consulten una manifestación real de capacidad contributiva y se apliquen dentro del rango tarifario legal, de manera diferencial y progresiva.

Prospera, entonces, el primer cargo de apelación y no prosperan los cargos segundo y tercero de la demanda. En consecuencia, la Sala revocará el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada y, en su lugar, negará las pretensiones. Asimismo, la Sala levantará la medida cautelar decretada por el Tribunal mediante auto del 20 de octubre de 2023.”

La Sentencia también ocupa de hacer precisiones sobre el principio de la confianza legítima, sin darle la razón a los argumentos expuestos por la demandante sobre el mismo.

“Conforme con lo anterior, la Sección observa que el municipio no cumplió con la carga de probar los ingresos gravados. En efecto, en el expediente no obra soporte alguno que dé cuenta de la actividad probatoria desplegada por la administración para demostrar que la base gravable del tributo determinada en los actos acusados se conforma con ingresos obtenidos por la sociedad en su territorio.

La administración debió ejercer sus facultades de fiscalización para obtener, de la misma demandante o de terceros, la información necesaria para acreditar la realización de una actividad gravada en su jurisdicción. Sin embargo, se limitó a tomar los ingresos reportados por el impuesto de renta del año 2017.

Es importante precisar que, aunque la declaración de renta goza de presunción de veracidad, los ingresos que registra corresponden a los obtenidos por el contribuyente a nivel nacional, de ahí que no puedan ser gravados en su totalidad con el impuesto de industria y comercio, a menos que la administración demuestre que los mismos se causaron por realizar actividades gravadas dentro de su territorio, lo que no ocurrió en el presente caso.” (El subrayado fuera de texto)

El artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 177 de la Ley 1607

de 2012 (versión vigente en los periodos fiscalizados), dispuso lo siguiente:

(…)

Sobre el alcance de esta norma, esta Sección se pronunció en sentencia del 2 de mayo de 2024 en la que expuso que el primer inciso de la norma precisó que las personas que realizan el hecho gravado “a través” de consorcios, uniones temporales o patrimonios autónomos son sujetos pasivos de impuestos territoriales, “pero no estableció esa connotación a la figura asociativa propiamente dicha”. (…)

(…) la Sección concluyó que “contrario a lo determinado por el tribunal, los consorcios no son sujetos pasivos del ICA, sino sus miembros individualmente considerados”. (El subrayado fuera de texto)

“En síntesis, tratándose del recurso de reconsideración – cuyo término se fija en meses y no en días – el plazo de dos (2) meses se cuenta de fecha a fecha conforme al Código de Régimen Político y Municipal (Ley 4 de 1913), tomando como punto de partida la fecha misma de la notificación del acto, que constituye el «primer día del plazo», e incluyendo los días inhábiles. En consecuencia, el plazo vence en el día del mes correspondiente que coincida con el número de la fecha de notificación, sin que resulte aplicable la regla del día siguiente propia del procedimiento civil, y sin perjuicio de que, si ese último día es inhábil, el vencimiento se traslade al primer día hábil siguiente en aplicación de los artículos 59 y 62 de la Ley 4 de 1913.” (El subrayado fuera de texto)

“De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que el Concejo Municipal de Dolores excedió los límites de la potestad tributaria territorial al fijar, para las entidades del sector financiero, una tarifa del impuesto de industria y comercio superior a la expresamente prevista en el artículo 208 del Decreto Ley 1333 de 1986. Si bien las entidades territoriales gozan de autonomía para administrar sus recursos y establecer tributos dentro de su jurisdicción, dicha facultad debe ejercerse dentro de los parámetros fijados por el legislador y no habilita la modificación de elementos esenciales del gravamen cuando estos han sido definidos directamente por la ley.

En consecuencia, el artículo 59 del Acuerdo 017 de 2016 vulneró el principio de legalidad tributaria al desconocer una regulación especial que fijaba las tarifas aplicables a las entidades del sector financiero. Por lo tanto, no prospera el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Dolores y se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.”

“En consecuencia, basta con la práctica de al menos una prueba dentro del término de suspensión para que la inspección produzca sus efectos; y, en este caso, no solo se practicó al menos una, sino que las pruebas recaudadas tuvieron entidad propia y respondieron a la finalidad de constatación directa que define el artículo 779 del Estatuto Tributario.” (Subrayado no es del texto)

“9- Por lo razonado en precedencia, se establece que: (i) la competencia de la UGPP para fiscalizar y determinar las contribuciones parafiscales de la protección social deriva del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. El Decreto 575 de 2013, que distribuyó las funciones entre las dependencias de la entidad, fue expedido en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 189.16 de la CP y 54 de la Ley 489 de 1998, y no de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, por lo que no estaba sujeto al término de 6 meses allí previsto; (ii) respecto de los periodos anteriores a la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012, las autoliquidaciones de aportes estaban sometidas al término de firmeza de 2 años previsto en el ET, aplicable por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. El examen de firmeza no desconoce los principios de justicia rogada y congruencia cuando deriva del cuestionamiento planteado en la demanda respecto de la aplicación temporal de las normas. El pago anticipado de los aportes al subsistema de salud determina la base para calcular la cotización del periodo siguiente, pero no modifica el periodo al que corresponde la autoliquidación; (iii) se vulneró la prohibición de non reformatio in pejus respecto de los 86 registros al incrementar el IBC pensional fijado en la liquidación oficial con ocasión del recurso de reconsideración; (iv) durante las vacaciones, los aportes deben liquidarse sobre el último salario base de cotización reportado antes del inicio de su disfrute, conforme al artículo 70 del Decreto 806 de 1998, sin que ello impida a la UGPP, en ejercicio de su función fiscalizadora, controvertir la autoliquidación y determinar el IBC que legalmente correspondía al periodo anterior al disfrute, siempre que la autoliquidación correspondiente a ese periodo no hubiera adquirido firmeza, caso en el cual debe respetarse el IBC consolidado; (v) el pago anticipado de las vacaciones no determina, por sí mismo, el periodo al que debe imputarse para establecer el IBC, pues debe atenderse al periodo de su disfrute, circunstancia que debe estar debidamente acreditada; (vi) los pagos no constitutivos de salario por su naturaleza, porque no remuneran el servicio, no están sometidos al límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010; y (vii) la devolución de los pagos en exceso derivados de la determinación de aportes al Sistema de la Protección Social se rige por el procedimiento especial previsto en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016.”

5- Por lo razonado en precedencia, la Sala fija como contenido interpretativo de esta providencia que la determinación de la tributación conforme al principio de plena competencia exige realizar un análisis de comparabilidad entre las transacciones controladas y aquellas efectuadas entre partes independientes que sean comparables. En ese sentido, para la aplicación del método PR resulta esencial que el análisis funcional considere la similitud entre los productos transferidos, pues cuanto mayores sean las diferencias, mayores serán también las distorsiones en las funciones desempeñadas y, en consecuencia, en los activos utilizados y los riesgos asumidos. Asimismo, se reitera que, si en ejercicio de sus funciones la Administración detecta irregularidades en el estudio de precios de transferencia presentado por el contribuyente, tiene la potestad de controvertirlo con un informe completo que refleje adecuadamente las características económicas de las operaciones y observe la misma razonabilidad y rigor técnico exigidos a los obligados al régimen de precios de transferencia.

Con arreglo a esas pautas, la Sala revocará la sentencia apelada para, en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, toda vez que se acreditó la falta de razonabilidad y rigor técnico en la selección de las comparables efectuada por la Administración y que sustentó la glosa realizada a la liquidación privada revisada. (Negrilla y subrayado de la parte final no son del texto)

“La importación de los bienes clasificados en la subpartida arancelaria 90.01.50.00.00 no se encuentra sujeta al impuesto sobre las ventas (IVA), por cuanto dicha subpartida se encuentra expresamente consagrada en el artículo 424 del Estatuto Tributario, dentro del listado taxativo de bienes excluidos de este impuesto. […]”.

“Así las cosas, la interpretación oficial ha concluido que, frente a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto legislativo 240 de 2026, si es posible aplicar el principio de favorabilidad establecido en el artículo 640 del Estatuto Tributario, concretamente en la reducción de la sanción por inexactitud tasada en ciento sesenta por ciento (160 %) al cien por ciento (100 %).”

“El tratamiento previsto en el artículo 44 del Estatuto Tributario (E.T.) recae sobre la utilidad obtenida en la enajenación de la casa o apartamento de habitación del contribuyente adquirido antes del 1.° de enero de 1987. En consecuencia, no resulta aplicable cuando, antes de la venta, la edificación destinada a habitación ha sido demolida y el inmueble se enajena como lote, pues este ya no conserva la condición material exigida por la norma.”

La DIAN precisa que una persona natural que adquiere la condición de usuario aduanero deja de cumplir uno de los requisitos para ser no responsable del IVA, aun si su operación es ocasional. La normativa no establece una distinción entre importadores habituales y ocasionales a estos efectos. Para recuperar la calidad de no responsable deben acreditarse las condiciones exigidas durante el año de solicitud y el anterior.

Para los grandes contribuyentes personas jurídicas que soliciten vinculación al mecanismo de Obras por Impuestos, el plazo especial para presentar la declaración de renta y pagar la primera o segunda cuota, según corresponda, se extiende hasta el último día hábil de mayo. El pago de la tercera cuota conserva el plazo previsto en el artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016.

La DIAN indica que el reintegro debe solicitarse inicialmente al notario que actuó como agente retenedor, conforme al artículo 1.2.4.16 del Decreto 1625 de 2016. Si se niega, no se resuelve o es materialmente imposible, el interesado podrá acudir a la Administración Tributaria bajo el artículo 850 del Estatuto Tributario. El cambio de notario debe evaluarse para determinar si impide el reintegro.

“En consecuencia, se concluye que las valorizaciones o desvalorizaciones informadas respecto de una inversión no constituyen, por sí mismas, ingresos gravados o pérdidas fiscalmente reconocibles. Su incidencia en el impuesto sobre la renta dependerá de las reglas de realización aplicables al respectivo contribuyente, activo o vehículo.”

“Lo anterior no impide que dichas variaciones incidan en el valor patrimonial del derecho poseído. Para establecer este efecto debe acudirse a las reglas de valoración previstas en los artículos 267 y siguientes del E.T. y a las disposiciones especiales aplicables a cada vehículo. Dichas reglas de valoración deberán observarse, en lo pertinente, para determinar el valor del patrimonio poseído a primero (1.°) de enero de cada año que integra la base gravable del impuesto al patrimonio, sin perjuicio de las reglas especiales previstas para dicho tributo.”

La DIAN aclara que un convenio especial de cooperación no concede por sí mismo beneficios de IVA. La exclusión o exención de armas, municiones y otros bienes destinados a la defensa nacional requiere cumplir los presupuestos legales sobre naturaleza, destinación y uso exclusivo. Si adquiere o importa un tercero por cuenta de la Fuerza Aérea Colombiana, debe existir soporte jurídico y documental y la certificación exigida por el Ministerio de Defensa.

“Por lo expuesto, este Despacho reconsidera el criterio expuesto en el Oficio DIAN No. 48261 del 31 de julio de 2012, en el sentido de precisar que el requisito de reinversión previsto en el literal a) del numeral 2 de la sección VI Ad. al artículo 10 del Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y el Reino de España no recae sobre el sesenta y cinco por ciento (65%) de los dividendos distribuidos.”

“Se precisa, además, que el análisis debe partir del régimen interno vigente en 2005, conforme al cual era necesario distinguir entre: (i) dividendos provenientes de utilidades ya gravadas en cabeza de la sociedad, supuesto en el que no se activa la regla especial del Protocolo; y (ii) dividendos provenientes de utilidades no gravadas en cabeza de la sociedad, caso en el cual sí opera la remisión al parágrafo 1 del artículo 245 del Estatuto Tributario.”

“En consecuencia, cuando se trate de esta segunda hipótesis, la exigencia de reinversión debe entenderse referida exclusivamente a la parte del dividendo vinculada a la tarifa especial prevista en el parágrafo 1 del artículo 245 del Estatuto Tributario, vigente para la época de la distribución o causación correspondiente.”

La DIAN señala que la prestación gratuita de servicios profesionales y el otorgamiento temporal de licencias de uso de software sin cesión de derechos patrimoniales no dan lugar al descuento tributario por donaciones del artículo 257 del Estatuto Tributario.

Deducción por primer empleo.

También precisa que la deducción del 120% por primer empleo del artículo 108-5 procede únicamente en el año de contratación y, si el trabajador cumple 28 años durante ese año, hasta el día anterior a su cumpleaños.

La DIAN señala que las actuaciones de cobro, fiscalización y notificación se rigen por las disposiciones especiales del Estatuto Tributario. Examina las reglas sobre notificación electrónica, poderes conferidos por mensaje de datos y derecho de defensa, teniendo en cuenta la Ley 2213 de 2022 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

“La transferencia de utilidades – correspondientes a rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional colombiana– que realiza una sucursal en Colombia a una entidad extranjera domiciliada en Perú que es su oficina principal, se encuentra gravada con el impuesto sobre la renta en Colombia, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto Tributario (ET), y toda vez que, acorde con el artículo 6 de la Decisión 578 de 2004 de la Comunidad Andina, los beneficios empresariales son gravados en el país miembro en cuyo territorio se generaron.”

“La excepción de practicar la retención en la fuente establecida en el parágrafo 3 del artículo 242-1 del ET no es aplicable en la transferencia de utilidades que realiza una sucursal en Colombia a una entidad extranjera domiciliada en Perú que es su oficina principal, pues no se trata de dos supuestos sustancialmente comparables, lo cual es un requisito necesario para dar aplicación a la cláusula de no discriminación del artículo 18 de la Decisión 578 de la Comunidad Andina.”

La DIAN distingue la adquisición onerosa de derechos herenciales de la recepción de herencias o legados. Los beneficios del artículo 307 del Estatuto Tributario no se trasladan automáticamente al cesionario. Tampoco procede trasladar los reajustes fiscales del artículo 70 al derecho herencial incorporal ni, automáticamente, a los bienes adjudicados.

“Conforme a lo establecido en el artículo 237 ibídem, se debe sustraer o restar el valor del impuesto sobre la renta y complementarios efectivamente pagado durante el año gravable objeto de comparación, no basta con el solo reconocimiento contable.”

La DIAN precisa que el resultado negativo de la depuración puede aumentar la diferencia patrimonial por justificar, sin que ello implique automáticamente renta gravable cuando se acrediten otras causas justificativas.

La DIAN aclara los Oficios 092270 de 2008, 080497 de 2009 y 908626 de 2021, y reitera los Oficios 061505 de 2008 y 009146 de 2019.

La base especial del artículo 1.3.1.7.9 del Decreto 1625 de 2016 se aplica a contratos de construcción de bienes inmuebles, no a obras cuya finalidad sea simplemente mantener una edificación. Para actividades de reforzamiento estructural debe establecerse si corresponden, por su naturaleza, a construcción o mantenimiento.

La DIAN señala que debe comprobarse el pago íntegro de los componentes exigidos por el artículo 6, entre ellos el impuesto en discusión, el porcentaje de sanción aplicable y los intereses al 4,5 % anual. La imputación del artículo 804 del Estatuto Tributario no puede desconocer los valores del régimen especial cuando el contribuyente haya pagado correctamente.

La DIAN explica que la facturación por el contrato de colaboración, por sus integrantes o mediante mandato, debe reflejar la operación real y permitir identificar los ingresos atribuibles a cada miembro. La modalidad elegida no modifica el régimen de transparencia fiscal ni determina por sí sola el sujeto al que corresponde la retención en la fuente.

Las empresas de transporte habilitadas deben aplicar la retención sobre el valor del servicio consignado en el manifiesto electrónico de carga, para operaciones comprendidas en la Resolución 000008 de 2026 con vehículos de peso bruto superior a 10,5 toneladas, incluso si participan vehículos de terceros. La retención es imputable al impuesto sobre la renta y no se traslada a los propietarios de esos vehículos.

La DIAN informa que evalúa alternativas jurídicas, operativas y tecnológicas para establecer el mecanismo de devolución de diferencias tarifarias a contribuyentes de los sectores de educación, salud y asistencia social que declararon y pagaron oportunamente. Aún no se ha definido el procedimiento ni si será necesaria una gestión o corrección de la declaración.

La DIAN reconsidera el Concepto 012387 int. 1287 del 21 de julio de 2026 y concluye:

“La inclusión del Impuesto sobre las ventas -IVA causado en las importaciones dentro de la definición de tributos aduaneros del artículo 3 del Decreto 1165 de 2019 no modifica ni desvirtúa la su naturaleza jurídica de impuesto nacional, conforme el artículo 420 del Estatuto Tributario.”

“La clasificación del Impuesto sobre las ventas -IVA como tributo aduanero, su determinación y discusión mediante un procedimiento aduanero y la expedición del correspondiente acto administrativo bajo dicho régimen no se constituyen en los presupuestos que determinan la aplicación de las reglas de firmeza y ejecutoría de los actos administrativos para efectos de su cobro.”

“El Impuesto sobre las ventas -IVA causado por la importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos corresponde a un asunto de carácter tributario y, por ende, para efectos de su cobro aplican las reglas de firmeza previstas en el artículo 829 del Estatuto Tributario, así como la excepción al mandamiento de pago que establece el numeral 5 del artículo 831 ibídem.”

Una nota crédito validada por la DIAN no puede ser modificada, anulada ni sustituida mediante otra nota crédito o débito. Pueden generarse notas posteriores sobre la misma factura por razones propias de la operación, pero no para corregir o compensar notas anteriores. La validación no sustituye la responsabilidad del emisor respecto de la exactitud del documento.

La transferencia monetaria extraordinaria prevista en el artículo 26 del Decreto Legislativo 1417 de 2026 no está sometida al impuesto sobre la renta ni a retención en la fuente para el beneficiario, sin perjuicio de las responsabilidades tributarias de quien efectúe su pago.

La Secretaría Distrital de Hacienda, al resolver una solicitud de reconsideración, concluye:

“De acuerdo con lo expuesto, se niega la solicitud de reconsideración del Concepto 2026EE019184O1 del 20 de enero de 2026, habida cuenta de que la sentencia del 17 de julio de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no declaró su nulidad y, por tanto, la interpretación señalada en el numeral primero de la parte resolutiva solo es exigible a la Administración desde su ejecutoria, conforme lo disponen el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin perjuicio del análisis de cada caso en los términos del numeral 2 de las consideraciones.”

La Superintendencia precisa que la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST no es obligatoria para todas las sociedades, sino para quienes cumplen los criterios de la Circular Básica Jurídica. Una sociedad puede solicitar información a clientes y proveedores para la gestión de riesgos, pero ello no implica por sí solo una obligación legal general de entregarla. Deben observarse las reglas aplicables a la reserva y al tratamiento de datos.

La Circular Externa 100-000020 de 2026 integró SAGRILAFT y PTEE en el Capítulo IX. La Superintendencia señala que un representante legal, incluso para asuntos judiciales, no puede ser simultáneamente Oficial de Cumplimiento. Precisa requisitos de idoneidad y actualización de conocimientos, el reporte de principal y suplente y la obligatoriedad del suplente en el sistema pleno, no en el Régimen de Medidas Mínimas.

La designación de agentes retenedores de estampillas mediante ordenanza o acuerdo no exige convenio ni retribución.

“Cuando la actividad de explotación minera hace parte de un proceso industrial que implique la transformación del mineral en productos tales como, cemento, asfalto, ladrillo, bloques, etc. consideramos que la actividad es industrial en los términos del artículo 197 del Decreto Ley 1333 de 1986 y está gravada con el impuesto de Industria y Comercio en el municipio en donde se desarrolla la actividad de transformación.”

En el caso de alimento concentrado fabricado exclusivamente para autoconsumo avícola, la DAF indica que no habría obligación sustancial por ICA si no se generan ingresos de esa actividad; el municipio debe verificar los hechos.

La eventual modificación o revocatoria de la resolución distribuidora de valorización debe ser evaluada por la autoridad territorial competente.