Boletín Tributario #130

Ver columna de nuestro socio Gustavo Humberto Cote Peña, publicada en la edición del diario económico portafolio del 2 de agosto de 2026 titulada “Ilegalidades tributarias en la capital”, en el siguiente link:

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Igualmente con Sentencia C-220/2026 consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en el Decreto Legislativo 212 de 2026 con el objeto de reactivar los sistemas agroalimentarios, cadenas de suministro, el derecho a la alimentación y los medios de vida rurales en los territorios afectados por la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 150 de 2026 se encuentran, en general, justificadas, en tanto se apliquen en los municipios efectivamente impactados y durante el tiempo que se requiera para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Algunas medidas, sin embargo, se declararon inexequibles por no superar el control material a cargo de la Corte Constitucional, y otras se sujetaron a la satisfacción de condiciones adicionales.

(…) se pone de presente que, mediante la sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-00932, esta Sección fijó como regla que el hecho generador del impuesto de alumbrado público es ser usuario potencial receptor del servicio, entendido como la persona natural o jurídica que forma parte de una colectividad porque reside, tiene domicilio o, al menos, un establecimiento físico en determinada jurisdicción municipal, sea urbana o rural, y se beneficia directa o indirectamente del servicio.

(…)

Está probado que, en la construcción encerrada con una malla (que la apelante de nominó como una caseta), localizada en el territorio del municipio demandado, se encuentra una válvula (denominada San Pablo), la cual se encuentra conectada a un oleoducto.

Sin embargo, este tipo de activos no corresponden a un establecimiento físico, exigido por la subregla d) de la sentencia de unificación, en tanto que no consiste en una oficina o sede de la empresa, en el que se desarrolle su objeto social45. Debe tenerse en cuenta que la Sección ha indicado que no puede ´confundirse el oleoducto, esto es, las “tuberías” utilizadas para el transporte de hidrocarburos, con un establecimiento físico en el que la demandante desarrolle su objeto social o “centro de operaciones”, como lo pretende el apelanteª46. Este criterio se extiende ante la presencia de una válvula del oleoducto en el territorio de la demandada, la cual se utiliza para regular el flujo de la comunicación entre dos partes de un sistema o máquina, y que impide el retroceso de un fluido (…)

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La UGPP señaló que el proceso de fiscalización que dio lugar a los actos demandados culminó debido a la aplicación de la figura de la terminación por mutuo acuerdo prevista en el artículo 316 de la Ley 1819 de 2016, tal como constaba en la resolución PAR 1826 del 18 de diciembre de 2018, sin embargo, el interesado no retiró la demanda y tampoco informó sobre la existencia estas actuaciones.

(…).

De lo anterior se desprende que sí está acreditado que el proceso de determinación terminó por mutuo de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 316 de la Ley 1819 de 2016, razón por la cual la Sección carece de competencia para examinar la legalidad de los actos de liquidación oficial.

Se destaca que en el fallo de primera instancia se indicó que no era procedente reconocer la terminación en cuestión dado que no se presentó solicitud de retiro o desistimiento de la demanda, sin embargo, lo cierto es que según el artículo 281 del Código General del Proceso en la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho extintivo o modificativo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio ocurrido después de haberse propuesto la demanda y, en este caso, se está en presencia de la terminación en sede administrativa.

(…) la documentación allegada se limita a registros y documentos de origen interno, tales como libros auxiliares, balances de prueba, estados financieros, comprobantes de contabilidad y demás reportes contables. Si bien estos documentos reflejan el registro de determinadas operaciones en la contabilidad de la sociedad, por sí solos no constituyen documentos idóneos de los pasivos, toda vez que carecen del respaldo documental externo que permita verificar su efectiva existencia frente a terceros.

(…).

De igual manera, el certificado suscrito por el revisor fiscal tampoco desvirtúa la falta de documento externo, por cuanto su contenido se circunscribe a dar cuenta de la información consignada en la contabilidad de la demandante y de los saldos allí registrados, sin que acrediten de manera directa la existencia material de los pasivos ni hagan referencia a la verificación de los documentos externos que debían respaldarlos.

En cuanto a la supremacía de la contabilidad como medio de prueba que alega la demandante, de acuerdo con los artículos 772, 773, 774, 775 y 776 del Estatuto Tributario19, se aclara que en el presente caso no se discute la información contable, sino el soporte de pasivos en la declaración del impuesto sobre la renta del año 2018, lo cual implicó la diferencia patrimonial hallada por la DIAN y la consecuencia de la renta gravable. En efecto, de acuerdo con el artículo 770 del Estatuto Tributario -norma especial- requiere de soportes internos y externos, que no fueron remitidos por la demandante. En consecuencia, se reitera como se explicó previamente, que solo la prueba contable no es suficiente para probar los pasivos declarados, sino que se requiere de soportes externos.

Por lo razonado en precedencia, se establece que, en este caso, la ESE demandada no tenía competencia para adelantar el proceso de cobro coactivo contra Seguros Generales Suramericana SA, con el fin de recaudar acreencias derivadas de la prestación de servicios de salud a víctimas de accidentes de tránsito amparadas por pólizas de Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), al encontrarse dichas obligaciones

excluidas de la facultad de cobro administrativo coactivo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.

(…), la jurisprudencia civil ha concretado que, cuando el legislador establece que un determinado sujeto es responsable subsidiario, la subsidiariedad implica que el acreedor podrá reclamar al deudor subsidiario solamente los créditos que no haya podido asumir el deudor principal.

Esta Sala de decisión ha considerado que: «A diferencia de la responsabilidad solidaria, en la subsidiaria no se puede elegir libremente a quien requerir, sino que exige que la DIAN reclame primero la deuda al obligado principal. Así, el subsidiario responde sólo si el principal no lo hace».

A partir de lo anterior, la Sala comparte lo decidido por el Tribunal, en cuanto concluyó que no era procedente adelantar con posterioridad un procedimiento de revisión respecto de una obligación ya determinada mediante liquidación oficial de aforo. En efecto, no resulta de recibo el argumento del municipio según el cual dicha liquidación sustituyó la declaración privada y, por ende, se tornó susceptible de modificación a través de una liquidación oficial de revisión, toda vez que, conforme al marco normativo y jurisprudencial expuesto, ambas figuras responden a supuestos distintos y excluyentes.

En la misma línea interpretativa, la Corte Constitucional en Sentencia C-086 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio ha dicho que la carga de la prueba implica que cada parte tiene el deber de aportar y explicar los medios probatorios que acreditan los hechos en los que sustenta sus pretensiones o defensas, pues no basta con afirmarlos ni confiar en que el juez los tenga por ciertos. Por ello, quien incumple este deber asume las consecuencias adversas de la falta de demostración, dado que el proceso no premia la inercia ni la mera estrategia litigiosa, sino la diligencia de las partes en la acreditación de los presupuestos

fácticos de las normas cuyo reconocimiento pretenden. Con el mismo criterio se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia.

1. DECLARAR la nulidad del numeral 20 del concepto 100208192- 202 del 22 de marzo de 2024 contentivo de la octava adición al concepto general sobre el impuesto sobre la renta a cargo de las personas jurídicas con motivo de la Ley 2277 de 2022, capítulo VI -Tasa Mínima de Tributación proferido por la DIAN.

2. NEGAR la pretensión de nulidad del numeral 12 del Concepto 100208192- 202 del 22 de marzo de 2024 contentivo de la octava adición al concepto general sobre el impuesto sobre la renta a cargo de las personas jurídicas con motivo de la Ley 2277

(…). (Subrayado fuera del texto)

La Sala establece como criterio interpretativo de esta providencia que los requisitos

previstos en el artículo 177-2 del ET para la procedencia de costos y deducciones solo aplican respecto de operaciones gravadas con IVA, esto es, aquellas que generen el impuesto a la tarifa general o diferencial, lo que no incluye las operaciones que el legislador haya determinado como exentas. (Subrayado fuera del texto)

Intereses en préstamos a sociedades vinculadas. Tasa de interés. Moneda y mercado del deudor frente a costo de oportunidad del acreedor. Calificación crediticia. Selección

de comparables y asociación pasiva o apoyo implícito del grupo. Alcance del recurso de apelación.

La DIAN aclara que, cuando el socio oculto es un patrimonio autónomo o fideicomiso, las retenciones deben trasladarse a cada beneficiario que sea contribuyente o declarante. Si el beneficiario no es contribuyente o declarante del impuesto sobre la renta, el socio gestor podrá imputar la totalidad de la retención correspondiente a esos ingresos.

La DIAN añade que no es posible arrastrar un saldo a favor entre el impuesto sobre la renta y el SIMPLE, por tratarse de impuestos diferentes. Distinto es el anticipo a título de renta determinado para el período en que se optó por el SIMPLE, cuyo valor sí puede disminuirse en la declaración del SIMPLE conforme a la reglamentación aplicable.

La DIAN precisa que la tarifa es del 2,5% para otros ingresos provenientes de la enajenación de bienes raíces o inmuebles que no se destinen o usen como vivienda de habitación, sin distinguir entre activo fijo o activo movible. La obligación de retener no cambia porque la persona jurídica adquirente sea extranjera y no tenga domicilio o residencia fiscal en Colombia.

“El ingreso para la parte beneficiaria final de los activos en custodia se realiza en el momento en que se cumple la condición pactada y se produce la liberación de los recursos, salvo que exista una regla especial de realización prevista en la ley, caso en el cual esta prevalecerá.”

“La retención en la fuente, cuando sea procedente, debe ser practicada por quien intervenga en la operación de pago en calidad de agente retenedor, de acuerdo con la realidad económica de la transacción. En el contrato de escrow, dicha calidad recae, por regla general, en el agente escrow al momento de la liberación de los recursos, siempre que reúna los requisitos legales para actuar como agente de retención.”

“La actividad desarrollada por el agente escrow constituye una prestación de servicios gravada con el impuesto sobre las ventas –IVA, en la medida en que implica una obligación de hacer remunerada y este sea responsable del tributo. En consecuencia, la base gravable del impuesto se determina exclusivamente sobre la comisión, honorarios o remuneración percibida por dicho agente.”

“La recepción de activos por parte del agente escrow para su custodia no genera, por sí misma, la obligación de expedir factura electrónica de venta, en la medida en que no corresponde a la venta de bienes ni a la prestación de un servicio en favor de quien entrega los recursos. No obstante, el agente escrow deberá facturar electrónicamente la comisión, honorarios o remuneración que perciba por la prestación del servicio, en los términos de la normativa vigente siempre que sea un obligado a facturar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 615 del ET y normas que lo desarrollan.”

“Los recursos administrados mediante un contrato de escrow, cuando provienen del exterior o se liberan hacia el exterior, deberán canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario únicamente en la medida en que correspondan a operaciones de cambio sujetas a dicha obligación conforme a la normativa vigente. En consecuencia, la utilización del contrato de escrow no determina, por sí misma, la obligación de canalización, la cual dependerá de la naturaleza de la operación subyacente que origina el flujo de divisas.”

“Por regla general no. La intervención del agente escrow se limita a la custodia y liberación condicionada de recursos, sin participación en la realización del hecho generador ni en la obtención del ingreso gravado, y en principio, no encuadra en los supuestos legales de responsabilidad solidaria, por lo que no sería considerado responsable solidario por los tributos derivados de la operación subyacente. Lo anterior, sin perjuicio de las particularidades de los casos específicos cuyas condiciones podrían configurar los supuestos de la responsabilidad solidaria.”

Como contexto, la DIAN caracteriza el escrow como un contrato atípico e instrumental de custodia condicionada, cuyo tratamiento tributario debe analizarse según sus condiciones contractuales y la operación subyacente.

La retención debe distribuirse proporcionalmente entre los partícipes conforme a su participación en el contrato. Dado que el partícipe oculto ZESE no interviene en la facturación, si no se suministra al agente retenedor la información exigida para aplicar la tarifa especial ZESE, este debe aplicar la tarifa plena; ello sin perjuicio de la devolución, compensación o arrastre de saldos a favor que proceda.

Revelaciones y tratamiento de los activos. Los bienes adquiridos con los recursos de la subvención conservan los criterios del marco técnico aplicable para reconocimiento, medición posterior, depreciación y revelación. La entidad deberá revelar la naturaleza de la subvención, las políticas contables aplicadas y las restricciones o condiciones asociadas.

“Cuando un mismo profesional interviene en la preparación o certificación de la información financiera y, simultáneamente, ejerce funciones de revisor fiscal respecto del mismo período, deberán evaluarse las amenazas al cumplimiento de los principios de ética e independencia previstas en el marco normativo aplicable. Las consultas relacionadas con la legalidad de actuaciones particulares, la validez de los estados financieros, la determinación de incumplimientos, la imposición de sanciones o la atribución de responsabilidades corresponden a las autoridades corresponde a las autoridades competentes y excede las funciones de orientación técnica y doctrinaria asignada al CTCP.”

Competencia de vigilancia y control. Los asuntos disciplinarios relacionados con la actuación de contadores públicos o revisores fiscales corresponden a la Junta Central de Contadores; los posibles incumplimientos de la Ley 675 de 2001 en materia de propiedad horizontal deben plantearse ante la autoridad municipal o distrital competente.

El CTCP precisa que, cuando el salario es fijo y no existen factores salariales variables, los intereses sobre cesantías se causan mensualmente al 12% sobre la provisión mensual de cesantías, equivalente al 1% del salario mensual; no al 1% sobre el valor provisionado de cesantías. Las diferencias deben ajustarse en el período en que se determinen, sin que el CTCP prescriba cuentas específicas del plan de cuentas.