Boletín Tributario 112

Com. Superfinanciera /2025

“5- Por lo razonado en precedencia, la Sala fijará como contenido interpretativo de la presente decisión que las sentencias de nulidad de actos generales surtirán efectos sobre situaciones jurídicas no consolidadas, lo cual cubre los eventos en los que la autoridad al momento de la providencia de nulidad simple no ha obtenido el pago de las deudas contenidas en resoluciones administrativas particulares fundadas en la norma expulsada del ordenamiento jurídico. Lo anterior, por cuanto al desaparecer el sustento de hecho o de derecho de los actos, estos perderán su fuerza ejecutoria, conforme al ordinal 2 del artículo 91 del CPACA, situación que no atañe a un aspecto de la legalidad del acto, sino de su exigibilidad.”

“En efecto, el artículo 189 de la Ley 223 de 1995, prevé que la base gravable del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas está constituida por el precio de venta al detallista, el cual contiene diferentes componentes para su determinación, como lo es el precio de fábrica a nivel del productor, y el margen de comercialización desde su salida de la fábrica hasta su entrega al expendedor al detal.

En ese sentido, independientemente que el producto o la mercancía se entregue en puerta de fábrica, esta circunstancia no releva de dar cumplimiento a la base dispuesta por el legislador, que incluye el margen de comercialización. Es decir, el costo de transporte de desde la salida de fábrica hasta la entrega al distribuidor se debe incluir en la base gravable del tributo, sin importar el modelo de negocio adoptado por el fabricante.”

“La Sala observa que en relación con lo manifestado en la apelación, los actos demandados se impusieron en forma concurrente las sanciones por inexactitud y por no envío de información. Al respecto, debe precisarse que, mientras la primera se origina, en general, por la inclusión en la declaración de datos o factores inexistentes, equivocados, incompletos o desfigurados, la segunda deriva del incumplimiento por parte del contribuyente del deber de remitir información a la Administración Tributaria en forma regular u ocasional.

Como se advierte, la sanción por no informar opera cuando el contribuyente no allega la información requerida, lo cual puede derivar en la imposición de la multa y en el desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones.

Debe tenerse en cuenta que el artículo 651 del Estatuto Tributario18, vigente para la época de los hechos19, además de contemplar en el numeral 1 el valor de la multa, prevé en el numeral 2 “el desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones20”, como consecuencia de la no remisión de la información requerida por esos conceptos. 

Lo anterior, dado que la Administración debe verificar la inexactitud de la declaración y constatar la inexistencia o los errores de los datos registrados en el denuncio para que pueda aplicarse el hecho sancionable, el cual no puede derivarse del simple incumplimiento del deber de informar.

En ese sentido, de la DIAN se exige una conducta proactiva en la verificación de los datos consignados en la declaración para que puedan constatarse los hechos sancionables previstos en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Y ello es así, porque la omisión en la entrega de información no da lugar a una conducta inexacta, pues no existe prueba que pueda valorarse para determinar la inclusión en la declaración de datos o factores inexistentes, equivocados, incompletos o desfigurados, por eso en este caso (falta de envío de información), lo que aplica es la sanción por no informar. “

“Se acudirá a las reglas de unificación jurisprudencial fijadas en la sentencia de 05 de diciembre de 2024.

(…)

2- En la mencionada sentencia de unificación, previo análisis de las posturas del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional acerca de la figura de la revocación directa y su procedencia, se establecieron los criterios a partir de los cuales se determina si el acto administrativo que revoca parcial o totalmente otro -de oficio o a solicitud de parte-, es susceptible de control judicial, en concreto, se consideró lo siguiente:

(…) se establecieron como reglas de unificación jurisprudencial, las siguientes:

1. Los actos administrativos que decidan, de oficio o solicitud de parte, sobre la revocatoria directa de otros actos administrativos no son pasibles de control judicial.

2. Se exceptúan de la regla anterior los actos de revocación que incluyan situaciones nuevas respecto del actos iniciales, siempre que lleven a modificarlos total o parcialmente, caso en el cual serán susceptibles del control judicial, pero únicamente respecto a la decisión novedosa y sin que pueda discutirse la legalidad de los demás planteamientos del acto inicial objeto de la revocatoria.

3. Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites pendientes de resolver en vía judicial. No podrán aplicarse a conflictos previamente decididos.”

“Por lo razonado en precedencia, la Sala declarará la nulidad parcial del concepto acusado por haber vulnerado el artículo 107 del ET, interpretado conforme a la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-005 del 26 de noviembre de 2020 (exp. 21329, CP: Julio Roberto Piza), de esta Sección. Así, porque el principio de capacidad contributiva exige que se conceda una deducción de la renta bruta en las situaciones excepcionales en las que el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero recaiga sobre ingresos de fuente colombiana y esa circunstancia haya frustrado la aplicación del descuento tributario reglado por el artículo 254 del ET. Por ende, se declarará la nulidad parcial respecto de los apartes que impiden dicha deducción en los términos mencionados, siempre que no medie un convenio para evitar la doble imposición o una regla de derecho comunitario.”

“[…] la Cruz Roja Colombiana podría catalogarse como una entidad de beneficencia para efectos del impuesto de industria y comercio en relación con las actividades de servicio que realice en el marco de las funciones asistenciales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 201 citado si esta entidad realiza actividades comerciales o industriales, deberá tributar por dichas actividades.”

“[…] los artículos vendidos a las sociedades de comercialización internacional son productos destinados a la exportación y por tanto no sujetos al impuesto de industria y comercio, siempre y cuando cuenten con el certificado al proveedor y los bienes respectivos sean efectivamente exportados dentro del término establecido legalmente.”

“El artículo 25 de la Ley 9 de 1983 correspondiente al artículo 37 del Estatuto Tributario, fue derogado mediante el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.”

“El parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 388 de 1997 se encuentra vigente.”

 “Después de entrar en vigor la Ley 1819 de 2016 la utilidad que se genere a consecuencia de la enajenación de inmuebles destinados a proyectos VIS o VIP no constituirá renta de acuerdo con lo establecido en literal a del artículo 235-23 del Estatuto Tributario.”

“El IVA descontable únicamente puede ser aplicado por el sujeto que directamente adquiere los bienes o servicios que generan este impuesto de acuerdo con los artículos 485 y 488 del Estatuto Tributario (ET). En contratos de colaboración empresarial innominados, el IVA descontable no puede distribuirse entre los partícipes si estos no son quienes efectuaron la adquisición gravada, ya que el descuento del IVA requiere que este haya sido facturado específicamente al sujeto que lo imputa como descontable.”

 “Con base en la decisión del Consejo de Estado [Sent. 26085/2024], las retenciones en la fuente practicadas con ocasión de los contratos de cuentas de participación podrán ser imputadas proporcionalmente entre el socio gestor y los socios ocultos.”

4. La deducibilidad de los costos y gastos respaldados por el DSNE está condicionada a su generación y transmisión dentro de los plazos establecidos. No obstante, si la transmisión extemporánea se realiza antes de la presentación de la declaración de renta, el soporte de los costos y deducciones será válido, siempre que se demuestre la relación laboral y el pago o abono en cuenta correspondiente.”