Periodismo y seguridad
Para estimular la presencia de nuevos agentes económicos e inversión en el país, debe imperar la ‘seguridad’ en todas sus dimensiones.
Esta debe estar presente en la mente colectiva e individual y percibirse como un ingrediente natural del desenvolvimiento de las actividades diarias.
El derecho existe para facilitarla, y el Estado, actuando dentro de la ley y la Constitución, debe hacerla una realidad.
Este concepto se materializa a través de la estabilidad de las normas jurídicas; la disminución de atentados contra la vida, honra y bienes de los ciudadanos; la prevención de delitos de cualquier índole; el control y la sanción a la corrupción pública; de una pronta y eficiente administración de justicia; del comportamiento ejemplar de los miembros del Congreso, alto Gobierno Nacional o territorial, las altas cortes y la judicatura.
Pero ella no solo compete al Estado. En esta labor inciden, en forma importante, otros agentes sociales.
Es reconocido el carácter de ‘cuarto poder’ que encarnan los medios de comunicación y, con ellos, los periodistas, quienes por su gran influencia en la sociedad tienen la obligación de actuar con suma prudencia, seriedad y objetividad.
En Colombia, gracias a quienes se dedicaron en el pasado y se dedican hoy al ejercicio responsable y profesional de esta tarea, se han logrado impulsar gestas por la recuperación moral del acontecer político nacional, se han conocido los peores casos de la corrupción pública y se ha orientado el camino colectivo y pacífico del descontento generalizado frente a acciones que atentan directamente contra el colombiano del común y sus instituciones, como fue el caso de la protesta estudiantil por el intento de privatizar la universidad pública, y la reacción reciente de rechazo al espectáculo grotesco de la reforma a la Justicia.
En una intervención radial, una ilustre periodista presentaba una descripción apocalíptica del panorama nacional en materia de orden público, mostrándolo como si de la noche a la mañana se hubiera pasado de un ambiente de total paz y tranquilidad a uno de arreciado conflicto e inseguridad.
Esta clase de intervenciones pierden de vista que no es cierto que en los años anteriores al 2010 se hubieran eliminado totalmente las acciones violentas de los grupos al margen de la ley y que el actual Gobierno y sus Fuerzas Armadas no estén actuando con firmeza y contundencia contra ellos.
A pesar de la negativa oficial en la época del anterior Gobierno, informes de los organismos de seguridad y de organizaciones civiles anotan la presencia en los años 2002 a 2010 de un gran número de atentados cometidos por grupos ilegales, que, incluso, permitieron la calificación de ‘terroristas’ a las Farc en escenarios internacionales.
A su paso, es conocido el total descalabro que en esos años presentó la seguridad urbana.
Desafortunadamente, como alguien decía, “los colombianos tenemos memoria de 24 horas”. Pero, a pesar de este conflicto, de ayer y de hoy, los negocios han continuado y la economía nacional ha mantenido su rumbo.
Poco favor se hace al país con esta clase de opiniones públicas, pues terminan convirtiéndose en factor adverso para atraer inversión y orientando los nuevos proyectos productivos a otras latitudes.
Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian
