Boletín Tributario 110

Crea incentivos tributarios para empresas que capaciten a empleados en IA. El proyecto contempla la disminución en 3 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto de renta a las empresas que efectúen dicha capacitación.

Modifica el art. 19-4 del E.T. que regula la tarifa de renta de los entes cooperativos y de las asociaciones mutuales.

Modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los criterios para determinar la calidad de vinculados a los establecimientos de crédito, los mecanismos para la identificación y gestión de las transacciones de estos con sus vinculados y se modifica el régimen de transición contenido en el Decreto 1533 de 2022.

Reglamenta parcialmente el artículo 260-7 del Estatuto Tributario y se sustituye el artículo 1.2.2.5.1. del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionado con la determinación de las jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales. 

Adiciona el parágrafo 5 al artículo 1.2.1.28.4.5. de la Sección 4 del Capítulo 28 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 y se sustituye el artículo 1.2.4.39. del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1, ambos del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionados con el mecanismo de recaudo del impuesto sobre la renta y complementarios para sujetos con Presencia Económica Significativa -PES en Colombia.

Señala los plazos para remitir los Estados Financieros de Propósito General con corte 2024, en el 2025, con base en los dos últimos dígitos del NIT de la Entidad Empresarial.

“Dicha interpretación resulta consistente con los pronunciamientos que en el mismo sentido ha proferido la Corte Constitucional con base en los cuales la notificación por medios electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos. Con fundamento en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 205 del CPACA, el término de dos (2) días hábiles siguientes a que se refiere la norma empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o, en su defecto, pueda por otro medio establecerse que el destinatario tuvo acceso al mensaje. Los términos para interponer los recursos deben empezar a contarse a partir del día siguiente al de la notificación así entendida.”

“A raíz de los cambios introducidos en la Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria), los usuarios que manejen cuentas bancarias tendrán un cambio importante en el cobro del 4X1000 a partir del 13 de diciembre de 2024. Recordemos que el 4×1000 es un impuesto nacional en el cual por cada COP $1.000 que haga parte de un movimiento financiero, se debe pagar COP $4.

Puntualmente, el cambio se debe a que ya no es necesario marcar una única cuenta como exenta del impuesto 4X1000, sino que una persona estará exenta de dicho pago si en entre todas las cuentas que estén a su nombre mueve menos de COP $16,47 millones, independiente de la cantidad de cuentas bancarias que tenga.”

“De acuerdo con el criterio expuesto, la Sala destacó en el precedente reiterado que «las Autoridades Tributarias tienen como obligación de carácter constitucional el cumplimiento de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, que se concretan con el principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma», de manera que, en este caso, la DIAN procedió de acuerdo con los mencionados principios constitucionales al determinar que la realidad de las transacciones en discusión consistía en la venta de bienes corporales muebles gravados con IVA, y no el cumplimiento de un contrato de usufructo.”

“La Sala advierte que la notificación por edicto fue prematura, puesto que el edicto fue fijado el 25 de noviembre de 2020, cuando debió fijarse el 27 de noviembre del mismo año; esto es, una vez transcurrido en su totalidad el término para la notificación personal del acto que resolvía el recurso de reconsideración. Está probado, entonces, que sí se cometió una irregularidad en la notificación, pues el edicto se fijó cuando aún no se había agotado la oportunidad procesal para que la demandante compareciera a las oficinas de la administración a notificarse personalmente de la decisión que agotaba la discusión en sede administrativa.

(…)

En oportunidad anterior, la Sala precisó que el plazo de “un año”, previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario es un término preclusivo, porque el artículo 734 del Estatuto Tributario establece que se configura el silencio administrativo positivo ante su incumplimiento. Al ser un término preclusivo, se entiende que al vencimiento del mismo, la administración pierde competencia para manifestar su voluntad, y en ese orden, el acto que se expide sin competencia temporal para ello deviene nulo.

Ahora bien, en relación con el momento en el cual debe entenderse la interposición en debida forma del recurso de reconsideración, la jurisprudencia de la Sala ha sido unánime en indicar que debe tenerse en cuenta la fecha de su interposición como lo señala el artículo 732 Estatuto Tributario; es decir, en la que el contribuyente presenta el recurso ante la administración.”

“La motivación implica, entonces, que la manifestación de la Administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; de manera que, los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos, en el sentido de que permitan apreciar con exactitud los motivos determinantes de la decisión. Por su conducto se realizan, entre otros, los mandatos y garantías que consagran los artículos 1, 29, 123 y 209 constitucionales.

(…)

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que los actos administrativos incurren en falta de motivación, en la medida que no señalan de manera clara, precisa e inequívoca, cuáles eran las circunstancias fácticas y las pruebas que determinaron el contenido y el sentido de la decisión. Y ello es así, porque como lo advirtió la actora y el Tribunal, en los actos acusados no es posible determinar de dónde surgen las mayores cantidades de productos gravados establecidas por la Administración. ”

“… al margen de la anterior regulación proferida en épocas de normalidad, para el caso analizado, se hace menester revisar la situación bajo el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el Gobierno mediante el Decreto 417 de 2020, …

… Así, la Sala puntualizó que la implementación de la notificación electrónica que ya incorporaba la Ley 1943 de 2018 tuvo desarrollo con la Resolución 000038 de 2020 que expidió la demandada, pero esta junto con la que traía la normativa del Estatuto Tributario estaba prevista para un estado de normalidad, esto es: «… “cuando finalice la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social”5, en cambio, la notificación electrónica determinada desde el decreto legislativo 491, estuvo prevista para la notificación de todos los actos administrativos durante la emergencia por Covid 19. De esa forma, si las autoridades pretendían dar aplicabilidad a la anotada resolución debieron hacerlo de forma compatible con la medida decretada por la emergencia sanitaria que duró entre abril del 2020 y hasta junio del año 20226, pues téngase presente que la reglamentación de la directriz prevista para notificaciones durante el estado de confinamiento por parte de la demandada se dio mediante la Resolución 000058 de 2020» (exp. 28343, CP: Wilson Ramos Girón).

(…)

4.1- En ese orden de ideas, la Sala estima que la notificación subsidiaria del edicto desfijado el 09 de diciembre de 2020 inobservó las medidas para notificar las actuaciones, en vigencia del estado de emergencia sanitaria …”

“De esta forma, para el caso bajo examen, en virtud del contrato de mandato celebrado con representación, quienes desarrollaron la actividad comercial de producción primaria agrícola fueron los mandatarios.

De ese modo la Sala encuentra que no está acreditada la realización de una actividad comercial por parte de la demandante, pues al actuar en nombre de sus mandatarios, quienes son los productores conforme el contrato de mandato, está desarrollando una actividad primaria y, por tanto, no sujeta al ICA.”

“En ese sentido, el solo hecho de que la demandante utilice bienes para desarrollar su actividad económica en virtud del contrato de concesión no implica la sujeción pasiva del impuesto, porque la estación de peaje no es un establecimiento físico con el cual se acredite que la concesionaria resida en el municipio, sino que, como se analizó, se trata de infraestructura de propiedad de la Nación.”

“4- Por lo razonado en precedencia, la Sala reitera que el certificado de revisor fiscal constituye una prueba idónea de la territorialidad del hecho generador de las actividades gravadas con ICA sin perjuicio de la facultad que tiene el ente territorial de hacer las comprobaciones pertinentes…”

“Los apartes del contrato a los que alude la apelante no desvirtúan que las comisiones que percibió la actora se originaron por la prestación del servicio de intermediación en Colombia y que fue utilizado íntegramente en el extranjero por la sociedad contratante uruguaya, porque era esta la que proveía la asistencia para viajes en el extranjero a los viajeros colombianos. Igualmente, para la Sala las gestiones adicionales hacían parte de la intermediación exportada porque fueron convenidas contractualmente. Respecto de los ingresos propios que obtuvo la actora en la venta directa de servicio de tarjetas de asistencia viajera, se observa que estas fueron declaradas por la contribuyente y que contablemente hubo registro de tales operaciones; luego, ello no desvirtúa que las operaciones de intermediación a la compañía uruguaya sí eran exentas, en tanto que se trató de la exportación de un servicio.”

“El descuento condicionado (bonificación por volumen) recibido al momento de la compra debe registrarse como un menor valor del costo del inventario. Sin embargo, si la bonificación se recibe después de que el inventario ya ha sido reconocido, es necesario identificar qué parte de la bonificación corresponde a productos que aún están en inventario y qué parte ha sido llevada al costo de ventas. Esto permitirá definir la cuenta a la que debe aplicarse el ajuste por el menor valor.”

“La prima en colocación de acciones, o prima de emisión, se entiende como la diferencia positiva entre el valor nominal y el valor pagado por cada uno de los instrumentos de patrimonio propios. Esta prima no constituye capital ni un pasivo, y su reconocimiento contable debe realizarse en un rubro separado dentro del patrimonio. Respecto a préstamos subordinados, la NIC 32 (párrafos 16, 16A, 16B y 16C) establece que un instrumento se clasifica como patrimonio solo si no conlleva una obligación contractual de entrega de efectivo u otros activos y, en caso de liquidarse, puede hacerse mediante la entrega de instrumentos de patrimonio propio de la entidad en términos fijos.”

“[…] la facultad sancionadora de las entidades territoriales se enmarca en el régimen sancionatorio del Estatuto Tributario Nacional y a los municipios solamente le es dado disminuir el monto de las sanciones y simplificar los procedimientos de acuerdo con la naturaleza de sus tributos. De esta forma, se precisa que las entidades territoriales deben aplicar el régimen sancionatorio del Estatuto Tributario Nacional, ajustando las sanciones allí establecidas a los impuestos de nivel territorial, pero siempre dentro del marco del Estatuto Tributario Nacional.”

“Los criterios establecidos en el Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas – IVA (Concepto 001 de 2003) son aplicables para determinar si un bien específico está gravado con la tarifa del 5% según lo dispuesto en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario.”

“Están exentos del impuesto sobre las ventas -IVA los contratos firmados antes de la promulgación de la Ley 2428 de 2024, siempre que (i) se trate de contratos en los cuales no se haya causado el IVA (en los términos del artículo 429 del Estatuto Tributario) y (ii) siempre que se cumplan con los requisitos específicos de la Ley 2428 de 2024.”

“Los contratos en los que se haya causado el IVA antes de la entrada en vigor de la Ley 2428 de 2024, en los términos del artículo 429 del Estatuto Tributario, no podrán acceder a la exención prevista en la Ley 2428 de 2024.

“Para los contratos con prestaciones de servicios parciales que aún no han sido facturados y en los que los servicios no han sido prestados en su totalidad (“terminación de los servicios”), a la luz del artículo 429 del Estatuto Tributario, les es aplicable el beneficio previsto en la Ley 2428 de 2024.”

“Frente al caso de los contratos que cumplan los requisitos específicos de la Ley 2428 de 2024 y sobre los cuales no se haya causado el IVA, es procedente la exención de la referida Ley. Lo anterior, en consideración a (i) la especialidad y posterioridad de la Ley 2428 de 2024; y (ii) el objetivo perseguido por el artículo 192 de la Ley 1819 de 2016.”

“La declaración de reconocimiento de los parentescos de crianza, acorde a los requisitos establecidos en la Ley 2388 de 2024, dará lugar a las deducciones por dependientes del artículo 387 del Estatuto Tributario, cuando la calidad de dependientes la ostenten el(la) hijo(a) de crianza, y/o el padre o madre de crianza, según las condiciones señaladas en los numerales 1, 2, 3 y 5 del parágrafo segundo del artículo 387 ibidem, que les sean aplicables.” 

“La deducción por dependientes del artículo 387 del Estatuto Tributario procede cuando el parentesco de crianza se reconoce, bien sea, mediante declaración por juez de familia, de acuerdo con el procedimiento de jurisdicción voluntaria, o, mediante escritura pública ante notario del domicilio de quien pretende reconocerse como hijo de crianza.”

“No es aplicable el [régimen de enajenaciones indirectas] de Colombia a una operación de venta local de acciones de una empresa chilena que es enajenada y adquirida por residentes fiscales en Chile, aun cuando esta tenga participación directa en una compañía colombiana. Esto se debe a que, conforme al apartado 5 del artículo 13 del CDI suscrito entre Colombia y Chile, la operación está sujeta a imposición únicamente en Chile.”