Boletín Tributario #131

Suspende la aplicación de dicho inciso a los resultados del proceso de auditoría de la matrícula reportada en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT en la vigencia 2026, exclusivamente para aquellas Entidades Territoriales Certificadas en Educación que operen en el ámbito territorial establecido por el artículo 1 del Decreto 1261 de 2026, modificado por el Decreto 1348 de 2026.

desde el 10 de agosto de 2026 y hasta el 10 de septiembre de 2026, para: a.) el ingreso de la mercancía al territorio aduanero nacional; b.) términos de permanencia en lugar de arribo y en depósito; c.) presentación y ejecución de las declaraciones aduaneras en cualquier régimen o modalidad, lo cual comprende entre otros, el tránsito y las importaciones temporales, d.) la autorización, ejecución y finalización del régimen de tránsito aduanero; e.) operaciones desde y hacia a zona franca, y f.) presentación del pago consolidado. Esta suspensión aplica tanto para los términos a cargo de la autoridad aduanera como de los usuarios aduaneros.

Ver artículo titulado “Inconveniente e ilegal iniciativa del Minjusticia”, de nuestro socio Gustavo Humberto Cote Peña, publicado en el Diario Portafolio el 14-09-2026.

La suspensión de términos, que también cobija a las jurisdicciones de Pereira, Buenaventura y Tuluá, se mantendrá hasta el 11 de septiembre de 2026. En consecuencia, los términos administrativos se reanudarán el 14 de septiembre de 2026. Durante este período, no correrán los plazos relacionados con trámites, requerimientos, respuestas a actuaciones administrativas o presentación de solicitudes o recursos ante la DIAN.

dictan otras disposiciones, de la PILA.

2- De conformidad con las prescripciones legales y con el criterio adoptado por la Sala en las sentencias del 09 de mayo de 2024 y del 23 de octubre de 2025 (exps. 26228 y 29703, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), así como en la providencia del 18 de abril de 2024 (exp. 26656, CP: Milton Chaves García), el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 fue declarado inconstitucional tanto por la sentencia C-464 de 2020, como por la decisión C-147 de 2021, solo que en esta última se indicó que «[l]a regla general son los efectos hacia el futuro o ex nunc de la declaratoria de inexequibilidad. Esta postura se sustenta en la necesidad de proteger principios como la seguridad jurídica o la buena fe, puesto que, hasta ese momento, la norma gozaba de presunción de constitucionalidad y, por ello, sería legítimo asumir que los ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en la validez de aquella. De esta manera, las contribuciones que ya se hayan causado conforme a la ley, con anterioridad a la fecha de esta sentencia, podrán ser cobradas, independientemente del procedimiento establecido en la ley para su liquidación y pago».

(…)

el tributo establecido en el artículo 314 ídem logró causarse por la anualidad del 2021, pues la Corte Constitucional indicó que dicha obligación se causaba el 01 de enero de cada anualidad y, para cuando fue emitida la providencia de inconstitucionalidad -20 de mayo de 2021-, ya había surgido la obligación tributaria. Adicionalmente, con fundamento en la atribución que tal tribunal constitucional detenta – artículo 45 de la Ley 270 de 1996- quiso salvaguardar el tributo por esa anualidad al procurar que el efecto de su decisión no rigiera con retroacción para que se lograra el recaudo; es decir, que fuera exigible su pago por el año 2021.

Conclusión

4- Por lo razonado en precedencia, como contenido interpretativo de la presente sentencia, la Sala considera que la sentencia C-147 de 2021 salvaguardó la determinación y recaudo del tributo del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, por la vigencia 2021.

(…) la demandante cumplió con la carga de demostrar la realidad de la operación económica en discusión, mientras que la administración no desvirtuó eficazmente dicho acervo probatorio ni acreditó la simulación que sirvió de fundamento para desconocer los costos declarados, prospera el cargo de apelación.

La Sala establece como contenido interpretativo de la presente sentencia que el cómputo del término de los cinco días de la notificación electrónica, regulado en el inciso 3 del artículo 566-1 del ET, se inicia desde el día siguiente de la entrega del correo de notificación.

(…). Sobre este punto, la Sala reitera que, conforme con el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, interpretado por la Corte Constitucional y por esta Sección, «la presentación de declaraciones de retención en la fuente sin el pago total no satisface el deber formal de declarar, en tanto el pago constituye una condición concomitante e indispensable para su cumplimiento. En ese contexto, la ineficacia de pleno derecho de tales declaraciones no solo priva de efectos jurídicos su presentación, sino que configura, en términos materiales, una omisión del deber de declarar».

Así las cosas, como es un hecho no discutido que la declaración objeto de controversia fue presentada sin pago y en el expediente no obra prueba de que este se hubiera efectuado con posterioridad, se encuentra acreditado el incumplimiento del deber formal de declarar la autorretención especial en el periodo 6 del año gravable 2017. En consecuencia, resulta procedente la imposición de la sanción prevista en el artículo 643 del Estatuto Tributario, sin que prospere el argumento de la demandante según el cual la sola presentación material de las declaraciones excluye la configuración de la conducta sancionable, (…)

Así mismo, en la sentencia 2061524, reiterada en el fallo señalado, esta Sección precisó que, cuando el valor del contrato de concesión es determinable durante su ejecución, las liquidaciones parciales de estampillas se acomodan a la naturaleza del contrato y permiten recaudar el tributo conforme se concrete la remuneración del concesionario. Sin embargo, agregó que esos pagos deben tenerse en cuenta frente al valor final del contrato como una especie de pago anticipado del tributo y que, por esa razón, no pueden cobrarse intereses de mora, pues no puede afirmarse que el sujeto pasivo se encuentre en situación de mora.

Valoradas en conjunto, las prestaciones pactadas revelan que el acuerdo no se limitó a la ejecución de tareas administrativas concretas ni al procesamiento de información o de actividades auxiliares, sino que encomendó a SAE funciones de definición de objetivos, liderazgo, implementación de políticas, planeación, supervisión, coordinación y control, mediante la prestación de «ciertos servicios de gestión, administrativos y corporativos» orientados a apoyar a las filiales «en la operación del negocio». Tales funciones, por su entidad e incidencia en la gestión general de las filiales y sucursales y en la implementación de políticas corporativas para el desarrollo de su objeto social, permiten calificar el pago como un gasto de administración o dirección en los términos del artículo 124 del ET.

(…) al haberse establecido que el pago correspondía a gastos de administración o dirección y no haberse practicado la retención en la fuente, procedía el rechazo total de la deducción.

Como contenido interpretativo de la presente sentencia, la Sala establece que, tratándose de la estampilla Pro Cultura regulada en el artículo 266 del Acuerdo 2021019, del 21 de diciembre de 2021, la inclusión en el hecho generador de las entidades descentralizadas, categoría que comprende las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas, no comportaba ilegalidad alguna, en tanto los trabajadores de tales entidades, tendrían para tales efectos la connotación de servidores públicos. Ahora bien, respecto de la estampilla Pro Deporte y Recreación, regulada en el artículo 276 ídem, el concejo municipal no podía extender el hecho generador a todas las entidades descentralizadas, pues la Ley 2023 de 2020 limitó el hecho imponible a la intervención en los contratos y convenios de las entidades descentralizadas -directas- donde la entidad territorial posea capital social o accionario superior al 50%.

“Esta Sección ha precisado que la evaluación de las operaciones debe realizarse de forma agregada únicamente cuando la segmentación no resulte necesaria, esto es, cuando las transacciones estén estrechamente vinculadas, formen parte de una misma cadena económica o correspondan a las situaciones descritas, como las estrategias empresariales relacionadas con criterios de cartera de productos.

Por lo razonado en precedencia se establece que: (i) no se evidenció la falta de publicación del Acuerdo 022 de 2020 y si bien su divulgación no se realizó en la gaceta oficial del municipio, esa irregularidad no constituye un vicio que afecte la validez del acto general, sino un aspecto que incide únicamente en su eficacia y oponibilidad frente a terceros; (ii) la remisión efectuada por el parágrafo 1 del numeral 4 del artículo 26 del citado acuerdo a la Resolución 070 de 2011 del IGAC no configura el vicio de nulidad alegado, toda vez que, al momento de la expedición del acuerdo, las disposiciones relativas a la revisión del avalúo catastral de dicho acto se encontraban vigentes y, además, la remisión comprendía las normas que la modificaran o complementaran, mediante una técnica de remisión normativa que garantiza la aplicación del régimen técnico catastral en cada momento; (iii) el artículo 43 del Acuerdo 022 de 2020 no desconoce los límites legales aplicables al IPU, pues reproduce el contenido del artículo 6 de la Ley 44 de 1990, disposición que se encontraba vigente, sin excluir ni sustituir las limitaciones establecidas en los artículos 23 de la Ley 1450 de 2011 y 2 de la Ley 1995 de 2019. En cambio, el artículo 44 del mismo acuerdo vulnera el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, al apartarse del límite establecido en esa norma legal superior, por lo que procede la nulidad; (iv) no se acreditó que las tarifas por derechos de tránsito previstas en los artículos 422 y 423 del acuerdo enjuiciado hubiesen sido fijadas con fundamento en estudio económico sobre los costos del servicio exigido por el artículo 168 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 3 de la Ley 2027 de 2020, lo que impide tener por acreditado el cumplimiento de ese presupuesto legal.

En consecuencia, si el servicio integral de ingeniería, construcción, montaje o puesta en operación está expresamente comprendido en la certificación UPME y corresponde a un servicio incluido en la lista aplicable, podrá facturarse como excluido del IVA. En tal evento, no habría lugar a liquidar IVA sobre la utilidad como componente interno del precio del servicio certificado.

Por el contrario, si la certificación UPME no cubre el servicio integral, o solo ampara determinados bienes o servicios individualizados, no procede extender la exclusión a conceptos no certificados. En ese evento, tratándose de construcción de bien inmueble, deberá aplicarse la regla del artículo 1.3.1.7.9 del Decreto 1625 de 2016 sobre honorarios o utilidad del constructor.”

Lo anterior no releva a la sociedad nacional de acreditar el cumplimiento integral de los requisitos sustanciales, formales y de sustancia económica previstos en el artículo 894 del Estatuto Tributario (en adelante, ET) y en su reglamentación (Decreto 1625 de 2016 artículo 1.2.1.23.3.1. y ss). Tampoco excluye la aplicación de las normas sobre beneficiario final, entidades controladas del exterior –ECE–, régimen de precios de transferencia, revelación de estructuras, normas antiabuso y demás disposiciones tributarias, societarias, cambiarias o de control que resulten aplicables.”

Tesis jurídica No. 2: “El régimen CHC no establece ninguna prohibición para que un menor de edad sea accionista de una sociedad acogida a dicho régimen. La viabilidad societaria dependerá de la observancia de las normas vigentes en esta materia y la aplicación del régimen CHC dependerá del cumplimiento de los requisitos dispuestos en los artículos 894 a 898 del Estatuto Tributario y su reglamentación.”

Tesis jurídica No. 3: “Para una sociedad nacional privada que pretende acogerse o mantenerse en el régimen CHC, la ley exige contar con al menos tres empleados, sin que exista en las normas vigentes ninguna excepción general o temporal para reducir ese mínimo legal. Asimismo, dichos empleos deben estar vinculados directamente mediante contrato laboral y cumplir funciones relacionadas con la actividad principal de la CHC.”

Tesis jurídica No. 4: “Como regla general, no. Para efectos del régimen de Compañías Holding Colombianas –CHC–, la expresión “acciones o participaciones” no comprende cualquier activo financiero, derecho económico o instrumento de inversión, sino aquellas posiciones jurídicas que representen participación en el capital o patrimonio de una sociedad o entidad, conforme a los artículos 894, 895 y 896 del Estatuto Tributario y al artículo 1.2.1.23.3.1. del Decreto 1625 de 2016.

En consecuencia, los criptoactivos ordinarios y los bonos del tesoro no corresponden, por su naturaleza, a acciones o participaciones en sociedades o entidades. Sin embargo, cuando se trate de activos tokenizados, security tokens o ETF del exterior, deberá atenderse a la estructura jurídica del instrumento, del vehículo emisor y de los derechos conferidos al titular, conforme a lo señalado en el Concepto No. 018075 (int. 1621) de 2023 y en el Concepto No. 008706 (int. 1278) de 2025.

Así, si el instrumento representa una verdadera acción, cuota o participación en el capital de una entidad no residente, y la renta distribuida corresponde jurídicamente a un dividendo o participación en utilidades con cargo al patrimonio, podrá analizarse la procedencia del tratamiento previsto en el artículo 895 del Estatuto Tributario, siempre que se cumplan los demás requisitos del régimen CHC, incluida la participación mínima del 10% y el término de permanencia de 12 meses previstos en el artículo 894 ibidem.”

Tesis jurídica No. 5: “Para que una persona jurídica pertenezca al Régimen SIMPLE de tributación, sus socios, partícipes o accionistas deben ser personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 905 del ET., de manera que una sociedad del régimen CHC con accionistas que sean personas jurídicas nacionales o extranjeras no cumplen con dicha condición legal.”

También señala que, cuando el acogimiento exige corregir una declaración, la comunicación escrita de aceptación de glosas no sustituye la presentación de la declaración de corrección. Los beneficios del Decreto 240 de 2026 no cobijan la contribución parafiscal cultural de espectáculos públicos, por no ser administrada por la DIAN; y, para la conciliación del artículo 6, el valor de la sanción se toma de la determinada por la Administración, sin perjuicio de que pagos previos puedan acreditarse para el requisito de pago.

“Los servicios prestados desde el exterior se entienden prestados en Colombia y causan IVA cuando el usuario directo o destinatario tiene domicilio, residencia fiscal, establecimiento permanente o sede de actividad económica en el país, salvo exclusión expresa. La retención del IVA será de la totalidad (100%) del impuesto siempre que el adquirente sea responsable de IVA, si el contratante es un no responsable de IVA, no habrá lugar a la retención del impuesto.”

“Tesis jurídica: Sí, siempre que la inversión tenga relación de causalidad directa con la renta. En este evento no se activaría la restricción del artículo 23 de la Ley 383 de 1997 en relación con la concurrencia de beneficios tributarios de deducción sin relación de causalidad con la renta y descuento tributario. En caso contrario, es decir, cuando la inversión no tiene relación de causalidad directa con la renta, la inversión únicamente dará lugar al crédito fiscal previsto en el artículo 256-1 del ET.”

“La aplicación del inciso tercero del artículo 239-1 del Estatuto Tributario exige establecer que la exclusión del pasivo corresponde a la eliminación de un pasivo inexistente y no a la extinción real de una obligación. Por tanto, cuando el contribuyente alegue y acredite, mediante prueba directa o indirecta, que la obligación se extinguió por pago u otro modo extintivo, la Administración deberá valorar dicha prueba y desvirtuar la realidad, validez o eficacia fiscal del medio extintivo antes de adicionar el valor correspondiente como renta líquida gravable e imponer la sanción por inexactitud.

Lo anterior no impide que, cuando el contribuyente no acredite el pago o el modo extintivo alegado, o cuando las pruebas aportadas resulten inconsistentes, insuficientes o carentes de trazabilidad frente a la realidad económica de la obligación, la Administración pueda aplicar el inciso tercero del artículo 239-1 del Estatuto Tributario, siempre que motive adecuadamente el cargo, identifique desde el inicio el supuesto normativo aplicable y respete las garantías del debido proceso y del derecho de defensa.”

“i) En el marco de lo establecido en el inciso 2 del artículo 239-1, la administración podrá incluir como renta líquida gravable los activos omitidos o pasivos inexistentes que provengan de una declaración no revisable y que se hayan incorporado por vía de arrastre a una declaración que es encuentre dentro del término de firmeza.

ii) En las declaraciones donde se realice la exclusión de pasivos inexistentes sin el correlativo aumento de la renta especial, la administración podrá realizar la adición dentro del término de firmeza de la respectiva autoliquidación e imponer la sanción por inexactitud sin que pueda afectar declaraciones posteriores donde ya se encuentre regularizado el patrimonio.

iii) La determinación de la renta gravable por el sistema de comparación patrimonial podrá comprender tanto el patrimonio líquido declarado por el contribuyente, como el determinado en una liquidación oficial.”

“En el evento en que una empresa entrega un obsequio a un cliente, pueden darse dos situaciones:

a) El obsequio no hace parte del inventario de la empresa y no configura una venta en los términos del literal a) del artículo 421 del E.T. Lo anterior, de conformidad con la Sentencia 17763 del 3 de julio de 2013 del Consejo de Estado. En este evento:

i. El IVA pagado en la adquisición del obsequio es susceptible de ser descontado en el IVA.

ii. No se genera IVA por la entrega del obsequio al cliente al no haber una venta en los términos del artículo 421 del E.T.

iii. El valor del obsequio, sin incluir el IVA, es un gasto susceptible de ser deducido de acuerdo con el artículo 107-1 del E.T.

b) El obsequio hace parte del inventario de la empresa y se configura una venta en la modalidad de retiro de inventarios en los términos del literal b) del artículo 421 del E.T. Lo anterior, de conformidad con la Sentencia 19004 del 28 de agosto de 2013 del Consejo de Estado. En este evento:

i. El IVA pagado en la adquisición del obsequio es susceptible de ser descontado en el IVA.

ii. Se genera IVA, que no será descontable en IVA, pero sí es susceptible de ser tratado como un mayor valor del costo o gasto deducible en el impuesto sobre la renta al configurarse un retiro de inventarios.

iii. El valor del obsequio, sin incluir el IVA, es un gasto susceptible de ser deducido de acuerdo con el artículo 107-1 del E.T.”

“La base gravable especial prevista en el artículo 462-1 del E.T. resulta aplicable para practicar la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta cuando se trate de servicios integrales de aseo y cafetería, los servicios de vigilancia y servicios temporales, bajo las condiciones allí establecidas.

En consecuencia, una vez determinada la procedencia de la retención conforme a la cuantía mínima establecida en las disposiciones reglamentarias aplicables, las tarifas de que trata el artículo 1.2.4.4.10 del Decreto 1625 de 2016 deberán aplicarse sobre el componente del AIU que en todo caso no puede ser inferior al 10% del valor del contrato.”

Adicionalmente, la DIAN precisa que la cuantía mínima de 2 UVT debe verificarse respecto del valor del pago o abono en cuenta correspondiente a la operación y no respecto del componente del AIU.

“Por lo expuesto, este Despacho reconsidera el criterio expuesto en el Oficio DIAN No. 48261 del 31 de julio de 2012, en el sentido de precisar que el requisito de reinversión previsto en el literal a) del numeral 2 de la sección VI Ad. al artículo 10 del Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y el Reino de España no recae sobre el sesenta y cinco por ciento (65%) de los dividendos distribuidos.

Se precisa, además, que el análisis debe partir del régimen interno vigente en 2005, conforme al cual era necesario distinguir entre: (i) dividendos provenientes de utilidades ya gravadas en cabeza de la sociedad, supuesto en el que no se activa la regla especial del Protocolo; y (ii) dividendos provenientes de utilidades no gravadas en cabeza de la sociedad, caso en el cual sí opera la remisión al parágrafo 1 del artículo 245 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, cuando se trate de esta segunda hipótesis, la exigencia de reinversión debe entenderse referida exclusivamente a la parte del dividendo vinculada a la tarifa especial prevista en el parágrafo 1 del artículo 245 del Estatuto Tributario, vigente para la época de la distribución o causación correspondiente.”

Una vez ejecutados total o parcialmente los recursos destinados a la reserva, la entidad debe evaluar si corresponde mantenerla, disminuirla o reclasificarla dentro del patrimonio. La liberación total o parcial de la reserva constituye un movimiento entre cuentas patrimoniales y no afecta el reconocimiento de ingresos, gastos, activos o pasivos.

El cambio del Grupo 2 al Grupo 1 implica evaluar la aplicación de la NIIF 1 “Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”, incluyendo el estado de situación financiera de apertura, las excepciones obligatorias, las exenciones opcionales y las conciliaciones exigidas por esa norma.

Como respaldo de la labor del contador de empresa, deberá guardar las evidencias que respaldan los hechos económicos realizados y que posteriormente son incorporados en los estados financieros. Dichas evidencias están sustentadas en los soportes (tanto de origen interno como externo), los comprobantes de contabilidad y en los libros de contabilidad.

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas – NAGA (Art. 9 Ley 43 de 1990) y las Normas Internacionales de Auditoría – NIA´s (NIA 230 – Anexo 4-2019 del DUR 2420 de 2015) son aplicables cuando el contador público desarrolla trabajos de auditoría, aseguramiento o revisoría fiscal, mas no al ejercer el cargo de contador de una entidad.”

Cuando se hace referencia al término “balance” (balance general), se está haciendo alusión a lo contemplado en los marcos de información financiera como “Estado de Situación Financiera”, que hace parte de los estados financieros de la entidad.

Respecto de la periodicidad de los estados financieros, debe considerarse si se hace referencia a estados financieros de propósito general o a los estados financieros de propósito especial. Los primeros se deberán preparar y presentar al cierre del período contable (período sobre el que se informa), debidamente certificados por el contador que los prepara y el representante legal y dictaminados por el revisor fiscal, si la entidad está obligada a ello. Para los segundos, su preparación se realizará cuando lo determine la administración y/o el ente de supervisión, control y vigilancia.”

“En resumen, consideramos que la base predial puede ser alimentada con la información que se encuentra en poder de la administración municipal para hacer prevalecer la realidad del predio al momento de la liquidación del impuesto predial.”

Si el hecho generador de una estampilla se configura y causa con la suscripción del contrato, una ejecución final inferior no da lugar, por sí sola, a devolución cuando el valor pagado fue correctamente determinado con la base y tarifa vigentes en ese momento. Los pagos en exceso o de lo no debido deben tramitarse conforme al procedimiento de los artículos 850 a 865 del Estatuto Tributario.

La Superintendencia señala que la ausencia total o parcial del representante legal no invalida por sí sola la reunión no presencial ni las decisiones adoptadas, siempre que los accionistas puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva y se cumpla el quórum legal o estatutario. Sin embargo, el acta debe ser suscrita por el representante legal y el secretario de la sociedad; este último puede ser sustituido por un asociado, pero la firma del representante legal no puede suplirse por la de un accionista, el presidente, el secretario de la reunión o una comisión aprobatoria. Si no es posible suscribir el acta conforme a la ley, una posibilidad es celebrar una nueva reunión del máximo órgano social para ratificar las decisiones adoptadas. La entidad también recuerda que el representante legal debe dejar constancia de la continuidad del quórum y verificar la identidad de los participantes virtuales.