Boletín tributario 129

“En consecuencia, la factura analizada no satisface las exigencias previstas en los artículos 354 de la Ley 1819 de 2016, 29, 33, 34 y 36 del Acuerdo 013 de 2020, en la medida en que no contiene – ni permite deducir de manera clara – los elementos necesarios para calcular el monto del tributo, lo cual compromete la debida y suficiente motivación del acto administrativo y limita el ejercicio efectivo del derecho de defensa del contribuyente.”

3- Por lo razonado en precedencia, se establece que, tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, únicamente se encuentra legitimada para comparecer como parte demandada la autoridad administrativa que haya expedido y suscrito el acto objeto de control judicial. En este caso, dado que el predio objeto del litigio conserva su condición de bien de uso público, aun cuando haya sido entregado en concesión, y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, se encuentra excluido del IPU, salvo respecto de las áreas explotadas comercialmente mediante establecimiento mercantil, cuyo sujeto pasivo es el concesionario y no la entidad propietaria, el INVIAS no ostenta la calidad de sujeto pasivo del tributo -como se indicó en los actos demandados-, por lo que no puede ser compelido al pago del impuesto. El pago efectuado carece de causa legal y constituye un pago de lo no debido, lo que hace procedente su devolución.”

“En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la discusión en esta instancia se circunscribe a determinar si es procedente la sanción por no declarar, teniendo en cuenta que las declaraciones de autorretención en la fuente del CREE fueron presentadas sin pago. Al respecto, la Sala recuerda que, de conformidad con el artículo 580-1 del ET, interpretado por la Corte Constitucional y esta Sección, la presentación de declaraciones de retención en la fuente sin el pago total no satisface el deber formal de declarar, en tanto el pago constituye una condición concomitante e indispensable para su cumplimiento. En ese contexto, la ineficacia de pleno derecho de tales declaraciones no solo priva de efectos jurídicos su presentación, sino que configura, en términos materiales, una omisión del deber de declarar.

Así las cosas, teniendo en cuenta que es un hecho no discutido por las partes que las declaraciones cuestionadas se presentaron sin pago, y que en el expediente no obra prueba de que este se hubiere efectuado con posterioridad, se encuentra acreditado el incumplimiento del deber formal de declarar las autorretenciones del CREE. En consecuencia, resulta procedente la imposición de la sanción por no declarar prevista en el artículo 643 del ET, sin que sea de recibo el argumento de la demandante según el cual la sola presentación de las declaraciones excluye la configuración de la conducta sancionable, pues, conforme a la normativa y la jurisprudencia citadas, dicha presentación carece de eficacia jurídica en ausencia de pago. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda.”

Si bien la falta de retención en la fuente en las operaciones de compra se encuentra instituida como causal de rechazo de la devolución del saldo a favor, conforme se señaló en precedencia, esta no puede ser absoluta, sino proporcional al incumplimiento; lo que tasará la Sala en el equivalente al valor del IVA que debió generarse sobre las compras sobre las cuales no se practicó la retención en la fuente a título de IVA, incumpliendo así el mandato del artículo 857.5 del ET, lo cual conduciría a reconocer parcialmente el saldo a favor solicitado por la actora, garantizando el principio de proporcionalidad y justicia tributaria.

Conclusión

7- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la presente sentencia que: (i) la investigación previa consagrada en el artículo 857-1 del ET, la cual podría derivar en la expedición de un requerimiento especial, procede cuando se requiere verificar la existencia de las retenciones o impuestos descontables o pagos en exceso que dan lugar al saldo a favor, mas no para corroborar el cumplimiento de la obligación de retener a título de IVA, que consagra el artículo 857.5 como causal autónoma de rechazo de las devoluciones; y (ii) la aplicación del ordinal 5 del artículo 857 del ET implica una revisión individualizada de las transacciones efectuadas en el periodo para determinar en cuáles era exigible la práctica de la retención en la fuente. Así, de determinarse incumplimientos parciales, el rechazo del saldo a favor sería proporcional al incumplimiento.” (El subrayado fuera del texto)

Esta Sala de decisión ratifica que las sentencias de unificación del Consejo de Estado no constituyen ley en sentido material y, por ende, el principio de retroactividad en materia tributaria previsto en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política no les es aplicable. Conforme al criterio consolidado de la Corte Constitucional –sentencias T-210 de 2022, SU-167 de 2023 y T-024 de 2024-, la regla general es la aplicación inmediata de las sentencias de unificación con efectos retrospectivos sobre situaciones no consolidadas, siendo la prospectividad una excepción que exige modulación expresa en el propio fallo, circunstancia que no ocurre en el presente asunto.

[…].” (Subrayado y negrilla no son del texto)

“Así las cosas, se advierte entonces que el acto acusado se refirió inicialmente a la captación de agua como hecho generador del impuesto de industria y comercio en su jurisdicción, pero en ninguna parte mención o se indicaron medios de pruebas que evidenciaran que el servicio público domiciliario de acueducto, que en realidad es la actividad que abarca la recopilación de agua para su tratamiento y distribución, tuviera como destino final los usuarios ubicados en su jurisdicción.

Al respecto, cabe recordar que, de conformidad con las reglas citadas en precedencia, el servicio público domiciliario causa el gravamen en cuestión en el lugar donde se ubiquen los usuarios beneficiarios, aspecto frente al cual se insiste, nada se dijo.”

“5- Como contenido interpretativo de la presente providencia, la Sala reitera que, a efectos de la solicitud de extensión de jurisprudencia, se debe acreditar que el peticionario se encuentra en la misma situación jurídica y fáctica que la demandante a quien se le reconociera un derecho en la sentencia de unificación invocada. Además, que en vigencia de la Ley 1819 de 2016, el criterio de potencialidad en el beneficio del servicio de alumbrado público no corresponde a un factor relevante para establecer la realización del hecho generador del impuesto de alumbrado público.

Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de extensión de los efectos de la sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-009, del 06 de noviembre de 2019 (exp. 23103, CP: Milton Chaves García) al sub examine, al no haberse demostrado la identidad en la situación de derecho, toda vez que para los periodos septiembre y octubre de 2024, respecto de los cuales se determinó el impuesto de alumbrado público en las Liquidaciones Oficiales de Aforo 04-0016-24 y 04-0017-24, del 02 de septiembre y 01 de octubre de 2024, las

disposiciones aplicables eran los artículos 349 a 353 de la Ley 1819 de 2016, adoptadas

por el municipio convocado a través del Acuerdo 003, del 26 de agosto de 2022.” (Subrayado y negrita fuera de texto”.

“De este modo, el legislador hizo un reparto de competencias frente a la decisión sobre la devolución de lo pagado en exceso o de lo pagado no debido por concepto del impuesto sobre vehículos automotores, en el que el pronunciamiento de fondo frente a la solicitud presentada por el contribuyente, únicamente le corresponde al departamento, por lo que los municipios no están autorizados para efectuar los reintegros en estos eventos.”

“En ese contexto, a juicio de la Sala, la suspensión de términos ordenada por la DIAN, además de reconocerse en el ejercicio de las funciones enlistadas en el artículo 6° del Decreto 4048 de 2008 expedido por el presidente de la República, responde a los fines esenciales del Estado y a la primacía del interés general al estar en riesgo la salud y vida de todos los habitantes de la Nación.

Consecuentemente, al no desvirtuarse la legalidad de la norma acusada en tanto el director general de la entidad demandada gozaba de competencia para suspender los términos de los procesos y actuaciones tributarias, aduaneras y cambiarias como medida de urgencia para evitar la propagación de los contagios del coronavirus, se negarán las pretensiones de la demanda.”

La Sala ha reconocido que el enriquecimiento sin causa puede ser fuente de obligaciones a cargo de la Administración y a favor del contribuyente cuando concurren los siguientes presupuestos: i) un enriquecimiento o aumento patrimonial de una parte; ii) un empobrecimiento correlativo de otra; y iii) la ausencia de causa jurídica que justifique ese desplazamiento patrimonial.

De acuerdo con esos criterios, no todo aumento patrimonial acompañado de un empobrecimiento correlativo configura un enriquecimiento sin causa. Para ello se requiere, necesariamente, que el desplazamiento patrimonial carezca de fundamento legal.

En el caso concreto, no se acreditó ese presupuesto porque, como se explicó en líneas precedentes, el pago del impuesto predial, cuya devolución se reclama, se efectuó con fundamento en actos administrativos de determinación que no fueron controvertidos oportunamente y cuya presunción de legalidad no fue desvirtuada. Por tanto, mientras esos actos conserven su firmeza y fuerza ejecutoria, el pago realizado encuentra causa jurídica en ellos, de manera que no puede predicarse un enriquecimiento sin causa a favor del Municipio de Soacha.

“En suma, la documentación comprobatoria aplicó el método PC partiendo de la calificación crediticia individual del deudor, seleccionó comparables denominados en la moneda del crédito y ajustados al rango propio de una calificación intermedia, todo lo cual permite tener por acreditado que las tasas pactadas se ubicaron dentro del rango de plena competencia. La Administración, por el contrario, sustituyó la moneda y el mercado del crédito por una referencia local en pesos y partió de una calificación construida sobre información de un período ajeno, sin realizar los ajustes de comparabilidad exigidos por el artículo 260-4 del Estatuto Tributario, lo que priva de fiabilidad a su resultado; por ende, la demandante ha logrado desvirtuar la presunción de legalidad de la actuación atacada. En consecuencia, la adición de ingresos por $60.169.457.000 es improcedente y el cargo prospera.”

La intervención de una SCI como exportador rompe la trazabilidad jurídica exigida por el parágrafo 2 del artículo 167 de la Ley 1607 de 2012. Al ser el INGA un impuesto monofásico se agota en la primera venta del productor al distribuidor mayorista (DM) razón por la cual la venta efectuada por este último (DM) a la Sociedad de Comercialización Internacional -SCI- no causa el tributo y constituye una operación de venta independiente a la efectuada por el productor.”

El concepto incluye precisiones sobre el impuesto nacional al carbono e IVA en relación con SCI y exportación para reaprovisionamiento de buques en tráfico internacional.

No obstante, ello no excluye que puedan existir obligaciones formales de actualización o reporte derivadas del cambio de información del sujeto del exterior o de la sucursal en Colombia, cuando a ello haya lugar conforme a las reglas aplicables, las cuales deberán analizarse en cada caso concreto. En otras palabras, la neutralidad fiscal de la redomiciliación no equivale, por sí sola, a la inexistencia absoluta de todo deber formal en Colombia.”

En consecuencia, desde la perspectiva técnica y profesional, lo relevante es que las condiciones de la vinculación sean compatibles con la independencia, objetividad y autonomía de criterio exigidas para el ejercicio del cargo, así como que las eventuales amenazas a dichos principios sean identificadas, evaluadas y gestionadas mediante las salvaguardas correspondientes.

La existencia de mecanismos de supervisión o seguimiento contractual y la presentación de informes para efectos del reconocimiento y pago de honorarios no implican necesariamente una afectación de la independencia del revisor fiscal ni configuran una relación de subordinación. Sin embargo, tales mecanismos no deben interferir con el juicio profesional ni con el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas al revisor fiscal.”

La DAF también señaló que las retenciones deben tener sustento en la regulación de cada tributo; que la Tasa Pro Deporte y Recreación grava contratos o convenios suscritos con la administración central o entidades descentralizadas de la entidad territorial; y que, para eventuales pagos en exceso o de lo no debido, debe verificarse en cada caso si procede la devolución conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Para viviendas de estratos 1 y 2 con avalúo catastral de hasta 135 SMMLV, la DAF indicó que el incremento máximo del impuesto predial corresponde al 100% del IPC, sin que la norma exija haber pagado el impuesto del año anterior, siempre que no se configure alguna exclusión legal.