Boletín Tributario 132

Aunque el Decreto contiene algunas medidas dirigidas específicamente a los contribuyentes afectados por la emergencia, la DIAN, mediante Concepto 1737 del 21 de septiembre de 2026, aclaró expresamente que los beneficios previstos en el Capítulo III no están restringidos a dichos sujetos, sino que pueden ser aplicados por todos los contribuyentes, usuarios aduaneros y obligados cambiarios del territorio nacional, siempre que cumplan las condiciones previstas para cada beneficio.

En particular, esta interpretación resulta relevante frente a las medidas que permiten, entre otras cosas, lo siguiente:

Pagar determinadas sanciones reducidas al 15 % y liquidar intereses moratorios a una tasa del 4,5 % anual, respecto de obligaciones en mora al 10 de agosto de 2026;

Normalizar declaraciones omitidas, corregir determinadas declaraciones y subsanar obligaciones formales incumplidas, bajo las condiciones establecidas en el Decreto;

Aplicar estos beneficios a obligaciones formales de precios de transferencia, incluida la declaración informativa; y

Acceder, cuando corresponda, a mecanismos de terminación de discusiones administrativas y de conciliación contencioso-administrativa.

La fecha límite para acogerse a buena parte de estos beneficios es el 19 de noviembre de 2026. Por esta razón, es conveniente revisar oportunamente las obligaciones pendientes, declaraciones susceptibles de corrección y contingencias tributarias, aduaneras o cambiarias que puedan beneficiarse de estas disposiciones.

Sobre este tema ver columna de nuestro Socio Director Tax & Legal Gustavo Humberto Cote Peña, titulado “Inconveniente e ilegal iniciativa del Minjusticia” publicada el 13-09-2026 en el Diario Portafolio en: haz clic aquí

El Acuerdo además de adoptar varias exenciones en los diferentes impuestos, hacer cambios en varias normas de procedimiento y en la sanción por no informar, establece amnistías así:

Reducción de sanciones e intereses moratorios (art. 7). Se requiere Pago total en un solo momento a más tardar el 21-12-2026. No aplica a incumplidos de acuerdos de pago, salvo pago total previo del acuerdo incumplido. Excluye otros beneficios de reducción de intereses y sanciones, salvo que el concejo lo autorice.

a. Por obligaciones tributarias diferentes a retención en la fuente:

• Por impuestos: Pagar 40% de intereses y sanciones y 100% del capital a más tardar el 21-12-2026.
• Por sanción por no informar: Pagar 40% de la sanción a más tardar el 21-12-2026
• Por obligaciones omisas o inexactas: Debe declararse o corregir, sin perjuicio facultades de fiscalización.

b. Por obligaciones no tributarias:

A favor de entidades del nivel central, establecimientos públicos y alcaldías locales: Pagando 40% de intereses y 100% del capital a más tardar el 21-12-2026. Implica que el interesado desiste de la discusión en vía gubernativa o contenciosa. No aplica a obligaciones en procesos judiciales contenciosos administrativos en curso.

c. Por multas de tránsito en mora hasta el 30-06-2026:

A favor de la Secretaría de movilidad, Incluidos los acuerdos de pago, pagar el 40% a más tardar el 21-12-2026, salvo que se trate de:

• Multas derivadas de incumplimientos contractuales en Bogotá
• Sancionado por conducir bajo efectos del alcohol o sustancias sicoactivas
• Prestadores de servicios de salud y establecimientos abiertos al público objeto de las medidas enumeradas en el parágrafo 3 del art.7º

“PRIMERO: DECLARA LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 1º (parcial) de la Ley 31 de 1971 y el artículo 2º (parcial) del Decreto 546 de 1971, bajo el entendido que la vacancia judicial comprendida entre el 20 de diciembre de cada año y el 10 de enero siguiente, no suspende el ejercicio del control automático de constitucionalidad que adelanta la Corte Constitucional sobre los decretos legislativos expedidos en estados de excepción.

SEGUNDO. INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo formulado por la presunta vulneración del artículo 56 de la Constitución Política.”

Sentencia C-289/26: Declarar exequible el inciso segundo del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, en el entendido de que también se aplica a los Procuradores Judiciales I que actúan ante los jueces de la República, sobre gastos de representación exentos en un 25%.

Sentencia C-290/26: Declarar exequible la expresión patrimonio líquido contenido en el art. 286 del E.T. como base determinable de las sanciones aplicables a entidades no contribuyentes por presentación o corrección extemporánea de la declaración de ingresos y patrimonio.

“4.1. Para resolver, se precisa recapitular lo señalado en apartes anteriores, para destacar que el reconocimiento de intereses moratorios previsto en el inciso 4 del artículo 863 ibidem no es autónomo, sino que debe ser aplicado en consonancia con el evento regulado en el inciso 2 ídem, esto es, cuando el saldo a favor haya sido discutido.

Si bien en el caso bajo análisis, la demandante recurrió la compensación —que equivocadamente efectuó la DIAN—, esto no obedeció a que el saldo a favor hubiera sido negado, pues se insiste en que en ningún momento se expidió un acto que lo desconociera o siquiera cuestionara su procedencia, con lo cual tal situación no se enmarcaría en la discusión a que se refiere el inciso 2 ídem, lo que lo sitúa en el inciso 3 concerniente a la devolución por fuera del término previsto en la ley para el efecto.(…)

4.2- En cambio, el inciso 3 del artículo 863 ET regula aquellos casos en los que, no habiéndose negado el saldo a favor, este no fue devuelto en la oportunidad señalada para el efecto, caso en el cual la norma expresamente determina que el dies a quo para la causación de intereses moratorios es «a partir del vencimiento del término para devolver», y, que el dies ad quem es « hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación», supuesto que es el que corresponde al caso objeto de análisis.

(…)

Conclusión

5- La Sala establece como criterio interpretativo de esta sentencia que, cuando es pretermitido el plazo previsto en el artículo 855 del ET para devolver un saldo a favor, se causan intereses moratorios a cargo de la Administración; siendo el dies a quo el vencimiento del término para devolver; esto, con independencia de que el saldo a favor no haya sido objeto de discusión.” (El subrayado no es del texto)

En esta forma, el Concepto DIAN 1128 del 14 de julio de 2026, incluido más adelante en este Boletín, resulta modificado por contradecir este criterio jurisprudencial.

“3- Por lo razonado en precedencia, se establece que la exigencia de contar con el estudio técnico de referencia previsto en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 constituye un presupuesto para la determinación de los costos de la prestación del servicio de

alumbrado público y de la fijación de la tarifa del impuesto. En este caso, la ausencia de dicho estudio no afecta la legalidad del primer artículo identificado como 82 ni del artículo 88 del Acuerdo 565 de 2022, porque esas disposiciones no establecieron, ni mantuvieron ni permitieron un régimen tarifario sin ese soporte. En cambio, el segundo artículo identificado como 82 reguló el límite del impuesto sin contar previamente con el estudio técnico exigido, y el artículo 89 permitió continuar aplicando las tarifas establecidas en el Acuerdo 064 de 2002 sin que se acreditara que estuvieran sustentadas en soporte técnico.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, la Sala se inhibirá de

pronunciarse frente a la pretensión de nulidad formulada contra el artículo 83; declarará la nulidad del segundo artículo identificado como 82 -límite del impuesto sobre el servicio de alumbrado público- y del artículo 89 -tarifa vigente-; y negará las pretensiones respecto del primer artículo identificado como 82 -destinación del recaudo del impuesto de alumbrado público- y del artículo 88 -tarifa-, todos del Acuerdo 565 del 22 de marzo de 2022.” (El subrayado no es del texto)

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“Por ello, esta sección, en esta providencia, modifica la posición mayoritaria actual de la sala para acoger aquella acorde con la cual es posible que se demande el acto que niega la solicitud de declaratoria del silencio administrativo positivo de manera autónoma comoquiera que se está controvirtiendo un acto independiente que surge del propio artículo 734 del Estatuto Tributario.” (El subrayado fuera de texto)

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(…). La Sala concluye que el aparte demandado del artículo 1 del Acuerdo 0529 del 3 de junio de 2022 del Concejo de Santiago de Cali no desconoce los artículos 287, 300-4 y 313-4 de la Constitución Política y 14 de la Ley 2082 de 2021, pues el Concejo ejerció su potestad tributaria dentro del rango tarifario autorizado por el ordenamiento jurídico, sin que estuviera obligado a adoptar la tarifa del 14 por mil prevista para el Distrito Capital.

En tales condiciones, al determinarse que la tarifa del 23 x 1000 establecida en el artículo 1 del Acuerdo 0529 del 3 de junio de 2022, para las actividades financieras identificadas con código CIIU 6431, 6432, 6532 y 6630 no desconoce las normas superiores invocadas, no prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Por lo tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia.

No se condenará en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, en atención a que se ventila un interés público.

(…)”(El subrayado fuera de texto)

“4- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la presente sentencia que, contrario a lo afirmado en la doctrina demandada, los umbrales para la práctica de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta resultan aplicables para la autorretención especial, porque así fue determinado por la norma reglamentaria, vía remisión normativa.” (Subrayado fuera del texto)

“Al haberse desvirtuado por la parte apelante la legalidad de los actos administrativos demandados, y encontrándose demostrados los pagos que de manera indebida se realizaron por concepto de aportes en salud y parafiscales durante los años 2017, 2018 y 2019, concluye la Sala que los argumentos del recurso de alzada tienen vocación de prosperidad. Por ende, se revocará la sentencia apelada en los términos mencionados con antelación.”

6- Teniendo en cuenta la prosperidad del cargo de apelación de la Administración y su aceptación de que el auxilio legal de transporte y los viáticos permanentes no se sujetan al IBC, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada, para ajustar la decisión en tal sentido.

Conclusión

7- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la presente sentencia que: (i) el término de «caducidad» previsto en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 tiene un carácter «especial» y «rige el plazo con el cual cuenta la autoridad para emitir los actos con la debida competencia temporal, sin que deba atenderse la regulación que sobre esa materia hace el CPACA (…), pues esta solo aplica en los aspectos no regulados por normas especiales»; (ii) los aportes al SPS se causan y determinan por períodos mensuales legales, con independencia de la existencia de calendarios contables o fiscales que adopte el administrado para su gestión interna; y (iii) los beneficios extralegales pactados como no salariales deben sujetarse al límite del 40 % del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

5- Por lo razonado en precedencia, la Sala fija como contenido interpretativo de esta providencia que la determinación de la tributación conforme al principio de plena competencia exige realizar un análisis de comparabilidad entre las transacciones controladas y aquellas efectuadas entre partes independientes que sean comparables. En ese sentido, para la aplicación del método PR resulta esencial que el análisis funcional considere la similitud entre los productos transferidos, pues cuanto mayores sean las diferencias, mayores serán también las distorsiones en las funciones desempeñadas y, en consecuencia, en los activos utilizados y los riesgos asumidos. Asimismo, se reitera que, si en ejercicio de sus funciones la Administración detecta irregularidades en el estudio de precios de transferencia presentado por el contribuyente, tiene la potestad de controvertirlo con un informe completo que refleje adecuadamente las características económicas de las operaciones y observe la misma razonabilidad y rigor técnico exigidos a los obligados al régimen de precios de transferencia.

Con arreglo a esas pautas, la Sala revocará la sentencia apelada para, en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, toda vez que se acreditó la falta de razonabilidad y rigor técnico en la selección de las comparables efectuada por la Administración y que sustentó la glosa realizada a la liquidación privada revisada. (Negrilla y subrayado de la parte final no son del texto)

“Si. Para efectos del recaudo y pago de la tarifa del 0,1% de las operaciones de transporte terrestre de carga que se preste como servicio público intermunicipal o nacional, las empresas de transporte deberán actuar como agentes de retención, incluyendo aquellas pertenecientes al Régimen Simple de Tributación (RST), de acuerdo con previsto en el artículo 21 de la Ley 2251 de 2022 y el artículo 1o de la Resolución DIAN 000008 de 2026.”

“Si. Las empresas de transporte deberán realizar la retención de las operaciones de transporte terrestre de carga de servicio público intermunicipal o nacional, incluso en los casos en que operen con flota propia, para lo cual deberán tomar como base del cálculo el valor de flete, conforme con lo establecido en el Artículo 2.2.1.7.7.16 del Decreto 1079 de 2015.”

“Sí. La compensación improcedente equivale a una negativa formal y material de la solicitud de devolución, ya que impide la entrega del saldo solicitado y lo mantiene en poder de la Administración, por ende, proceden intereses corrientes desde la notificación del acto que ordenó la compensación indebida y hasta la ejecutoria de la providencia que resuelve reconociendo el derecho a la devolución.”

“Si. Cuando el saldo a favor es objeto de discusión los intereses moratorios se causan desde el día siguiente a la ejecutoría del acto administrativo que reconoce o confirma total o parcialmente el derecho a la devolución y hasta la fecha del pago efectivo, tal como lo dispone del inciso 4 del artículo 863 del Estatuto Tributario.”

“No. El Decreto Legislativo 240 de 2026 reguló de manera específica la base gravable del impuesto de normalización tributaria para el año gravable 2026, sin contemplar una reducción por la repatriación e inversión en Colombia de activos omitidos del exterior ni remitir al beneficio temporal establecido en el parágrafo 5 del artículo 2o de la Ley 2155 de 2021, cuyo ámbito de aplicación se agotó en 2022.”

La DIAN aclara el Concepto 000673 (int. 0063) de 2026: cuando la certificación UPME de exclusión de IVA se expide después de adquirir un vehículo eléctrico o híbrido (PHEV o HEV) para uso personal, la devolución se tramita directamente ante la DIAN por el procedimiento del parágrafo 3 del artículo 1.3.1.12.24 del Decreto 1625 de 2016. No resulta aplicable el mecanismo examinado en la sentencia del Consejo de Estado de 12 de mayo de 2022 (int. 24155).

“Por lo expuesto, este Despacho reconsidera los párrafos 13, 14, 15 y 19 del Concepto No. 003541 (int. 317) del 5 de marzo de 2026, el párrafo 15 del Concepto 13278 de 2025, el párrafo 15 del Concepto No. 14620 de 2025 y toda la doctrina de esta Entidad que reitere que cuando no sea posible aplicar el artículo 1.2.4.16 del Decreto 1625 de 2016, la devolución ante la DIAN por retenciones a título de impuesto de timbre solo puede promoverla el agente retenedor y no quien soportó económicamente la retención.”

“En su lugar, se establece que, el agente retenedor conserva la condición de primer obligado a reintegrar, pero la negativa, imposibilidad material o la insuficiencia del mecanismo del artículo 1.2.4.16 habilitan el análisis por el procedimiento del artículo 850 del Estatuto Tributario de la solicitud elevada por el sujeto pasivo económico de la obligación.”

“En conclusión, tratándose de retenciones practicadas en exceso o indebidamente en materia del impuesto de timbre nacional, el artículo 1.2.4.16 del Decreto 1625 de 2016 es la vía inicial y ordinaria. Sin embargo, cuando el reintegro sea negado, no resuelto o materialmente imposible, procede analizar la solicitud elevada por el sujeto pasivo económico de la obligación conforme al artículo 850 del Estatuto Tributario.”

“En conclusión, se reconsidera la tesis jurídica del concepto 19193 de 2018, así como los párrafos 2 y 3 del numeral 3 del Oficio 1013 de 2019 y el numeral 2 del párrafo 14 del oficio 18645 de 2019, en el entendido que:”

“i) En el marco de lo establecido en el inciso 2 del artículo 239-1, la administración podrá incluir como renta líquida gravable los activos omitidos o pasivos inexistentes que provengan de una declaración no revisable y que se hayan incorporado por vía de arrastre a una declaración que es encuentre dentro del término de firmeza.”

“¡i) En las declaraciones donde se realice la exclusión de pasivos inexistentes sin el correlativo aumento de la renta especial, la administración podrá realizar la adicción dentro del término de firmeza de la respectiva autoliquidación e imponer la sanción por inexactitud sin que pueda afectar declaraciones posteriores donde ya se encuentre regularizado el patrimonio.”

“iii) La determinación de la renta gravable por el sistema de comparación patrimonial podrá comprender tanto el patrimonio líquido declarado por el contribuyente, como el determinado en una liquidación oficial.”

La DIAN incorpora los criterios de la sentencia del Consejo de Estado 28739 de 2026: la certificación ANLA es un medio de prueba y puede expedirse después de la importación cuando se solicitó antes, completa y oportunamente. El importador puede declarar el bien excluido y acreditar luego la certificación, asumiendo los riesgos de fiscalización, o pagar el IVA y corregir la declaración dentro del término legal. Sin gestión previa y diligente, no procede la exclusión.

La DIAN precisa que, para sociedades preexistentes acogidas válidamente al régimen ZESE, los cinco años de tarifa del 0 % se cuentan desde el año en que adquirieron la calidad de beneficiarias mediante actualización del RUT, sin que pudiera ser posterior a 2022. El cambio doctrinal no modifica automáticamente declaraciones anteriores; su corrección está sujeta a los requisitos y plazos del artículo 589 del Estatuto Tributario.

La DIAN distingue entre aportes en dinero pagados por compensación y aportes en especie del crédito, y precisa el costo fiscal de las acciones, su valor patrimonial y el tratamiento en la conciliación fiscal.