Boletín Tributario 125

vigencia 2026.

Como se anticipó, a los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia no les aplica el artículo 90 del ET por expreso mandato legal, de manera que, para efectos de evaluar el cumplimiento del principio de plena competencia en las operaciones de IAASA con su vinculada económica del exterior, tal norma no resultaba aplicable.

4- Por lo razonado en precedencia y como contenido interpretativo de esta providencia, la Sala reitera que las erogaciones efectuadas durante la etapa de exploración de recursos naturales deben recibir el tratamiento tributario de activos diferidos, conforme a lo dispuesto en los artículos 142 y 143 del ET (entonces vigente). Asimismo, precisa que, aunque la imposición concurrente de las sanciones previstas en los artículos 647 y 647- 1 del mismo estatuto no vulnera la prohibición constitucional del non bis in idem, procede exonerar al contribuyente de responsabilidad cuando acredite que la conducta sancionable obedeció a una interpretación razonable, aunque errónea, del derecho aplicable, que le generó la convicción de no estar incurriendo en una infracción tributaria.

En cuanto al principio de igualdad en materia tributaria la Corte Constitucional en sentencia C-109 de 2020, definió lo siguiente:

“15. La Sala Plena se ha referido al alcance del concepto de igualdad y equidad tributaria. Según la Corte el principio de igualdad (art. 13) supone (i) un deber de trato igual a los sujetos que están en condiciones similares, (ii) un mandato de trato diferente entre los sujetos que se encuentren en condiciones diferentes y (iii) la obligación de asegurar la eficacia de los derechos de aquellas personas o grupos tradicionalmente discriminados, o que están en situación de debilidad manifiesta.”

En el presente caso, la Sala advierte que el decreto y los conceptos de la DIAN no comportan la violación al principio de igualdad. De hecho, puede afirmarse que no se viola el principio de igualdad, por regla general, cuando el legislador impone una condición o carga para acceder a un beneficio, derivando con ello que solo aquellos que cumplen con la condición o cargo disfruten de los efectos normativos. Las cargas o condiciones no entrañan trato desigual, en sí mismos. Estas (las cargas y condiciones) son los requerimientos mínimos que el legislador prevé para obtener un trato diferencial, tratándose de beneficios.

5- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la presente providencia que el ICA para la actividad de transmisión de energía eléctrica, se causa en el municipio en donde se encuentre ubicada la subestación pero en todo caso, a efectos de determinar la territorialidad de los ingresos es necesario acreditar mediante facturas de venta, soportes contables u otros medios probatorios, el origen extraterritorial de los réditos, dado que no existe una disposición normativa que preestablezca un determinado medio de probatorio para el efecto. Además, que el impuesto de avisos y tableros cuenta con un hecho generador propio que corresponde a la colocación de avisos, vallas y tableros visibles desde la vía de uso público o desde el espacio público, pero que se recauda y liquida de manera conjunta con el ICA en la medida en que es un tributo complementario de este.

Según esas pautas, la Sala confirmará la decisión del tribunal, porque se demostró que las pruebas en las que se sustentó la modificación oficial carecen de idoneidad para demostrar que los ingresos de la litis eran atribuibles a la jurisdicción del demandado pues no se trata de documentos que acrediten que esas sumas se obtuvieron allí, ni desvirtúan la distribución que realizó la actora de los ingresos que obtuvo por la prestación del servicio de transmisión de energía eléctrica a través de subestaciones y líneas de transmisión ubicadas en varias jurisdicciones, de modo que el demandado modificó la base gravable del ICA adicionando ingresos pese a no tener certeza de que su causación tuviera lugar en su jurisdicción, y a que, incluso, se acreditó que se trataba de réditos percibidos en otras jurisdicciones; además, se demostró que la actora no realizó el hecho generador del impuesto de avisos y tableros. Sin embargo, se modificará el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, solo para efectos de excluir la expresión «sancionó por no informar».

El concepto remite a doctrina previa sobre deducción especial en renta, exclusión de IVA, límite del numeral 3 del artículo 336 del Estatuto Tributario y beneficios para vehículos híbridos y eléctricos de uso personal.

Por el contrario, el reconocimiento económico de beca que reciben la madre o padre sustitutos sí se considera ingreso y hace parte de la base líquida gravable del impuesto sobre la renta.

El concepto precisa que, si la unión temporal es quien presta el servicio, le corresponde liquidar y facturar el IVA a la entidad contratante, aun cuando se apoye en terceros o en recurso humano no responsable de ese impuesto.

La DIAN reitera la diferencia entre la realización fiscal del ingreso en renta y la causación del IVA, y señala que las diferencias temporales o permanentes deben manejarse mediante conciliación fiscal.

Devolución de retenciones practicadas en exceso: “Un contribuyente al cual se le practicó una retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta en un valor superior al que corresponde conforme a la ley, deberá seguir el procedimiento señalado en el artículo 1.2.4.16. del Decreto 1625 de 2016, presentando una solicitud escrita al agente retenedor y aportando las pruebas necesarias que sustenten la retención en la fuente practicada en exceso.”

Consolidación de estados financieros cuando la controlante es persona natural. La Superintendencia de Sociedades señala que, cuando una persona natural posee el 100% de una sociedad colombiana que a su vez controla una sociedad extranjera, existe control directo e indirecto conforme a los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995. La consolidación corresponde a la persona natural si está obligada a llevar contabilidad; no obstante, si la sociedad colombiana es requerida por la entidad de supervisión, deberá presentar estados financieros consolidados que incluyan la información de la subordinada extranjera. También precisa que no procede el informe especial del artículo 29 de la Ley 222 de 1995 si no existe grupo empresarial.

Régimen cambiario: omisión en el registro de sustitución de inversión extranjera. La Superintendencia de Sociedades indica que la omisión en el registro de la sustitución del inversionista extranjero ante el Banco de la República puede investigarse como infracción formal, pero respecto del inversionista no residente o su representante. En principio, la sociedad receptora colombiana, su representante legal o el revisor fiscal no asumen responsabilidad cambiaria por la sola omisión del registro, salvo que actúen como apoderados del inversionista. Asimismo, mientras no se registre la sustitución, el nuevo titular no podrá ejercer los derechos cambiarios asociados a la inversión.