Periodismo y denuncias
Artículo publicado en:Portafolio
La libertad de prensa es pilar esencial de la democracia. La actividad del periodismo, no solo viabiliza la concreción de este bien supremo, sino que cumple una función social trascendental. Las conductas ilícitas normalmente se cometen de forma oculta, cubierta y secreta, para sacarle el quite a la sanciones que podrían aplicarse si fueran detectadas. Los hechos censurables, que de manera constante evidencian los medios hablados y escritos, integran un sinnúmero de ejemplos de uno de los papeles esenciales que cumplen los periodistas: no dejar que impere la impunidad y, por el contrario, lograr que brille la luz de la justicia con el condigno castigo a sus responsables.
Si no fuera por la actitud valiente y responsable de estos misioneros de la ‘libre expresión’, en Colombia no se tendría conocimiento de las acciones bárbaras de los auspiciadores y ejecutores de las masacres en campos y ciudades, de los máximos responsables de los horrendos asesinatos de personas inocentes, defensoras de derechos humanos, o simplemente incómodas para el régimen oficial de turno, de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, del sucio y desleal uso los hackers en los debates electorales, y de las filtraciones de información reservada para ejercer de forma irresponsable la política a costa de la seguridad nacional. Tampoco se habría enterado la sociedad del abuso del poder en que se incurrió al propiciar, perseguir e interceptar a la Corte Suprema de Justicia por su firme decisión de castigar el paramilitarismo. Ni de la corrupción relacionada, entre otros eventos, con el descarado robo de los dineros de la salud, el fraude en el trámite a la reforma constitucional a la justicia, el asalto al tesoro público por los carruseles de la contratación, el desvergonzado intento de funcionarios del Ministerio Público de desconocer pruebas en contra de sindicados por asesinato, por el solo hecho de compartir sus convicciones políticas y religiosas.
El país enfrenta una triste realidad que parecía superada. Las personas que, de forma franca, presentan graves y soportadas denuncias a través de la prensa escrita, radial o televisiva, continúan siendo amedrentadas. Uno de los casos es el de la directora de noticias de RCN, quien informó el acoso sexual a cadetes por parte de oficiales de la Policía y tuvo el valor de publicar los descarnados testimonios de personas afectadas. Lo más grave de este sombrío ambiente y como una mala herencia del pasado, es que, en el suceso de Vicky Dávila, al parecer existen indicios sobre la participación de algunos servidores públicos.
Las autoridades tienen la obligación de proteger de manera efectiva a esta ilustre periodista, a su familia y a todos aquellos que asumen sin cobardía estas actitudes. Además, por el bien de nuestra democracia, deben desenmascarar a los culpables directos e intelectuales, para que sean juzgados y penados. Los colombianos no podemos continuar siendo testigos indiferentes de finales trágicos como los de Flor Alba Nuñez, en el Huila, y Luis Peralta Cuéllar, en el Caquetá. De conformidad con datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, en el 2014, 164 periodistas fueron amenazados en Colombia por su trabajo ‘inconveniente’ para ciertas personas. Ya es hora de que esta profesión deje de ser de ‘alta peligrosidad’ para quienes la ejercen con pulcritud y seriedad. Exijamos justicia para los que han sido asesinados o perseguidos, y rescatemos la decencia nacional al menos en este campo.
Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian
gcotep@yahoo.com
