La imagen de cualquier organización deriva de la actuación de las personas que la integran y, en especial, de quien ejerce su orientación.

En la Dian, la gestión de José Andrés Romero Tarazona, en su desempeño como Director General, se caracterizó por un trabajo serio, juicioso y ante todo responsable, reflejado en varias ejecutorias positivas, a pesar de haber encontrado al llegar, una administración con recursos humanos y técnicos limitados.

Se destaca el haber persistido en el proyecto de la “factura electrónica”, iniciado en el 2º período de Santos, introduciendo la validación previa y su generalización. Gracias a esta continuidad, existe una valiosa herramienta para la transparencia de las operaciones. Soportar las transacciones de bienes y servicios en esta forma, implica una barrera importante a la evasión y al contrabando en beneficio de la recaudación.

https://www.portafolio.co/opinion/gustavo-h-cote-pena/huella-de-una-gestion-gustavo-humberto-cote-549134

Publicado en actualicese.com

Gustavo Cote, exdirector de la Dian analiza en Actualícese las novedades del proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el Gobierno.

Habla sobre la devolución del IVA para los más necesitados, los tres días sin este impuesto y la reducción de los aportes a salud, entre otros temas.

Para el exdirector de la Dian, Gustavo Humberto Cote Peña, los organismos de control deben ejercer una veeduría puntual y permanente sobre el dinero que irá a parar a manos de los más necesitados por devolución del IVA. Además, deben entregar a la opinión pública los resultados de dicho seguimiento.

¿Qué hacer para que la propuesta de devolución del IVA sea efectiva y ese dinero no vaya a parar a manos equivocadas?

La medida tiene una finalidad loable, la cual es buscar compensar en algo a los colombianos más pobres por el impacto de la regresividad que caracteriza a un tributo indirecto como lo es el IVA, y que conlleva su recaudo al margen de la capacidad contributiva de quien adquiere los bienes y servicios gravados con el impuesto.

La ponencia para primer debate, que fue incluida por las circunstancias especiales de orden público que rodearon su anuncio, está prevista para que opere a partir del 2021, con lo cual los 2,2 billones que estima el Gobierno como su costo fiscal no impactarán para nada el recaudo del año gravable 2020, hecho que sustrae sus efectos del debate para justificar otros cambios con aplicación para esta vigencia.

La devolución implicará la transferencia cada dos (2) meses de una suma fija en pesos para los hogares de menores ingresos, definida por el IVA promedio que cubren dichas familias. Según el viceministro de hacienda, podrá ser entre $65.000 y $70.000, y se efectuará a través de programas como el Sisbén, Familias en Acción o Jóvenes en Acción.

Para todos es conocido que el Sisbén presenta inconsistencias reconocidas por el Departamento Nacional de Planeación –DNP–. Según la entidad, este año está en curso la recolección de la información para la construcción del Sisbén versión IV, iniciada en el Gobierno anterior y prevista para entrar en vigor en el segundo semestre del 2020.

Se espera que esta nueva versión garantice que no solo esta nueva transferencia, sino todas las que conllevan los programas de Familias en Acción y Jóvenes en Acción, lleguen de manera efectiva a los más pobres y vulnerables.

Adicionalmente, es conveniente que cuando empiece a operar los organismos de control ejerzan una veeduría puntual y permanente sobre la ejecución de estos recursos públicos e informen a la opinión pública los resultados del seguimiento.

Los tres días sin IVA, ¿de qué forma puede afectar el recaudo tributario y en qué beneficia a las finanzas del Estado?

La propuesta se formula en la ponencia para primer debate de la reforma tributaria como una exención del IVA para algunos productos correspondientes a vestuario y sus complementos, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes y juegos, y útiles escolares, dentro de los límites de valor unitario previstos para cada grupo, que deberán ser vendidos mediante tarjetas crédito, débito y/o prepago.

Bajo la figura de la exención, quien vende el producto no cobra el impuesto al venderlo y tiene derecho a que le sea devuelto el tributo pagado por su adquisición y por los demás costos y gastos que permitan solicitar impuestos descontables.

Naturalmente, el permitir vender sin IVA algunos productos de consumo general durante unos días tiene un efecto en el recaudo y las finanzas del Estado, no solo por dichas operaciones, sino también por los efectos indeseables colaterales que puedan derivarse de conductas de comerciantes “irresponsables”, que mediante determinadas maniobras pretendan ubicar en dichos períodos ventas gravadas realizadas en otros días.

Si bien las normas prevén una serie de obligaciones para el comerciante, con el fin de garantizar algún control mínimo para que no se abuse de la exención, lo cierto es que para neutralizar su impacto negativo en las finanzas públicas requerirá de acciones de control masivas por parte de la Dian una vez sea puesta en marcha.

También es posible pensar en un efecto adicional adverso por la pérdida de dinamismo de ventas como consecuencia de que los consumidores aplacen sus decisiones de compra para los días de exención.

¿Qué opinión le merece reducir gradualmente los aportes a salud del 12 % al 4 % para quienes reciben pensiones de un salario mínimo?

La reducción de los aportes para salud al 4 % tampoco operaría de forma inmediata. La propuesta implica que por los años 2020 y 2021 se reduzca al 8 % y tan solo a partir del 2022 al 4 %, y únicamente para mesadas de un salario mínimo mensual.

Publicado en Portafolio

Después de varios meses de expectativa se produjo la reglamentación del Simple (RST), con un conjunto normativo que no hace honor al nombre del nuevo mecanismo del impuesto de renta e ICA para pequeños negocios e informales.

Comprende 92 páginas: 52 con múltiples requisitos del RUT y otros aspectos que, si bien se refieren al régimen, dejan de lado solucionar problemas de fondo para su generalización; las restantes, bajo el Anexo No. 4, con la lista indicativa de actividades empresariales que se encuentran sujetas al mismo. Una pregunta que surge de este ‘regalo’ de “simplificación tributaria” es a qué corresponden los Anexos Nos. 1, 2 y 3 que no aparecen en lo publicado.

Si solo es un error involuntario de numeración, es justificado bajo todo punto de vista, por lo extenso del trabajo realizado por quienes lo prepararon para el estudio y revisión ‘minuciosa’ de los funcionarios de la Casa de Nariño y por el ‘limitado tiempo’ que estos últimos dedicaron a su aprobación y publicación.

El anexo es parte integral del decreto y, al igual que todo su contenido, debe respetar las normas reglamentadas, tal y como lo exige Constitución Política. Valga recordar que el término fijado por la ley para la inscripción en el RST durante el año 2019, aunque vencía el 31 de julio, fue ampliado hasta el 8 de agosto.

Dado que para esta fecha la Dian reportó tan solo 6.326 inscritos de la meta de 500.000 anunciada en la prensa por la entidad a finales de mayo y las dificultades para realizarla, que fueron pan de todos los días, el reglamento prolongó la oportunidad de registro hasta el próximo 16 de septiembre.

Esta decisión se entiende tomada a favor de los ciudadanos. Sin embargo, por el respeto debido al ordenamiento jurídico, lo conveniente desde la institucionalidad, es que los funcionarios responsables de adoptar las medidas necesarias para viabilizar los mandatos del legislador, lo hagan con la debida antelación a los vencimientos dispuestos en la Ley, antes que dedicar su esfuerzo a expedir disposiciones claramente violatorias del orden superior.

A pesar de los pocos inscritos, existe confusión en los contribuyentes ordinarios, para quienes constituyen costos y/o gastos e impuestos descontables en su propia situación las operaciones celebradas con ellos, como consecuencia de uno de los artículos proferidos en el que si bien se indica que aquellos deberán contar con la modalidad de la factura electrónica, también dispone que “podrán (…) expedir documentos equivalentes en los términos del artículo 616-1 del Estatuto Tributario y el presente decreto”.

El plazo legal para su obligación de facturar de manera electrónica va hasta el próximo 31 de agosto. Como la regulación impositiva establece que la Dian solo puede sancionar la no adopción de los mecanismos como el que nos ocupa, luego de 3 meses de haber sido dispuestos, la realidad es que podrá exigirse la factura electrónica a quienes se sometan al RST únicamente a partir del 1 de diciembre de 2019.

Mientras tanto, debe entenderse que si expiden facturas o documentos tradicionales equivalentes, están cumpliendo el deber fiscal. Por su parte, el Estatuto Tributario señala que las empresas que reciban estos últimos documentos como soporte de las transacciones, no tienen problema alguno durante el año 2019 y, en la medida en que no excedan el 30% del total de los impuestos descontables, y costos o gastos deducibles, tampoco lo tendrán durante el 2020.

Para beneficio del orden jurídico y claridad de los obligados, debe procederse con carácter urgente a su revocación.

Artículo publicado en portafolio.co

La reforma tributaria adoptó el respaldo legal que permitirá el ajuste a los sistemas de facturación electrónica, para introducir el cambio a su “validación previa” por parte de la Dian. También agregó que los documentos de las máquinas registradoras POS, no dan derecho a impuestos descontables, ni a costos y deducciones. En contraste, y en norma posterior, dispuso que el Gobierno Nacional reglamentará los requisitos, condiciones y procedimientos del Art. 616-1 del E.T., regulador de la factura o documento equivalente, incluida la facturación electrónica.

Sin supeditar a dicha reglamentación preceptuó, además, que seguían siendo válidos los documentos equivalentes como soportes, comprendido el del sistema POS, y señaló que a partir del 01-01-2020 y para cada uno de los años 2020, 2021 y 2022, aplicarán porcentajes diferentes (30, 20 y 10 por ciento), como máximos que podrán soportarse sin factura electrónica. Solo a partir del 2023, todos los descontables, los costos y los gastos, procederán respaldados en la nueva forma tecnológica de facturar.

La ley fue deficiente al no indicar en función de cual parámetro se establecen dichos porcentajes, con lo que generó alternativas a tomar en el periodo gravable de cada tributo (IVA o Renta): ya sea la cantidad de documentos o el valor de los descontables y de los costos y gastos, considerados de forma independiente para cada tributo, o en forma conjunta para ambos impuestos. Una sana lógica diría que la referencia debería operar sin confundir los dos impuestos y mirando el total de los valores solicitados en la respectiva declaración. Sin embargo, el reglamento tendrá la última palabra.

A pesar de la claridad normativa sobre la validez de los documentos POS como soportes, tanto en el 2019 como en los años siguientes hasta el 2022, incluso, en la medida en que cumplan la condición de estar dentro del respectivo porcentaje máximo permitido sin factura electrónica, la Dian, al regular aspectos relativos a esta modalidad, afirmó lo contrario (Ver Resolución No. 2 del 03-01-2019). De similar forma procedió al publicar un proyecto de resolución que modifica requisitos para las solicitudes de autorización, habilitación y/o inhabilitación de numeración de las facturas y/o documentos equivalentes, en el cual recoge, de manera ilegal, el texto de la norma que los excluye del ámbito probatorio.

En reciente pronunciamiento de la entidad (Concepto No. 4834 del 27-02-19), en respuesta a la consulta de un particular, se rescata, en parte, la interpretación correcta, afirmando “… que hoy, el documento equivalente POS tiene plena validez…”, pero en el mismo incluye otra en abierta oposición a la ley, al agregar “… y será así hasta tanto se reglamente la materia…”. Con esta última, para la Dian, tal validez desaparece una vez se produzca el reglamento y con este deja de regir lo que dispuso de forma diferente y expresa el legislador. Para beneficio del orden jurídico y claridad de los obligados, debe procederse con carácter urgente a su revocación.

La primera inferencia hace una aclaración oportuna que calma, aparentemente, las aguas para quienes adquieren bienes y servicios de empresas que usan Máquinas POS, y para estas, que por la gran magnitud de transacciones que realizan estaban enfrentando el calvario de tener que expedir, en un sinnúmero de casos, facturas adicionales con las formalidades exigidas en la ley. No obstante lo anterior, la misma resulta insuficiente, pues, en forma concordante, faltaría modificar las resoluciones atrás referenciadas que priman y tienen presunción de legalidad, máxime cuando el concepto emitido no podrá ser alegado a su favor por los contribuyentes que actúen bajo su amparo, por la derogatoria de la norma que así lo permitía.