RESOLUCIONES DE LA DIAN

La DIAN señaló los “grandes contribuyentes” para los años gravables 2017 y 2018

(Ver Resolución DIAN No.76 del 1-Dic-2016)

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

El Ministerio de Transporte señaló la base gravable del impuesto de vehículos para el 2017

Para efectos del pago de impuestos de los vehículos automotores, el Ministro de Transporte dispuso la base gravable para al vigencia fiscal de 2017. El valor indicado para cada vehículo se muestra en las tablas anexas a la Resolución, que consta de 195 folios, de acuerdo con la marca, línea, cilindraje del motor, capacidad de carga, capacidad de pasajeros y modelo.
(Ver Resolución Mintransporte No.5132 del 30-Nov-2016)

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

La comparación patrimonial obliga tener en cuenta el patrimonio líquido declarado y no el determinado en la liquidación oficial

En la sentencia el Consejo de Estado consideró que:

“… el legislador tuvo en consideración si es procedente liquidar el impuesto de renta por el sistema de comparación patrimonial teniendo en cuenta las modificaciones al patrimonio formuladas en la liquidación oficial demandada.…”.

“…Como se precisó inicialmente, a la Sala le correspondería analizar si es procedente la adición de activos y el desconocimiento de pasivos.

Sin embargo, se reitera que, para la Sala, este análisis resulta innecesario si se tiene en cuenta que las modificaciones que propuso la DIAN tuvieron como propósito liquidar el impuesto de renta de la demandante por el sistema de comparación patrimonial, sistema que, como se precisó, no puede tener como referente las modificaciones al patrimonio que propuso la DIAN en la liquidación oficial demandada, pues, se insiste en que para calcular la renta por comparación patrimonial se debe comparar el patrimonio líquido declarado del período gravable con el patrimonio líquido declarado del período inmediatamente anterior”.

Y concluye que:

“Dado que en el caso concreto está probado que la DIAN tuvo en cuenta el patrimonio líquido determinado en la liquidación oficial y no el patrimonio líquido declarado por el año gravable 2006, está probada la causal de nulidad por violación de los artículos 236 y 237 ET y 91 del Decreto 187 de 1975.”

(Ver Sentencia 19748 del 13-Oct-2016, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas)

Los pagos provenientes de la relación laboral que no constituyen salario, no hacen parte de la base para determinar los aportes parafiscales y por tanto no les aplica el Art. 108 ET para su deducción.

En la sentencia el Consejo de Estado reitera su posición sobre:

“… que, para la Sala, los pagos provenientes de la relación laboral que no constituyen salario, no hacen parte de la base para determinar los aportes parafiscales; por lo tanto, no les aplica el artículo 108 del ET para efectos de deducción en la renta.

De manera que todas aquellas erogaciones pagadas por el empleador al trabajador, que cumplan las condiciones señaladas en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, vale decir, que se paguen de manera ocasional y por mera liberalidad para el buen desempeño de las funciones del trabajador y sin el ánimo de incrementar su patrimonio, las prestaciones sociales y en general todos los beneficios extralegales o pagos en especie respecto de los cuales se haya pactado por las partes que no constituyen salario, para efectos de su deducción, se les aplica el artículo 107 del ET.

Y concluye que:

“…los incentivos económicos a favor de los trabajadores constituyen un gasto que resulta deducible porque tiene su origen en la relación laboral, aunque no constituye salario, genera beneficios para los trabajadores de la empresa –elemento indispensable en la obtención de ingresos- y se instituye como una práctica en la estrategia empresarial que las empresas promuevan incentivos a sus trabajadores mediante el fondo de empleado…”

(Ver Sentencia 19366 del 10-Oct-2016, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.)

Para que el certificado contable sirva de prueba sustituta de la verificación directa debe ser completo, detallado y coherente. No se requiere nueva solicitud para la devolución de saldos a favor definidos en la sentencia.

La Sentencia reitera el criterio de la Sala sobre los requisitos del certificado de revisor fiscal o contador para que sirva de prueba. En este sentido afirmó:

“Ha sido criterio de la Sala que para que los certificados de revisor fiscal sean válidos como prueba contable, deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad. Además, de expresar que la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales o que los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio; deben informar si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y si reflejan la situación financiera del ente económico.
También se ha precisado que tales certificados deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse. No pueden versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues “en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones”.

En relación con la devolución de saldos a favor y pago de intereses por la DIAN, estima que:

“…si se produce requerimiento especial o cualquier otro acto en las demás etapas del proceso de determinación y discusión tanto en la vía gubernativa o jurisdiccional, la devolución procede sobre el saldo a favor determinado en esos actos, sin que se requiera nueva solicitud del contribuyente, pues basta con que presente la copia del acto o providencia respectiva ante la Administración.

“… es claro que, en virtud del artículo 857-1 del E.T., el contribuyente tiene derecho a obtener la devolución del saldo a favor restante, determinado por el Tribunal, por la suma de $1.790.959.00026, con el reconocimiento de los intereses corrientes y moratorios que le corresponda pagar a la DIAN, en los términos de los artículos 863 y 864 ET, sin que se requiera de nueva solicitud de devolución. Basta que se presente una copia de la sentencia, pues esta sentencia es la que presta mérito ejecutivo para que el contribuyente reclame ante la DIAN la devolución del saldo a favor y los intereses corrientes que, valga precisar, se causan a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial hasta la ejecutoria de esta sentencia. Y, los moratorios, a partir del día siguiente de la ejecutoria de esta sentencia.”

(Ver Sentencia 19456 del 13-Oct-2016, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas)

Se reitera que el ICA se causa en la jurisdicción del municipio donde se perfecciona o consolida la venta, es decir donde se conviene el precio y la cosa vendida.

Al respecto el Consejo de Estado consideró:

“…Cuando el contribuyente ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones de declaración y pago en otros municipios, no puede un ente territorial pretender que la totalidad de los ingresos se declaren y paguen en su municipio. Que, en este caso, está probado en el expediente que los impuestos se han declarado y pagado en otros municipios, al igual que en el Distrito Capital…”

Y concluye reiterando su criterio así:

“…- El impuesto de industria y comercio se causa en la jurisdicción del municipio donde se perfecciona o consolida la venta.
– La venta se entiende perfeccionada o consolidada cuando se concretan los elementos esenciales del contrato de venta, esto es, el precio y la cosa vendida. 
-En consecuencia, el impuesto se causa en la jurisdicción del municipio donde se convienen el precio y la cosa vendida…”

(Ver Sentencia 19265 del 08-Sep-2016. C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas)

Se retoma la posición jurisprudencial de que cuando se inadmite el recurso de reconsideración por extemporáneo, es posible demandar per saltum ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Sobre el tema el Consejo de Estado estima:

“…La diferencia entre las dos líneas jurisprudenciales que en torno a este tema se han presentado, radica en que en una, si se prueba el cumplimiento de los requisitos del parágrafo del artículo 720 del ET el contribuyente puede demandar per saltum, a pesar del rechazo por extemporáneo del recurso de reconsideración, en tanto que en la segunda línea, que resulta ser la vigente, la extemporaneidad en la interposición del citado recurso conduce a la falta de agotamiento de la vía gubernativa, lo que trae consigo la decisión inhibitoria, salvo que se demuestre que el recurso fue ilegalmente inadmitido es decir, que no era extemporáneo.

En esta oportunidad, se retoma la posición, según la cual, la interposición del recurso de reconsideración en forma extemporánea contra la liquidación oficial de revisión y su consecuente inadmisión abre la posibilidad de que el contribuyente acuda per saltum en demanda del acto administrativo definitivo ante esta jurisdicción, siempre que se cumplan los presupuestos señalados en el parágrafo del artículo 720 del ET, esto es, atender en debida forma el requerimiento especial e interponer la demanda dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial de revisión.”

Y concluye:

“…En conclusión, cuando se observe que el contribuyente interpuso el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial del revisión en forma extemporánea pero, se evidencie que el administrado atendió en debida forma el requerimiento especial y que la demanda contra la liquidación oficial se presentó dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su notificación, es del caso admitir que la parte actora acude per saltum ante esta jurisdicción y, por ende, procede el estudio del fondo del asunto.”

(Ver Sentencia 20311 del 10-Oct-2016, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.)

DOCTRINA DE LA DIAN

Una declaración firmada por un contador que ha sido sancionado con la suspensión de su tarjeta, se tiene por no presentada

Se reitera por la DIAN lo siguiente:

“…este Despacho considera menester que el contribuyente demuestre la ocurrencia de un error común creador de derecho en aras de evitar la consecuencia prevista en el artículo 580 del Estatuto Tributario, cuando la declaración tributaria es presentada con la firma de un contador público, o revisor fiscal a quien, precisamente, la DIAN le había impuesto la suspensión de la facultad para firmar, en los términos del artículo 660 ibídem. En otras palabras, no basta con alegar la aplicación del principio de buena fe como eximente de responsabilidad si, a la par, no se ha desplegado una conducta diligente.”

“Ahora bien, más allá de que el contribuyente haya presentado oportunamente la declaración tributaria con el correspondiente pago – que por cierto es su obligación – y sí bien no se llegue a observar “ninguna intención dolosa de defraudación”, lo cierto es que, en el caso sub examine, no puede librarse de la consecuencia del artículo 580 ibídem invocando una buena fe simple en perjuicio de la seguridad jurídica,….”

“De conformidad con lo expuesto, esta Dirección se permite reiterar el Oficio No. 032774 del 1o de diciembre de 2015.”

(Ver Concepto Dian 31040 del 15-Nov-2016).

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA DIAN

La UVT para 2017 quedaría en $31.859

La Dian publicó el proyecto de resolución mediante la cual fijaría el valor de la UVT para 2017. La variación, frente a la UVT vigente, sería de 7.08%, valor que corresponde al aumento del IPC entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de octubre de 2016, según lo dispone el Art. 868 ET.
(Ver proyecto de resolución Dian 26 de 2016).

RESOLUCIONES DE LA DIAN

La Dian establece las obligaciones de reporte de información exógena para 2017

La Dian expidió la resolución mediante la cual determina quiénes están obligados a reportar información exógena tributaria por el año gravable 2017, y el detalle de dicha información. Entre los obligados están las personas naturales que en el año 2015 tuvieron ingresos brutos de más de $500 millones, así como las personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes del impuesto sobre la renta, con ingresos brutos en la misma vigencia de más de $100 millones.

También deben reportar información exógena, entre muchos otros, los fondos, consorcios y uniones temporales, grupos empresariales, mandatorios o contratistas, fiduciarias, entidades públicas, cámaras de comercio, notarios y bolsas de valores.
(Ver. Res. Dian 068 de 2016).

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

Para efectos del ICA, el contribuyente debe llevar registros contables por cada municipio en el que se realice la actividad gravada y demostrar el pago del impuestos en otros municipios

Cuando un contribuyente es sujeto pasivo del impuesto de Industria y Comercio en más de un municipio, debe llevar registros contables separados por cada municipio donde ejerza actividades gravadas, con el fin de establecer claramente la base gravable en cada uno de ellos (Art. 1, Dec. 3070 de 1983, reglamentario de la Ley 14 de 1983).

En el caso juzgado por el C.E., se analiza la territorialidad del ICA de un contribuyente que realiza actividades comerciales en el municipio de Copacabana (Antioquia) y en otros municipios del país. Afirma la Sala:

“si [los ingresos] provienen de la realización de la actividad gravada, en municipios diferentes, deben registrarse contablemente de manera separada. No obstante, mientras el contribuyente no demuestre el pago de las obligaciones sobre los ingresos que pretende deducir como causados “fuera del municipio”, serán gravados en Copacabana, por ser el territorio donde se presentó la declaración discutida en el caso concreto”.

Y agrega:

“Es cierto que es procedente deducir de la base gravable total, el ingreso obtenido en otros territorios, pero no es menos cierto que se requiere, necesariamente, que el contribuyente acredite por cualquier medio idóneo el origen extraterritorial de los ingresos”.

El contribuyente no demostró el pago del ICA en otros municipios, por lo cual el C.E. le dio la razón a la administración, cuando elaboró una liquidación oficial en la que incluyó la totalidad de los ingresos del comerciante.
(Ver Sent. C.E. 20648 del 2016)

La solicitud de disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor sólo puede negarse por vicios de forma

El C.E. reitera en la sentencia que “la solicitud de corrección de la declaración prevista en el artículo 589 del Estatuto Tributario, solo puede negarse por inobservancia de los requisitos de forma, mas no por razones de fondo”.

No obstante, en el caso examinado concluye que corrección por inclusión en la declaración de renta del año 2005 de un saldo a favor inexistente en la declaración del año 2004 es un asunto de forma y no de fondo, y por lo tanto le da la razón a la administración para rechazar la solicitud de corrección.

No está de más comentar que en el proyecto de reforma tributaria (Art. 237), que en estos días estudia el Congreso, se proponer modificar el Art. 589 ET, de forma que la corrección proceda por medio de la presentación de una nueva declaración (sin que medie solicitud a la Dian, tal como sucede en el caso de las correcciones que aumentan el saldo a pagar o disminuyen el saldo a favor -Art. 588). Infortunadamente, el mismo proyecto difiere la entrada en vigencia del artículo por un término de hasta dos años, mientras la Dian ajusta sus sistemas informáticos.
(Ver Sent. C.E. 20848 de 2016)

DOCTRINA DE LA DIAN

La Dian reafirma que, para que proceda la deducción del costo o gasto, se debe exigir al transportador el soporte de pago a la seguridad social

En su concepto, la Dian sostiene su doctrina según la cual el transporte terrestre es un servicio personal y, por tanto, al tenor del parágrafo 2º del Art. 108 ET, “para la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponden al contratista según la ley […]. Lo anterior aplicará igualmente para el cumplimiento de la obligación de retener cuando ésta proceda”.
(Ver Concepto Dian 20878 de 2016)

Se debe factura IVA en las ventas de bienes (gravados) a empresas que integran el sistema de seguridad social en salud

El Art. 48 de la Constitución dice que “no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella”. Por ello, los recursos del sistema de seguridad social se entienden exentos de todo gravamen.

En relación con la prestación de servicios, afirma la Dian en su concepto:

“… frente al impuesto sobre las Ventas existe total claridad en que la exoneración, conlleva necesariamente que se trate de servicios contratados por las EPS, para ejecutar las prestaciones propias del Plan Obligatorio de Salud (POS), o que se relacione con las actividades de servicios que se señalan en los numerales 3 y 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario, en concordancia con el numeral 1º, literal a) del artículo 1º del Decreto 841 de 1998. De lo contrario no estarán excluidas de dicho tributo”.

Y sobre la adquisición de bienes:

“el cobro de IVA que realiza el vendedor de un bien gravado que se utilice por un tercero para prestar un servicio médico, no está cobijado por la exclusión que aplica a los servicios médicos, en la medida que solamente está excluida la prestación del servicio [prestado por una EPS o IPS], más no la compra que se haga de bienes o elementos a terceros”.

Por lo tanto, en las ventas de bienes gravados a una EPS o una IPS, el proveedor debe facturar el impuesto sobre las ventas correspondiente.
(Ver Concepto Dian 24220 de 2016)

NOTICIAS INTERNACIONALES

Panamá suscribe la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria

El pasado 27 de octubre, Panamá firmó la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria, instrumento de intercambio de información y colaboración internacional desarrollado en forma conjunta por la OCDE y el Consejo Europeo en 1988, y modificado en 2010 mediante protocolo. Este acuerdo es la base del Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera en Materia Tributaria, que se espera hacer efectivo en 2017.

En la actualidad, 106 jurisdicciones, incluida Colombia, han suscrito la Convención.
(Ver comunicado de la OCDE)

DECRETOS

El Presidente de la República expidió el Decreto Único Reglamentario en materia Tributaria

El Gobierno Nacional expidió el pasado 11 de octubre el Decreto Único Reglamentario en materia Tributaria. En 647 páginas se compila la normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultraactivos de disposiciones derogadas a dicha fecha, de conformidad con el Art. 38 de la Ley 153 de 1887. Los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.

El Art. 3.2.1.1. establece la derogatoria integral con unas excepciones en la siguiente forma:

“Artículo 3.2.1.1. Derogatoria integral. Este Decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el arto 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Hacienda que versen sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de las disposiciones aduaneras de carácter reglamentario vigentes, las normas estabilizadas, las disposiciones de periodo vigentes para el control y el cumplimiento de obligaciones tributarias, las disposiciones reglamentarias vigentes de las contribuciones, y las normas suspendidas provisionalmente que quedan sujetas a los fallos definitivos”.

Por su parte, el Art. 3.2.1.2. dispone que lo dispuesto en el Art. 1.8.3.1. del mismo rige a partir del 13 de noviembre de 2014 y hasta el 6 de agosto de 2018. Esta norma corresponde al Art. 2 del Dec 2310 de 2014 que regula integración de la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera.
(Ver Dec. 1625 del 11 de octubre de 2016).

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

Para efectos de vinculación en Precios de Transferencia, se reitera que el concepto “producción” (Art. 450.9) corresponde a unidades producidas y no a ingresos

La Sentencia reitera la jurispruduencia de la misma Sección sobre el tema, para lo cual expresa:

“… la Sala tuvo en cuenta, además, el criterio expuesto por la Sección en sentencia de 11 de octubre de 199627 , en la que se concluyó que la producción a que se refiere el artículo 450 numeral 9 del Estatuto Tributario debía determinarse en relación con las unidades de mercancía producida, que, para el caso, eran unidades de medida de litro y gramo, posición defendida en ese entonces por la DIAN, porque correspondían a “medidas económicas universales para determinar la producción” 28 , y no por los ingresos obtenidos, como lo reclamaba la demandante.

En el mismo sentido, la sentencia de 25 de julio de 201629 , concluyó lo siguiente:

“Se reitera que el concepto de “producción” a que se refiere el artículo 450 numeral 9 del Estatuto Tributario, entendido este como la transformación o elaboración de productos o unidades finales con un valor agregado, debe determinarse en relación con unidades producidas, pues la norma se refiere al productor sin considerar los ingresos que este obtiene por la venta de esa producción.

Además, se reitera, medir la producción en ingresos implica que se tengan en cuenta elementos ajenos a la producción en sí misma, como el precio comercial del producto y la tasa de cambio, pues estos factores son posteriores al proceso productivo mismo y corresponden, más bien, al proceso de comercialización o mercadeo.”

En consecuencia, la causal de vinculación económica del artículo 450 numeral 9 del E.T. esto es, si el productor vende a una misma empresa o a sus vinculadas el 50% o más de su producción, se refiere a si el productor vende el 50% o más de las unidades que produce, no a los ingresos que obtiene por la venta de esas unidades producidas, porque en esos ingresos se tienen en cuenta factores posteriores al proceso productivo mismo.”
(Ver Sent. C.E. 20490 del 2016)

Para las Empresas de Servicios Temporales de Empleo no forma parte de la base para liquidar del ICA los valores recibidos para empleados en misión (terceros)

El Consejo de Estado consideró que:

“… según la jurisprudencia de esta Sección procede la deducción de los pagos laborales a sus trabajadores en misión por parte de las empresas de servicios temporales para la determinación de la base gravable del impuesto de industria y comercio, dado que los ingresos brutos de ese tipo de empresas corresponden a las comisiones por sus servicios de intermediación laboral. En consecuencia, no se deben incluir en la base gravable ingresos que no recibe para sí sino para terceros, como son los mencionados pagos laborales.”

(Ver Sent. C.E. 20042 de 2016).

La declaración del impuesto predial presentada por el inmueble matriz exime de la presentación de la declaración por cada uno de los predios resultantes del desenglobe, pero debe pagarse el impuesto agregado de dichos predios

Se advierte en la Sentencia que:

“… la infracción por omisión de [presentar la declaración del impuesto predial] no tiene como fin castigar el mero hecho de no presentar un formato, sino el incumplimiento de la obligación sustancial, esto es, el hecho de no pagar.

Y es un hecho probado que la demandante pagó menos impuesto predial del que debía puesto que la base gravable sobre la que tasó el impuesto, que es el avalúo del predio englobado, difiere de la base gravable sobre la que el Distrito Capital tasó el impuesto en la liquidación de aforo, que es la del avalúo de las unidades inmobiliarias edificadas individualmente consideradas.

(…)

La Sala decide revocar la sentencia apelada, pero ordena al contribuyente “pagar el mayor impuesto dejado de pagar por el impuesto predial, determinado en la liquidación de aforo …”, resultado de la suma del impuesto predial de cada una de las unidades desenglobadas.
(Ver Sent. 19866 de 2016).

El año señalado para el silencio administrativo positivo frente a los recursos en impuestos nacionales comprende la notificación del acto que los resuelve

Se reitera la jurisprudencia según la cual:

“… la resolución de un recurso, para que sea eficaz y, por lo tanto, tenga la vocación de interrumpir el término que corre a favor del contribuyente para que se configure el silencio administrativo positivo en el caso particular del recurso de reconsideración, debe ser notificada, en estricto acatamiento de las reglas de notificación especialmente previstas en materia tributaria. De lo contrario, la administración pierde competencia para pronunciarse.”

(Ver Sent. 20931 de 2016).

CONCEPTO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

El Banco se pronuncia sobre el registro de inversiones en el exterior

El concepto expedido comprende los siguientes apartes:

1. Inversión de capital colombiano en el exterior.
2. Inversiones financieras y en activos en el exterior.
3. Registro de inversión por fuera del plazo legal de activos objeto del impuesto complementario de normalización tributaria.

(Ver Concepto No.20364 del 2016)

JURISPRUDENCIA

El Consejo de Estado se refiere a la compensación de excesos de renta presuntiva resultante de un proceso de escisión 

La Sentencia concluye que: “… dada la naturaleza de la renta presuntiva, los excesos de esta renta que se derive de un proceso de escisión solo pueden compensarse por la sociedad beneficiaria en relación directamente proporcional con el porcentaje patrimonial transferido.” 
(Ver Sentencia del Consejo de Estado No. 20603 del 3 de agosto de 2016).

El Consejo de Estado anula concepto de la Dian que negaba la estabilidad jurídica por el impuesto al patrimonio previsto en la Ley 1370 de 2009

El Consejo de Estado afirma en su sentencia que la Ley 1370 de 2009 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que extendió o prorrogó la vigencia del impuesto al patrimonio creado por la Ley 1111 de 2006.

En tal sentido, decreta la nulidad parcial del Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010, expedido por el Director de Gestión Jurídica de la DIAN, que afirmaba que el impuesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 es distinto del creado en la Ley 1111 de 2006 y que, por tanto, no quedaba cobijado por un contrato de estabilidad jurídica suscrito al amparo de la Ley 963 de 2005.
(Ver Sentencia del C.E. 18636 de 2016).

Los aportes parafiscales en las vacaciones de un trabajador con salario integral se liquidan sobre el 70% del salario

La Sala concluyó que los aportes parafiscales a favor del ICBF, por el pago de vacaciones y de comisiones a los trabajadores de RCN, con los que se pactó la modalidad de salario integral, se deben calcular sobre la base del 70% de los pagos que integran dicho salario, como lo hizo la parte demandante, y no sobre el 100% como lo pretendió el ICBF.

Se afirma en la sentencia que “en el caso de los trabajadores que devengan salario integral, la base para calcular los aportes parafiscales es el 70% del correspondiente pago, porque así lo dispuso el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 que modificó el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que fue interpretada con autoridad mediante el artículo 49 de la Ley 789 de 2002, sin que el legislador haya hecho distinción entre los tipos de pagos que recibe el trabajador contratado bajo la modalidad de salario integral”.
(Ver Sentencia del C. de E. 20697 de 2016).

DOCTRINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

No existe impedimento legal ni cambiario para absorber pérdidas acumuladas en la Sucursal con la inversión suplementaria al capital asignado.

La Superintendencia de Sociedades confirma la vigencia del Oficio No. 220-157873 del 18 de agosto de 2016, en el que se expresa que “… cuando la sucursal decida absorber pérdidas acumuladas, no existe impedimento de orden legal [o] cambiario para que tal operación se realice cancelando el saldo de las citadas pérdidas, contra el rubro de inversión Suplementaria al Capital Asignado, siempre y cuando se haga únicamente sobre las pérdidas acumuladas al corte del ejercicio inmediatamente anterior, cuyo soporte será la resolución o acta del órgano de dirección competente de la casa matriz, donde conste la autorización para efectuar esta operación”.
(Ver Oficio No. 220-157873 del 18 de agosto de 2016).

DOCTRINA DE LA DIAN

El rechazo de costos o deducciones por no efectuar retención sólo procede si las normas lo establecen en forma expresa

Se modifica el Concepto 117655 del 4 de diciembre de 2000 en el que la DIAN había señalado “Dentro de los requisitos para la procedencia de los costos y deducciones no se encuentra la obligación de practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por tales conceptos y no es necesaria en la medida en que el control de las retenciones se lleva a cabo por otros medios más rápidos y eficientes.”

Ahora la DIAN aclara y precisa:

“… que si por disposición expresa la norma consagra alguna condición especial para la procedencia del costo o deducción, relacionada con efectuar la retención al respectivo egreso y/o pago, o establece prohibición de que los contribuyentes puedan tomar éstos sin haber aplicado la retención en la fuente, y éste llegare a tomarlos, la consecuencia jurídica en efecto será el desconocimiento o rechazo de los mismos.

Tales son los casos previstos, a manera de ejemplo, en los artículos 124-2, 121 y 87-1 del Estatuto Tributario.” 
(Ver Concepto 0882 del 5 de septiembre de 2016).

Las declaraciones de retención con pago total dentro del plazo legal son eficaces

El concepto se refiere a una consulta que pregunta si una declaración de retención en la fuente que posteriormente se corrige y no se paga en su totalidad, extiende su ineficacia a la declaración inicial.

Concluye el concepto que “[…] si la declaración inicial o su corrección oportuna se presenta con pago total esta goza de eficacia y presunción de veracidad, de manera que frente a ello la Administración Tributaria solo podrá cuestionar los valores y datos consignados por el agente retenedor, en ejercicio de las amplias facultades de fiscalización y determinación con que el mismo Estatuto Tributario la faculta”.
(Ver Concepto 17203 del 12 de agosto de 2016).

Obligación de facturar en las ventas efectuadas con máquinas vending

El Concepto aclara el Oficio 012572 del 20 de mayo de 2016 afirmando que: “[…] en tanto la máquina vending tenga implementado un mecanismo que permita la expedición de factura, se deberá expedir dicho documento atendiendo la plenitud de requisitos consagrados en el artículo 617 [ET]; de lo contrario, se deberá expedir documento sustitutivo de la factura, de conformidad con lo previsto en el artículo 1o del Decreto 1514 de 1998”.
(Ver Concepto No. 22768 del 24 de agosto de 2016).

La deducción por pérdidas de activos sólo procede cuando se ocasionan por fuerza mayor 

La consulta se refiere a la posibilidad de tomar como pérdida deducible el menor valor recibido frente al capital aportado a una sociedad que se liquida.

La Dian responde negativamente, y ratifica su doctrina argumentando que, acuerdo con lo estipulado por el Art. 148 ET, sólo son deducibles las pérdidas sufridas durante periodo gravable, concernientes a los bienes usados en el negocio o actividad productora de renta, y siempre que tales pérdidas hayan ocurrido por fuerza mayor.
(Ver Concepto 22777 del 24 de agosto de 2016).

La sanción moratoria por el no pago de cesantías no está sometida al impuesto ni a retención

La DIAN reitera su posición y confirma que la sanción moratoria por el no pago oportuno al trabajador del auxilio de cesantía se encuentra exenta del impuesto sobre la renta y, por ende, no es sujeta de retención a título de este impuesto, en los términos y topes contemplados en el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario.
(Ver Concepto 22859 del 24 de agosto de 2016).

La responsabilidad tributaria solidaria del mandatario concluye cuando termina el mandato

De acuerdo con lo previsto en el Art. 572-1 ET, “Los apoderados generales y los mandatarios especiales serán solidariamente responsables por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que resulten del incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales del contribuyente”.

Recuerda la Dian que “… es oportuno indicar que recae en el inversionista extranjero (caso materia de análisis) el deber de designar un nuevo apoderado o mandatario, por lo que una omisión en ese sentido no implica para el mandatario inicial el mantenimiento de dicha condición”.

La Dian explica que una vez concluya el mandato, por cualquiera de las causales previstas en el Art. 2189 del Código Civil, cesa la solidaridad del mandatorio. Para el efecto, debe actualizarse el RUT de la entidad de la cual es mandatario.
(Ver Concepto Dian 18752 de 2016).

Los contratos de arrendamiento y los de suministro no son servicios personales

Explica la Dian que, al tenor de los previsto en los Art. 1973 y 1074 del C. Civil, los contratos de arrendamiento en los que el arrendador es una persona natural no corresponden a los servicios personales de que trata el Art. 1 del Dec. 3032 de 2013. Igual conclusión se deriva de los contratos de suministro, previstos en el Art. 968 del C. de Comercio.

Por consiguiente, en estos casos no procede la verificación del pago de aportes a la seguridad social para personas naturales que prestan servicios personales, prevista en el artículo 3o del Decreto 1070 de 2013, modificado por el artículo 9o del Decreto 3032 de 2013.

Recuerda el Concepto que la tarifa de retención en la fuente por los servicios de arrendamiento de bienes inmuebles es 3.5%. Para el año 2016, esta retención sólo aplica a cuando el ingreso es mayor o igual a 27 UVT. Es decir, si el valor del arrendamiento es inferior a este monto no se practica retención en la fuente.
(Ver Concepto Dian 20367 de 2016).