Boletín Tributario 127

“PRIMERO. Como consecuencia de lo decidido en Auto 082 del 29 de enero de 2026, NO PRODUCIRÁ EFECTOS, a partir de la fecha, el Decreto Legislativo 44 del 21 de enero de 2026, “[p]or el cual se adoptan medidas para propender por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social”, hasta que la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de la constitucionalidad del para mencionado decreto.”

PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLE, por consecuencia, el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, “Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.

SEGUNDO. Modular los efectos de esta decisión en el sentido de ORDENAR que: i) los impuestos directos que fueron modificados o se hayan causado mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos no sean objeto de declaración, liquidación o cobro por parte de la DIAN, y que se devuelvan los que se hayan pagado anticipadamente; ii) los impuestos indirectos pagados mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos sean devueltos a los sujetos pasivos que materialmente hayan realizado el pago y así lo acrediten, para lo cual la DIAN aplicará, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta sentencia, los mecanismos legales existentes o dispondrá la adopción de uno específico para ese efecto, si fuere necesario; y iii) se mantienen incólumes las situaciones jurídicas consolidadas respecto de los contribuyentes que acreditaron las condiciones exigidas para acceder a los beneficios tributarios previstos en el Decreto Legislativo 1474 de 2025 mientras este produjo efectos, todo ello en los términos de esta sentencia.

“Conclusión El despacho accederá a suspender provisionalmente a los artículos 2 a 8 del Decreto 572 de 2025, dado que se acreditó el cumplimiento de los requisitos específicos del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pero negará la suspensión del artículo 1 por no demostrarse dichos requisitos.

No obstante, en la medida en que el adecuado recaudo de impuestos y contribuciones involucra el interés general, y que la sostenibilidad fiscal funge como criterio orientador de todas las ramas del poder público (artículo 334 de la Constitución), el despacho considera necesario precisar que, como consecuencia de la suspensión provisional parcial que será decretada, deberán aplicarse las normas sustituidas por los artículos 2 a 8 del Decreto 572 de 2025, que regulaban las tarifas y bases de retención y autorretención en la fuente.” (Negrilla última frase no es del texto)

“1. Decretar la suspensión provisional del numeral 3 del Oficio 1002022208-1494 de 28 de agosto de 2024, de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, que señala:

3. No. El artículo 881-1 del Estatuto Tributario prevé un plazo máximo de dos (2) años para la entrada en funcionamiento del sistema de información. Una vez vencido el plazo, se hará exigible lo dispuesto en el artículo mencionado, esto es, que las entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito apliquen la exención mensual de trescientos cincuenta (350) UVT sin la necesidad de marcar una única cuenta.”

En ese contexto, conforme al artículo 734 ibídem, el recurso se entiende resuelto en forma favorable a las recurrentes, lo que comporta que acto demandado ya se encuentra revocado de manera tácita, razón por la cual el Departamento debe reconocer las pretensiones formuladas en sede administrativa y efectuar la devolución solicitada en los términos legales.

En suma, la Sala concluye que los argumentos de la apelación no desvirtúan las conclusiones del a quo. Determinada la naturaleza tributaria del asunto y acreditada la configuración del silencio administrativo positivo, no hay lugar a acoger la tesis contractual propuesta por la demandada. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

Conclusiones

1. El hecho generador del impuesto de teléfonos se refiere únicamente a las líneas telefónicas con conexión directa a los domicilios de una localidad determinada. Por tanto, los municipios no tienen autorización legal para gravar otro tipo de telefonía, incluyendo la telefonía móvil celular.

2. La expedición de la Ley 1341 de 2009 no supone la derogatoria de la Ley 97 de 1913, ni del alcance del impuesto municipal sobre teléfonos urbanos autorizado por esta última.

3. La fijación de tarifas del impuesto de teléfonos teniendo en cuenta la estratificación del municipio no vulnera el principio de progresividad tributaria, en la medida en que solo se entienden gravados los teléfonos con conexión directa a cada inmueble.

Sobre este punto, la Sección Cuarta, en sentencias del 7 de septiembre de 202310 y. del 8 de febrero de 202411, afirmó que el término de seis (6) meses previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 no se satisface únicamente con la expedición de la liquidación oficial. Por el contrario, ha precisado que, pese a que la disposición emplea la expresión “proferir”, el acto administrativo debe notificarse válidamente dentro de ese mismo plazo para que se entienda cumplido el término legal, so pena de la pérdida de competencia temporal:

“[s]i bien el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 señala que la UGPP debe “proferir” la

liquidación oficial dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo para contestar el acto previo, el entendimiento que a dicha preceptiva debe darse no es el que considera la UGPP, ya que en distintas oportunidades al analizar normas de similar contenido – como el artículo 732 del ET, que emplea la expresión “resolver” esta Sección ha precisado que la labor de la administración no se limita no se limita a expedir el acto tributario sino que también debe notificarlo dentro del plazo establecido, tesis replicada en la interpretación del artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, exigiendo la notificación del acto dentro del término previsto, so pena de la pérdida de competencia de la administración por el factor temporal”

3- Por lo razonado en precedencia se establece que la administración municipal no podía adicionar ingresos a la declaración del ICA del periodo 2016 con fundamento exclusivo en la declaración del impuesto sobre la renta, pues no acreditó que dichos ingresos provinieran de actividades gravadas efectivamente realizadas en su jurisdicción, incumpliendo la carga probatoria que le correspondía. Al no verificarse el elemento territorial que justificara la adición, la liquidación oficial de revisión se sustentó en hechos -ingresos nacionales- que no cumplen con el principio de territorialidad que rige el tributo analizado. Esta discrepancia entre los hechos invocados -ingresos nacionales- y la norma de territorialidad del ICA configura falsa motivación, que apareja la nulidad de los actos.

Sobre la corrección provocada, la Sección ha aclarado que el obligado tributario carece de libertad para configurar el contenido de la declaración de corrección, porque las modificaciones a la autoliquidación cuestionada solo pueden versar sobre las glosas planteadas por la Administración en el requerimiento.

Puntualmente, ha indicado la Sección que lo que invalida las correcciones presentadas tras la notificación del requerimiento especial, es la inclusión de hechos distintos a los referidos en el acto preparatorio. Y que, si bien esto supondría que el declarante solo está autorizado para modificar los renglones de la declaración que fueron objetados, también es cierto que el disenso respecto del renglón concreto que debe ser corregido no genera, por sÌ solo, la invalidez de la declaración de corrección.

Lo anterior, porque lo que exige el ordenamiento es que la modificación que introduzca el sujeto pasivo corresponda materialmente a una aceptación de los ´hechos´ que sustentan la glosa formulada, sin que se admita la inclusión de correcciones que excedan el debate trabado con el requerimiento especial. Por eso, si en la corrección provocada se modifican renglones distintos a los indicados por la autoridad, esta debe analizar si, a pesar de esa diferencia, puede apreciarse que el contribuyente reconoció y aceptó los hechos cuestionados oficialmente (e. g. la existencia de ingresos omitidos, o la improcedencia costos o gastos). (Subrayado fuera del texto)

El Tribunal consideró que la Administración trasladó indebidamente la carga de la prueba a la demandante y que los rechazos cuestionados adolecían de falsa motivación, por lo que acogió la pretensión de la demandante de incluir en la liquidación del impuesto el rubro por concepto de ingreso no constitutivo de renta.

En otros términos, a partir del cuestionamiento de la administración sobre la selección del método PC y la consecuente aplicación del método MTU, la demandante no allegó un análisis de comparabilidad que diera cuenta del cumplimiento del principio de plena competencia, en línea con los argumentos que solo alcanzó a esbozar frente a la selección de las comparables, teniendo en cuenta un análisis funcional apropiado a las circunstancias del caso y los ajustes que fueren procedentes.

En el presente asunto, la solicitud de aclaración y adición fue presentada dentro del término de ejecutoria de la sentencia, esto es, en la debida oportunidad legal, y en

esta el apoderado de los litisconsortes argumentó que se debe aclarar y/o complementar la sentencia porque, pese a que en auto del 22 de noviembre del 2022 se ordenó el reconocimiento de sus poderdantes como litisconsortes y en la parte considerativa se hizo alusión a ellos, en la parte resolutiva no se tuvo como parte dentro del restablecimiento del derecho.

De acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 1.3.1.12.24 del Decreto 1625 de 2016 (Decreto Único Reglamentario en materia tributaria), que reglamenta la exclusión del IVA prevista en el artículo 12 de la Ley 1715 de 2014, el contribuyente podrá solicitar la devolución del impuesto, cumpliendo con los requisitos generales establecidos en los artículos 1.6.1.21.13 y 1.6.1.25.7 del mismo decreto.

La solicitud deberá presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, conforme a lo previsto en el artículo 2536 del Código Civil, es decir, dentro de los cinco (5) años siguientes, contados a partir de la fecha de emisión de la factura de venta, según lo dispuesto en el artículo 1.6.1.21.22 del Decreto 1625 de 2016. La competencia para resolver la solicitud corresponde a la administración tributaria del domicilio del contribuyente.”

“(…) La DIAN únicamente se encuentra limitada a ejercer la facultad de fiscalización dentro del término de firmeza especial de que trata el artículo 689-3 del Estatuto Tributario —6 o 12 meses según el caso— cuando el contribuyente cumple con la totalidad de los requisitos para acceder al beneficio de auditoría. Por lo tanto, cuando se han declarado retenciones en la fuente inexistentes, el beneficio de auditoría se torna improcedente, lo cual conlleva la facultad de la DIAN de ejercer sus facultades de fiscalización e investigación dentro del término ordinario de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta, así como para expedir los actos tendientes a declarar el incumplimiento de los presupuestos que hacen viable el beneficio de auditoría, o la pérdida del mismo.”

Así mismo, el artículo 1606 del Código de Comercio, establece que la responsabilidad del transportador en el contrato de transporte de carga marítimo inicia cuando se recibe la carga y termina con su entrega al destinatario en el lugar convenido, a la empresa estibadora, o quien deba descargarlas, o a la aduana del puerto. Por lo tanto, los cobros asociados a la prestación de servicios en la que se incluyan cobros por sobreestadía no hacen parte del contrato de transporte marítimo y, por lo tanto, no se encuentran entre los servicios excluidos de IVA de conformidad con el artículo 476 del Estatuto Tributario.”

“Así las cosas, la interpretación realizada en el Concepto 048953 del 3 de julio de 2007, se encuentra vigente y se encuentra en consonancia con la normativa vigente y con la doctrina oficial reciente que sobre la firmeza de las declaraciones de IVA y retención ha proferido la DIAN.”

“En consecuencia, los términos de firmeza especial de las declaraciones de renta no modifican ni extienden el término general de firmeza aplicable a las declaraciones de retención en la fuente e impuesto sobre las ventas (IVA), de conformidad con los artículos 705, 705-1 y 714 del Estatuto Tributario y la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado.”

“Ante la inexistencia de una disposición legal que autorice la continuidad o transferencia del NIT global entre sociedades fiduciarias, resulta improcedente habilitar por vía doctrinal la conservación de los NIT globales previamente asignados a las fiduciarias escindentes. En ese orden de ideas, los patrimonios autónomos transferidos a la sociedad beneficiaria, con ocasión de la escisión parcial, se entenderán asociados al NIT global a ella asignado.”

“En consecuencia, no es necesario tramitar un nuevo NIT global para identificar los patrimonios autónomos administrados por la sociedad beneficiaria antes de la escisión y aquellos trasladados a ella por la (s) sociedad (es) escindente (s) con ocasión de esta.”

“Sin embargo, tratándose de aquellos patrimonios autónomos transferidos que cuenten con NIT individual, administrados – con posterioridad a la escisión parcial – por la sociedad beneficiaria, será necesario tramitar la actualización correspondiente, teniendo en cuenta que aquella será en adelante: su vocera y responsable ante la Administración Tributaria por el cumplimiento de los deberes mencionados.”

La DIAN precisó que la doctrina sobre contratos de obra ejecutados mediante estructuras fiduciarias está demandada ante el Consejo de Estado en el proceso de nulidad 11001-03-27-000-2023-00042-00 (28187), pero sigue vigente y aplicable mientras no exista sentencia que declare su nulidad.

La DIAN aclaró además que el reporte de información exógena de los establecimientos permanentes es un deber formal para cruces de información y controles fiscales, pero no constituye requisito sustancial para la procedencia ni deducibilidad de costos o gastos atribuibles al EP.

“No así, el porcentaje del costo de los derechos de registro del RGM, por concepto de la tasa fija y razonable que cubre los gastos de operación del registro, se encuentra excluida del IVA por expresa disposición del artículo 1.3.1.13.6 del Decreto No.1625 de 2016 – D.U.R.T.”

La DIAN agregó que corresponde a Confecámaras determinar qué porcentaje del pago de los derechos de registro del RGM constituye contraprestación del servicio, para determinar la base gravable y la tarifa aplicable del IVA en cada caso.

“Con base en lo anterior, se concluye que, en virtud del mandato, las notarías deberán expedir la factura de venta y/o el documento equivalente a nombre del mandatario. Bajo esta figura, el mandatario deberá discriminar en su contabilidad las operaciones realizadas con ocasión del contrato de mandato, garantizando el debido soporte de los costos, gastos e impuestos descontables que pudieran aplicarle para el mandante.”

El concepto indicó que, para efectos de dichos incentivos, las acciones o medidas de gestión eficiente de la energía deben realizarse a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2099 de 2021. Además, remitió al Concepto 063 de 2026 sobre procedimiento, término y documentos para solicitar devolución del IVA ante la DIAN.

También señaló que, para acceder al beneficio, consistente en deducir el 50% del valor total de las inversiones en un período de 15 años, el proyecto debe contar con certificación de la UPME.

La DIAN agregó que, en sociedades por acciones, basta la colocación y suscripción de acciones en reserva dentro del capital autorizado vigente; solo si el capital autorizado es insuficiente debe realizarse una reforma estatutaria.

Para efectos del artículo 640 del Estatuto Tributario, la verificación de la “misma conducta sancionable” debe realizarse de forma separada e independiente respecto de la declaración informativa, el informe local y el informe maestro.

Si un inversionista extranjero presenta varias declaraciones en un mismo año gravable, para la revisión integral del régimen de precios de transferencia el término del artículo 638 del E.T. puede contarse desde la última declaración presentada del mismo enajenante y año gravable, siempre que contenga asuntos de precios de transferencia.

Una vez agotado sin éxito ese procedimiento, el procedimiento amistoso o MAP puede servir como instrumento para que la autoridad competente colombiana gestione la correcta aplicación del CDI y, si corresponde, el reintegro mediante el mecanismo de devolución de pagos de lo no debido.

“En virtud de lo anterior, para efectos tributarios los integrantes de los consorcios y de las uniones temporales responderán de manera solidaria según la participación que cada miembro posea en el ente según lo establece el inciso 1 del artículo 794 del Estatuto Tributario, ello cuando la obligación tributaria objeto de determinación, discusión o cobro se derive de la propuesta y ejecución del contrato.”

La DIAN precisó que dichos activos deberán incluirse en la declaración anual de activos en el exterior cuando superen los umbrales previstos para este reporte.

Entre otros aspectos, precisó que la reducción del artículo 3 aplica a obligaciones en mora al 31 de diciembre de 2025 y a saldos insolutos de facilidades o acuerdos de pago vigentes al 13 de marzo de 2026, siempre que se cumplan los pagos exigidos dentro del plazo previsto.

También precisó que el beneficio no exige la preexistencia de un acto administrativo para considerar una obligación cambiaria “en discusión”, no requiere subsanar la obligación cambiaria incumplida, y que el escrito de acogimiento debía presentarse antes del 30 de abril de 2026, es decir, hasta el 29 de abril de 2026.

Estas responsabilidades se desarrollan de manera concurrente e integrada con las Normas de Aseguramiento de la Información incorporadas en el Anexo 4-2019 del Decreto Único Reglamentario – DUR 2420 de 2015, las cuales establecen los lineamientos técnicos para la planeación, ejecución y comunicación de los trabajos de aseguramiento, incluyendo la obtención de la evidencia, la evaluación de riesgos y la comunicación con los responsables del gobierno corporativo.”

Dado que la revisoría fiscal es un órgano de control independiente y no forma parte de la estructura administrativa de la entidad, no existe una obligación legal de incluirla dentro del organigrama. No obstante, desde una perspectiva de buenas prácticas de gobierno corporativo, puede resultar conveniente representar su existencia y sus canales de interacción con el máximo órgano social, evidenciando una relación de carácter funcional, directa y no subordinada.”